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ESTUDIO SOBRE LA APLICABILIDAD DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL COMO MEDIO DE TUTELA DEL DERECHO DE OBTENTOR EN CHILE
En el trabajo se aborda la falta de previsión de acciones civiles en defensa del derecho de obtentor en la Ley n.º 19342. Se analiza de forma crítica la aplicación de la acción reivindicatoria en favor del titular del derecho en esta materia, otorgándole la propiedad de las plantas reproducidas sin autorización. Se estudia la naturaleza del derecho de obtentor y la funcionalidad de las acciones para su defensa. Dicha naturaleza no se corresponde con un derecho de propiedad, sino con la facultad exclusiva de autorizar actos de propagación de la variedad. Ello se constata desde el trámite de aprobación de la ley vigente. No resulta adecuado aplicar a esta materia el derecho de autor y los derechos reales. Se postula que las lagunas existentes en la Ley n.º 19342 deben integrarse con el artículo 106 y concordantes de la Ley n.º 19039, dada la analogía de régimen jurídico con las patentes. Las notas explicativas de UPOV y la legislación proyectada en Chile sobre derechos de obtentor, señalan un régimen de acciones distinto a la acción reivindicatoria, pero coincidente con el previsto en la Ley de Propiedad Industrial.
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Constitución y propiedad intelectual: un nuevo marco para balancear la creación y acceso al conocimiento
La norma constitucional actual sobre propiedad intelectual (art. 19 n.° 25) es deficitaria porque es opaca respecto a los objetivos económicos y sociales de dicha especie de propiedad. Por ello y en atención al crecimiento de la economía de base intangible en el siglo xxi, resulta necesario y oportuno diseñar una nueva norma constitucional que no se remita de forma irreflexiva a la regla general sobre propiedad, de modo de reflejar el carácter instrumental de la propiedad intelectual, en tanto herramienta para solucionar la falla de mercado del “bien público” que afecta a los bienes que son su objeto (de carácter no-rival y no-excluible). Así, una nueva norma constitucional debería fundarse en la promesa de la propiedad intelectual, a saber: optimizar el equilibrio entre creación y acceso al conocimiento, proveyendo de ese modo un marco general para que el legislador, los organismos públicos y los adjudicadores puedan luego actualizar dicho equilibrio en consideración al estado de desarrollo del país. En el artículo se propone un texto de norma constitucional que puede ser justificado en términos ralwsianos, es decir, desde un escenario hipotético de “posición original”. Además, se explica que el texto propuesto no se agota en una mera declaración programática, enunciando así qué tipo de efectos concretos puede producir en el ordenamiento jurídico.
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El derecho de propiedad sobre los datos
En el mundo actual, los datos son uno de los recursos más valiosos de la economía digital. Sin embargo, no existe una regulación especial para determinar quién es su dueño, ni tampoco existe claridad sobre cómo conviven los distintos derechos sobre este recurso. Por consiguiente, en este artículo, se propone un análisis jurídico que distingue a los datos de su contenido, las bases y el conocimiento extraído a partir de técnicas y disciplinas, para identificar sobre qué bienes intangibles es posible ejercer un derecho real de dominio, conforme a lo dispuesto en la Constitución y las normas de derecho privado chileno. Se demostrará que, pese a que los datos no pueden ser objeto de un derecho de propiedad en los términos del Código Civil, su contenido, bases y estudios, sí pueden ser protegidos por otros tipos de derechos reconocidos en nuestra legislación.
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Daño material por expropiación, más allá del costo de reposición del bien expropiado. Comentario al caso Inmobiliaria Alameda S.A. con Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano, Corte Suprema, 2020
El presente trabajo comenta una sentencia de la Corte Suprema y discurre acerca del contenido de la indemnización expropiatoria, respecto del daño material; con la finalidad de constatar que este no queda restringido a la compensación económica por la pérdida del bien, sino que, en virtud de la regla constitucional, comprende también toda otra consecuencia patrimonial dañosa efectiva causada al propietario, a consecuencia directa e inmediata de la expropiación.
Así, en el caso de una expropiación parcial, además del costo de reposición del bien expropiado, la indemnización puede abarcar el costo del daño material ocasionado a las edificaciones existentes en la fracción no expropiada de un inmueble, en tanto se verifique como una consecuencia inmediata y directa de la expropiación, y la ulterior concreción de las obras que motivan el acto ablatorio.
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POSESIÓN Y RETENCIÓN: ¿HECHOS, DERECHOS O QUIMERAS?
En el Derecho colombiano, la posesión y la retención han sido objeto de diferentes calificaciones, ya como meros hechos jurídicos, ya como medios de defensa o, incluso, como verdaderos derechos patrimoniales. Más allá de las dificultades terminológicas, esta situación ha generado un verdadero problema de incertidumbre jurídica. A guisa de ejemplo nos podemos preguntar lo siguiente: ¿las dos instituciones gozan de una consagración general o especial?, ¿cuáles son sus condiciones de validez?, ¿ofrecen poderes directos sobre un bien?, ¿brindan alguna acción de defensa?, ¿pueden circular en el mercado?, entre otros tópicos.
A manera de introducción presentaremos
i. una justificación del ensayo
ii. y una primera aproximación a las dos instituciones, posesión y retención.
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LEGITIMACIÓN Y PUBLICIDAD REGISTRAL A PROPÓSITO DE LA INSCRIPCIÓN DE UNA SEPARACIÓN CONVENCIONAL DE BIENES
La Corte Suprema rechazó un recurso de casación en el fondo interpuesto para revertir la desestimación de una tercería de posesión. El fundamento de esa decisión consistió en que el acto de adjudicación de los derechos sobre un inmueble, como consecuencia de la liquidación de una comunidad derivada de una sociedad conyugal, y el pago de una compensación económica, por la cual una persona transfería el restante porcentaje de derechos a favor de su excónyuge, requerían un tratamiento diferenciado, distinguiéndolo del pacto de separación de bienes celebrado en el mismo instrumento. En concreto, la discusión se centró en la función de la inscripción conservatoria respecto de la adjudicación, que la tercerista estimaba que venía exigida de manera expresa por la ley, pero cuya procedencia resulta de las reglas generales que informan el sistema registral chileno, sin olvidar las particularidades del régimen de sociedad conyugal.