Resultados de la búsqueda
Resultados de la búsqueda
-
SOBRE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA A PARTIR DEL DESEQUILIBRIO EN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Este comentario analiza las sentencias pronunciadas en virtud de una acción en protección del interés colectivo iniciada por el SERNAC destinada a declarar la abusividad de los términos y condiciones predispuestos en el sitio web de una plataforma de comercio electrónico, al cual los consumidores debían adherir al momento de realizar sus compras. El estudio se centra en el razonamiento, a la luz de los criterios establecidos en el artículo 16 letra g) de la ley n.º 19496, efectuado en las distintas instancias y por la Corte Suprema al examinar las cláusulas referidas al derecho de retracto, la formación del consentimiento en la contratación electrónica y las reglas sobre la competencia ante conflictos sufridos por los consumidores.
-
FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
Este trabajo analiza la situación jurídica de los consumidores en relación a la fiscalización de la actividad aseguradora, tanto en su dimensión económica como aquella de protección de los consumidores de seguros. Se realiza una síntesis de las normas relacionadas con la protección económica de los asegurados, para concentrarnos al tema que constituirá la parte medular de este trabajo, cual es la protección del asegurado o consumidor de seguros
-
NATURALEZA DE LA NULIDAD DE LAS CLÁUSULAS O ESTIPULACIONES ABUSIVAS EN CONTRATOS CELEBRADOS CON CONSUMIDORES O MICRO O PEQUEÑOS EMPRESARIOS. SOBRE LA CONSISTENCIA Y FUNCIONALIDAD DEL RÉGIMEN DE NULIDAD ABSOLUTA CONTEMPLADO EN EL CÓDIGO CIVIL
Luego de una exposición sintética de las dos principales tesis acerca de la naturaleza de la nulidad contemplada en la Ley n.° 19496 respecto de las cláusulas o estipulaciones abusivas, se examina si el régimen de nulidad absoluta exhibe las disfuncionalidades acusadas por parte de la doctrina. Se intenta mostrar que todas las objeciones a la consistencia y a la funcionalidad de la aplicación de dicho régimen son derrotables y que no justifican la construcción, por vía interpretativa, de un régimen especial. Se postula que el régimen de nulidad absoluta, rectamente entendido, no solo es funcional, sino que, además, es más protector que un pretendido, incompleto e incierto régimen especial.
-
Fitzpatrick, Brian T. (2019). The Conservative Case For Class Actions. Chicago: The University Of Chicago Press. 271 pp.
Esta ha sido una obra polémica en su país de origen. Como bien es sabido, en Estados Unidos el régimen de acciones colectivas desde hace muchos años ha sido objeto de un intenso debate y crítica. En dicho contexto fallos de la Corte Suprema estadounidense –en su mayoría conservadora– han dado inicio a su futura muerte, en especial en materia consumo. En este debate quienes de manera más fuerte han criticado esta herramienta procesal, haciendo un intenso lobby para su reforma e idealmente su supresión, ha sido la derecha republicana y el empresariado. Es por ello que el presente libro ha generado controversia, ya que es un republicano quien ha salido en defensa (moderada, por cierto) de las acciones colectivas.
-
ALGUNAS PRECISIONES EN TORNO A LA DEFENSA DE LOS INTERESES GENERALES Y DIFUSOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS
En el presente trabajo se analiza la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 2 de octubre de 2019, en la causa rol n° 2086-2018, caratulada “Servicio Nacional del Consumidor con Banco de Chile”, referida a la determinación de la competencia para conocer de las acciones interpuestas para velar por los intereses generales de los consumidores, a su diferencia con los intereses supraindividuales y sus mecanismos de protección.
-
EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN EL ÁMBITO DEL DERECHO PRIVADO: UNA APROXIMACIÓN GENERAL Y UNA PARTICULARIZACIÓN DESDE LA ÓPTICA DE LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES
El principio de proporcionalidad, arraigado en nociones de equilibrio y razonabilidad, se enfrenta a desafíos en el plano jurídico dada su formulación equívoca. En el derecho público, por regla general se utiliza para limitar la discrecionalidad del Estado y proteger los derechos de las personas mediante un triple examen de adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Tal análisis no puede ser trasladado sin más al derecho privado, sea porque podría terminar erosionando las lógicas de la autonomía privada, sea porque las relaciones entre particulares no se pueden calificar por la magnitud de la afectación de las políticas públicas respecto a los derechos fundamentales. Al contrario, se debe realizar una ponderación valorativa de los derechos asignados a cada parte, sea que dicho ejercicio lo haga ex ante el legislador o ex post el tribunal. Por ello se propone que, salvo que exista una reconducción expresa o implícita al sentido constitucional del principio, el balance entre los derechos de los particulares debe ser observado a partir de criterios que son propios del derecho privado, como las buenas costumbres y la buena fe. Para estos efectos, también se postula que en el derecho de consumo solo se observa una particularización de estas reglas, pero ello no resta que sus fundamentos pueden ser observados en otras relaciones de derecho privado, ahí donde se constate una debilidad de una de las partes, de modo que el principio de proporcionalidad, sustentado en ideas propias de la esfera iusprivatista, también sirve como un elemento corrector.