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EL DESASIMIENTO DEL TRIBUNAL COMO LÍMITE AL EJERCICIO DE LA POTESTAD JURISDICCIONAL
En el presente trabajo se analiza la sentencia pronunciada por la Corte Suprema con fecha 30 de abril de 2026, en la causa rol n.° 26.563-2024, sobre el alcance del desasimiento del tribunal y sus consecuencias sobre la competencia funcional de la Corte de Apelaciones al conocer un recurso de apelación. -
COMPETENCIA JUDICIAL Y LEY APLICABLE EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS AL AMBIENTE TRANSFRONTERIZOS: EL RÉGIMEN DE LA UNIÓN EUROPEA
Las normas de Derecho Internacional Privado en el contexto europeo han evolucionado considerablemente a partir de 1970. Aplicadas a los problemas de contaminación transfronteriza suponen una mayor protección de las personas y del ambiente porque contemplan la aplicación del principio favor laesi, que permite escoger el foro y la ley aplicable del lugar donde el daño se generó o se proyectó (produjo). Sin embargo, la directiva 2004/35/CE, que regula los daños ambientales o ecológicosper se, no contiene suficientes normas de Derecho Internacional Privado produciéndose diversos problemas con los reglamentos que disciplinan la competencia y la ley aplicable en los casos de responsabilidad civil extra contractual (respectivamente, Bruselas i y Roma ii). El presente artículo tiene por objeto identificar y exponer todas estas normas de manera ordenada para evidenciar los conflictos advertidos por la doctrina.
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Constitución y propiedad intelectual: un nuevo marco para balancear la creación y acceso al conocimiento
La norma constitucional actual sobre propiedad intelectual (art. 19 n.° 25) es deficitaria porque es opaca respecto a los objetivos económicos y sociales de dicha especie de propiedad. Por ello y en atención al crecimiento de la economía de base intangible en el siglo xxi, resulta necesario y oportuno diseñar una nueva norma constitucional que no se remita de forma irreflexiva a la regla general sobre propiedad, de modo de reflejar el carácter instrumental de la propiedad intelectual, en tanto herramienta para solucionar la falla de mercado del “bien público” que afecta a los bienes que son su objeto (de carácter no-rival y no-excluible). Así, una nueva norma constitucional debería fundarse en la promesa de la propiedad intelectual, a saber: optimizar el equilibrio entre creación y acceso al conocimiento, proveyendo de ese modo un marco general para que el legislador, los organismos públicos y los adjudicadores puedan luego actualizar dicho equilibrio en consideración al estado de desarrollo del país. En el artículo se propone un texto de norma constitucional que puede ser justificado en términos ralwsianos, es decir, desde un escenario hipotético de “posición original”. Además, se explica que el texto propuesto no se agota en una mera declaración programática, enunciando así qué tipo de efectos concretos puede producir en el ordenamiento jurídico.