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Práctica jurisprudencial y determinación de la lex societatis de las sociedades de capital. Una perspectiva desde el derecho internacional privado español
La determinación de la ley aplicable a las personas jurídicas y de cada uno de
los aspectos vinculados a ellas como su “nacionalidad”, legitimación, capacidad
procesal o representación, entre otros, se basan en esencia en el art. 9.11 del
Código Civil español, para cuya concreción y aplicación ha sido clave la labor de interpretación del Tribunal Supremo. En el presente trabajo se realiza un estudio del ámbito de aplicación de dicha norma de conflicto, en especial, respecto de las sociedades de capital, en el contexto del derecho internacional privado español y basado en la revisión crítica de la jurisprudencia del alto tribunal. -
DIVORCIOS TRANSFRONTERIZOS Y COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL: LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO ESPAÑOL
Los divorcios internacionales son más numerosos cada día. En no pocas ocasiones existe un especial interés de las partes litigantes en presentar la demanda ante los tribunales de un determinado Estado, adquiriendo especial relevancia el fenómeno del forum shopping cuya finalidad es procurarse el foro más favorable, en particular en cuanto a la ley aplicable. En la actualidad en la Unión Europea la determinación de la competencia judicial relativa a divorcios internacionales se regula en el reglamento 2201/2003. Su artículo 3.º contiene un amplio número de foros al efecto. La aplicación de este reglamento ha relegado a un segundo plano la norma interna española contenida en el artículo 22 de la ley orgánica del poder judicial. El Tribunal Supremo ha resuelto controvertidas cuestiones en torno al referido instrumento y la determinación de la competencia judicial internacional de los tribunales españoles en materia de divorcio.
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La capacidad de ejercicio: un análisis crítico de las normas del Código Civil y la necesidad de su modernización, más allá de la interpretación del artículo 12 de la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad
Las normas sobre capacidad dispuestas en nuestro Código Civil y el sistema rígido y dicotómico que éstas amparan requieren de una actualización. En este trabajo pretendemos dar cuenta de la necesidad de revisar el sistema de capacidad de obrar vigente y su adecuación a la realidad (más allá de aquella interpretación sesgada del artículo 12 de la Convención y que prescinde de una lectura civil). Hoy existen mecanismos flexibles que permiten a toda persona, con o sin discapacidad, que presenta dificultades para el ejercicio de sus derechos, actuar válidamente en el ámbito jurídico. Tales modelos buscan promover el respeto, todo cuanto sea posible, de la autonomía de la voluntad, sin que ello implique ni la desprotección de sujetos que son por definición vulnerables, ni la caída del principio de certeza jurídica, ni tampoco una ventaja injusta que les favorezca de manera especial frente a otros contratantes. La reciente reforma del Código Civil español parece dar algunas luces de aquel equilibrio.