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ACERCA DEL CÓMPUTO DEL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN CONTRACTUAL
La regla de la exigibilidad para establecer el cómputo del plazo de la prescripción extintiva constituye la norma general en el derecho de las obligaciones. Su interpretación tradicional la asume como una cuestión sencilla, que hace coincidente el nacimiento de la obligación con la exigibilidad, cuya excepción es la obligación sujeta a plazo o condición suspensiva. La existencia del crédito y la acción para su ejecución o cumplimiento constituye el trazo esencial para su comprensión. Sin embargo, como demostraremos en este trabajo, ese entendimiento no es satisfactorio, al menos de una manera tradicional, para fijar el momento del inicio de la prescripción de la acción indemnizatoria derivada del incumplimiento del contrato. Razonaremos y concluiremos que la acción indemnizatoria por incumplimiento contractual no comienza a correr sin la manifestación del daño y el conocimiento o posibilidad de él de parte del acreedor.
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EL DIES A QUO EN LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO EN EL CÓDIGO CIVIL
Este trabajo defiende y justifica la tesis del cómputo del plazo de la prescripción extintiva de la acción indemnizatoria contractual desde el incumplimiento atendido lo dispuesto del art. 2514 del Código Civil, dado que la exigibilidad refiere a la prestación objeto del contrato. Ello es consistente con la existencia de una única acción por incumplimiento contractual a la que dan contenido los distintos remedios contractuales, incluida la indemnización de daños.
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LA ‘MANIFESTACIÓN EVIDENTE DEL DAÑO AMBIENTAL’ COMO REQUISITO DE LA ACCIÓN CIVIL INDEMNIZATORIA POR DAÑO AMBIENTAL
El presente trabajo analizamos uno de los presupuestos de la acción indemnizatoria por daño ambiental contemplada en el art. 63 de la Ley n.o 19300: la manifestación evidente del daño ambiental; aspecto que presenta dificultades en el ámbito de interpretación de categorías extrajurídicas como las representadas en la frase “manifestación evidente” utilizada en el texto legal. Esto provoca la necesidad de saber en qué medida esa representación fáctica denominada “manifestación del daño ambiental” puede constituir una limitante al momento de decidir un litigio en que se discuta la existencia del mismo. Las modificaciones legales posteriores (Ley n.o 20600, que crea los tribunales ambientales) no empecen el entendimiento de los conceptos que planteamos en el presente trabajo. Es más, sostenemos que el requisito de manifestación evidente no lo es respecto de la acción por daño ambiental que se regula en la Ley n.o 20600, sino que a la acción civil indemnizatoria del daño que sigue encontrándose incólume en la Ley n.o 19300. De hecho, las modificaciones introducidas al procedimiento en la primera ley citada, no perjudican el presente análisis.
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Tres controversias de la Ley n.º 19496 en un solo caso: la aplicabilidad a las micro o pequeñas empresas; la independencia de la acción infraccional de la acción indemnizatoria y el plazo de caducidad de la garantía legal
Este trabajo pretende exponer tres temáticas que se han suscitado en el derecho del consumo a raíz de la aplicación de la Ley n.º 19496 por nuestros tribunales de justicia. En primer lugar, la aplicabilidad del estatuto tutelar por las micro y pequeñas empresa ante sus proveedores en virtud de la Ley n.º 20416. Segundo, la íntima dependencia o autonomía entre la responsabilidad infraccional y la indemnizatoria, en particular cuando operan las hipótesis que dan lugar a la garantía legal. Por último, el plazo de caducidad que caracteriza a la garantía legal en oposición a los plazos generales de prescripción consagrados en el art. 26 de la Ley n.º 19496.
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vicios redhibitorios y la acción indemnizatoria por impericia profesional del artículo 1861
Este comentario analiza una reciente sentencia que declara la responsabilidad de un vendedor de un producto de alta complejidad cuyos defectos no fueron detectados a tiempo, para lo cual destaca el carácter autónomo de la acción indemnizatoria del art. 1861 respecto de las acciones edilicias y la imposibilidad de excluir el régimen de vicios redhibitorios sobre la base de la doctrina delaliud pro alio. Por otra parte, el comentario examina críticamente la determinación de la culpa del vendedor en razón de su profesión u oficio.