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LA INEFICACIA APLICABLE A LOS ACTOS REALIZADOS POR EL MANDATARIO CUYO MANDATO EXPIRÓ Y LA PROTECCIÓN DE LOS TERCEROS DE BUENA FE
El presente comentario revisa una sentencia emitida por la Corte Suprema en la cual se discutió acerca del tipo de ineficacia aplicable a los actos realizados por el mandatario cuyo mandato ha expirado, concluyendo aquella sentencia que correspondía declarar la nulidad absoluta por falta de voluntad y no la inoponibilidad de los actos. Al mismo tiempo, analiza la omisión que realiza la sentencia respecto de aplicar la protección que el art. 2173 del CC otorga a los terceros de buena fe. Finalmente contiene algunas proyecciones sobre el lugar que ocupa la nulidad y la inoponibilidad dentro de una teoría general de la ineficacia de los actos y/o contratos.
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EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN EL ÁMBITO DEL DERECHO PRIVADO: UNA APROXIMACIÓN GENERAL Y UNA PARTICULARIZACIÓN DESDE LA ÓPTICA DE LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES
El principio de proporcionalidad, arraigado en nociones de equilibrio y razonabilidad, se enfrenta a desafíos en el plano jurídico dada su formulación equívoca. En el derecho público, por regla general se utiliza para limitar la discrecionalidad del Estado y proteger los derechos de las personas mediante un triple examen de adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Tal análisis no puede ser trasladado sin más al derecho privado, sea porque podría terminar erosionando las lógicas de la autonomía privada, sea porque las relaciones entre particulares no se pueden calificar por la magnitud de la afectación de las políticas públicas respecto a los derechos fundamentales. Al contrario, se debe realizar una ponderación valorativa de los derechos asignados a cada parte, sea que dicho ejercicio lo haga ex ante el legislador o ex post el tribunal. Por ello se propone que, salvo que exista una reconducción expresa o implícita al sentido constitucional del principio, el balance entre los derechos de los particulares debe ser observado a partir de criterios que son propios del derecho privado, como las buenas costumbres y la buena fe. Para estos efectos, también se postula que en el derecho de consumo solo se observa una particularización de estas reglas, pero ello no resta que sus fundamentos pueden ser observados en otras relaciones de derecho privado, ahí donde se constate una debilidad de una de las partes, de modo que el principio de proporcionalidad, sustentado en ideas propias de la esfera iusprivatista, también sirve como un elemento corrector.
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LA CONVENIENCIA DE RESTRINGIR LAS CONSECUENCIAS DE LA DISTINCIÓN ENTRE OBLIGACIONES DE MEDIOS Y RESULTADO SOBRE LA FUNCIÓN Y PRUEBA DE LA CULPA DEL DEUDOR
La recepción de la distinción entre obligaciones de medios y de resultado en Derecho chileno ha dado lugar a importantes incertidumbres, especialmente en relación con la función y carga de la prueba de la culpa del deudor. En buena medida, estas incertidumbres pueden explicarse en la dificultad de conciliar la distinción con la diferencia impuesta por nuestro Derecho entre las etapas de obligación contractual y responsabilidad por incumplimiento. Luego de revisar la posición de la doctrina y jurisprudencia reciente, el presente trabajo propone una interpretación de la distinción que no requiere aceptar las consecuencias que frecuentemente se le atribuyen sobre la función y prueba de la culpa del deudor.