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Pena contractual por incumplimiento de la promesa de compraventa de inmueble
Este comentario analiza una reciente sentencia que declara nulo un contrato de cierre de negocios relativo a la venta de un departamento, por estimar que no cumple con los requisitos propios del contrato de promesa, al tiempo que descarta la procedencia del cobro de una cláusula penal de $40 000 000 en favor del vendedor, en cuanto daría lugar a un enriquecimiento sin causa. Se comenta tanto la fisonomía del contrato impugnado como los mecanismos disponibles para la moderación de la cláusula penal, los cuales pueden permitir una solución más equilibrada que aquella que ofrece el tribunal.
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Los efectos de la extinción de los saldos insolutos en el concurso sobre las garantías otorgadas por terceros
El presente trabajo analiza los efectos del descargue sobre las garantías otorgadas por terceros a favor del deudor insolvente (garantías exógenas).
La tesis defendida es que el descargue es un beneficio legal personalísimo otorgado al deudor insolvente, quien gozará de una excepción perentoria
para oponerse frente al cobro de cualquier saldo insoluto de una obligación nacida con anterioridad al inicio del procedimiento concursal. Esa excepción, dado su carácter personal, no beneficia al tercero garante. -
BASES PARA LA PRIVATIZACIÓN DEL DERECHO CONCURSAL
La “privatización del Derecho Concursal” es un concepto equívoco. No sólo da la idea de que hay un enfoque que atiende exclusivamente a los intereses particulares sino que despoja a la autoridad de toda forma de control. En este sentido, creemos necesario reconducir el término hasta entender que aquél implica una nueva jerarquización de los intereses implícitos ante el fenómeno de la insolvencia, situando la finalidad distributiva en el punto focal (subordinando a ella los demás fines del Derecho Concursal) y advirtiendo que serán los propios interesados (principalmente, los acreedores) quienes lograrán negociar un resultado más eficiente, medido en razón de la maximización de sus posibilidades de cobro. Entonces, el Derecho Concursal debe ser redimensionado a efectos de crear estructuras que permitan la coordinación de los derechos de crédito (únicas normas que, en tanto estructurales, deben ser imperativas) e incentivando el acuerdo, como paradigma de la autonomía negocial, por medio de la disminución de los costos de transacción y el tratamiento de las asimetrías informativas.