Resultados de la búsqueda
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Tres controversias de la Ley n.º 19496 en un solo caso: la aplicabilidad a las micro o pequeñas empresas; la independencia de la acción infraccional de la acción indemnizatoria y el plazo de caducidad de la garantía legal
Este trabajo pretende exponer tres temáticas que se han suscitado en el derecho del consumo a raíz de la aplicación de la Ley n.º 19496 por nuestros tribunales de justicia. En primer lugar, la aplicabilidad del estatuto tutelar por las micro y pequeñas empresa ante sus proveedores en virtud de la Ley n.º 20416. Segundo, la íntima dependencia o autonomía entre la responsabilidad infraccional y la indemnizatoria, en particular cuando operan las hipótesis que dan lugar a la garantía legal. Por último, el plazo de caducidad que caracteriza a la garantía legal en oposición a los plazos generales de prescripción consagrados en el art. 26 de la Ley n.º 19496.
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LA INFLUENCIA DEL DERECHO DE DAÑOS EN LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR FALTA DE SERVICIO
El presente artículo analiza la influencia del derecho de daños en la responsabilidad del Estado por falta de servicio desde la teoría de Peter Cane desarrollada en Tort Law and Public Functions. En este punto, la investigación analiza tres aspectos fundamentales: la estructura normativa en las relaciones de desigualdad jurídica, el rol del ideal igualitario en la responsabilidad estatal y el deber de indemnizar los daños causados por los agentes públicos. Primero, establece que la estructura normativa de la responsabilidad pública debe ser entendida en términos de justicia correctiva, puesto que existe una parte que debe corregir el daño ilegítimo causado por otra. Segundo, sostiene que la igualdad entre las partes funciona como criterio distributivo para contrarrestar la subordinación estatal ejercida sobre el administrado. Por último, contrasta los objetivos de la responsabilidad estatal y del derecho daños e identifica las razones generales por las cuales la Administración debería indemnizar los daños causados a los administrados.
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ACCIÓN COLECTIVA DE ACREEDORES FRENTE A LOS COSTOS DE EXTERNALIDAD Y OBSTRUCCIÓN
Este artículo busca relacionar dos temáticas que son relevantes para entender las alternativas procesales que surgen en la acción colectiva de los acreedores cuando se enfrentan los distintos acreedores persiguiendo el pago de sus acreencias respecto del patrimonio del deudor común. Al respecto, la legislación contempla distintas vías para encausar esa acción colectiva. Sin embargo, en el contexto de lo anterior, surgen dos clases de costos que afectan la obtención de un resultado eficiente, entendiendo por tal el escenario que minimiza los costos que asumen acreedores, deudor y el sistema de justicia para alcanzar un destino adecuado de los recursos del deudor. Se trata de los costos de externalidad y obstrucción. La forma en que aparecen esos costos en la legislación chilena y ciertas propuestas de solución, serán la materia principal de análisis en este trabajo.
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PRUEBA LEGAL Y BÚSQUEDA DE LA VERDAD: ¿ES POSIBLE INTERPRETAR LAS REGLAS PROBATORIAS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL CONFORME A UN PRINCIPIO PRO VERITATIS?
En este trabajo se aborda la tensión existente entre el sistema de prueba legal o tasada vigente en el CPC y la búsqueda de la verdad como finalidad primaria de la etapa probatoria. Ante la ausencia de una reforma procesal civil que subsane el desfase entre las estructuras normativas tradicionales y las exigencias epistémicas contemporáneas, se propone una interpretación de las normas probatorias conforme al propuesto principio pro veritatis. A través de un recorrido histórico, dogmático y normativo, es posible sostener que muchas de estas reglas conservan, en mayor o menor medida, una vocación epistémica que justifica su reinterpretación. En esa línea, se sugiere una relectura de las mismas que permita atenuar sus efectos más restrictivos y, al mismo tiempo, fortalecer la justicia de la decisión sobre una base fáctica verdadera y razonablemente probada.
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Exclusión del derecho de desistimiento en contratos en línea con consumidores en caso de bienes desprecintados tras la entrega, no aptos para ser devueltos por razones de protección de la salud o higiene
El derecho a desistir del contrato adquiere especial relevancia en la actualidad en la contratación de bienes y servicios entre empresarios y consumidores, en particular en la contratación en línea. En el ordenamiento jurídico español, tal derecho es reconocido en el real decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. No obstante, entre las exclusiones al ejercicio de este derecho, se contempla el caso del suministro de bienes precintados no aptos para ser devueltos por razones de protección de la salud o de higiene y que hayan sido desprecintados tras la entrega. En el presente trabajo analizamos los elementos de tal exclusión, ineptitud del bien para ser devuelto, características del “precinto”, así como la información que ha de aportarse al consumidor para que opere la exclusión, a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 27 de marzo de 2019, asunto C681/17, que admite el ejercicio por un consumidor del derecho de desistimiento en caso de compra en línea de un colchón que desprecinta para su prueba.