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Una mirada contemporánea a la revisión del contrato de suministro eléctrico ante eventos imprevistos
En este trabajo analizaremos el comportamiento intrínsicamente variable e imprevisto del mercado eléctrico chileno con relación a los contratos de suministro eléctrico, haciendo hincapié en la transformación que ha causado la entrada masiva de energías renovables no convencionales desde el año 2015. En este sentido, al alero de la teoría de la imprevisión y de las cláusulas de ajuste o revisión de precios, estudiaremos las posibilidades que tienen las partes contratantes de reajustar sus pactos conforme a las nuevas circunstancias sobrevinientes a su celebración.
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JUSTICIA DISTRIBUTIVA Y DERECHO CONTRACTUAL: SOBRE LA DIVISIÓN INSTITUCIONAL DEL TRABAJO EN PETER BENSON
El artículo aborda la defensa que hace Peter Benson de una DIT entre instituciones encargadas de llevar a cabo la justicia distributiva y el derecho contractual. Más precisamente, el artículo aborda dos de las tesis de Benson al respecto. La primera es la propia tesis de la DIT. Según esta tesis, es la propia justicia distributiva la que requiere una división del trabajo entre el derecho contractual y las instituciones encargadas de cumplir los mandatos distributivos. La segunda es la tesis de la aplicación indirecta, según la cual la DIT es compatible con la justicia distributiva aplicada indirectamente al derecho contractual. El artículo plantea objeciones a ambas tesis.
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INSTRUCCIONES NOTARIALES Y EL PAPEL DEL NOTARIO EN EL PAGO DEL PRECIO DE LA COMPRAVENTA
Una reciente sentencia de la Corte Suprema ofrece valiosas directrices en relación con el modo en que los notarios deben cumplir con las instrucciones que les imparten las partes de la compraventa para efectos de pagar el precio. El fallo hace especial énfasis en la falta de discrecionalidad del notario para determinar el alcance de las instrucciones, así como en su imposibilidad de intervenir en la distribución de riesgos libremente acordada por las partes. La Corte Suprema profundiza, asimismo, en la naturaleza jurídica de las instrucciones, haciéndoles aplicable las reglas del mandato. El comentario analiza críticamente estas materias a la luz de los objetivos prácticos que las instrucciones están llamadas a cumplir.
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LA BUENA FE CONTRACTUAL COMO NORMA JURÍDICA
La buena fe contractual tiene la forma de una cláusula general cuya aplicación presupone delegar en el juez la tarea de definir en concreto los deberes de comportamiento o efectos jurídicos que se derivan de la misma y que constituyen el contenido implícito del contrato. Para realizar esa tarea el juez debe efectuar una valoración de todas las circunstancias concretas a la luz de los valores y fines remitidos por la buena fe, de manera que su aplicación presupone la existencia y ejercicio de una potestad delegada, pero estrictamente dirigida, orientada a concretizar el estándar del contratante leal y honesto. La necesidad del derecho de contratos de contar con un instrumento de esa naturaleza radica en la falta de exhaustividad de sus normas, permitiendo la buena fe, primero, morigerar la aplicación puramente formal de la ley cuando en atención a circunstancias particulares esa aplicación lleva a resultados insatisfactorios y, segundo, hacerse cargo de las transformaciones sociales que inciden en la institución del contrato y que resultan imprevisibles para el legislador. La buena fe permite, de esta manera, la aplicación coherente y el desarrollo interno del derecho de contratos, de un modo que resulta consistente con los valores y fines que lo fundan.
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LAS CLÁUSULAS DE EXONERACIÓN Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD EN EL DERECHO ESPAÑOL
El presente trabajo analiza la cuestión de la validez de las cláusulas de exoneración y de limitación de responsabilidad, distinguiendo, según que se trate de cláusulas incluidas en contratos, exclusivamente sujetos al Código Civil, o, por el contrario, de cláusulas incorporadas a contratos, también sujetos a la legislación de protección de los consumidores. En particular, se analizan las cláusulas incluidas en los contratos de leasing, garaje y transporte de personas; así como las que suelen acompañar a algunos contratos bancarios, como son las que excluyen la responsabilidad de los bancos por pago de cheques falsos o por operaciones realizadas con tarjetas de crédito perdidas o sustraídas.