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¿ES POSIBLE APLICAR EL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO AL CONTRATO Y AL DERECHO DEL CONSUMO?
El presente artículo pretende justificar la aplicación del AED, tanto al derecho chileno de los contratos como al derecho del consumo, a través de los principios de buena fe y de protección del consumidor. Este trabajo pone de relevancia la aplicación del principio de eficiencia como un criterio relevante en materia de contrato y, sobre todo, con relación al derecho del consumo. A pesar de que la justificación de la aplicación del AED a los contratos y al derecho del consumo es la misma, su aplicación es diferente. De este modo, el AED se aplicaría al derecho contractual a través del principio de la buena fe o de la teoría de las cláusulas generales, reconociendo al principio de eficiencia como un principio contractual, y al derecho del consumo a través del principio proconsumidor.
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Defectos en la cosa arrendada que imposibilitan el goce. Corte suprema, 7 de julio de 2020, rol n°. 8.214-2018
Este comentario analiza una reciente sentencia que limita la obligación de entrega del arrendador a la puesta a disposición de una cosa que se conforme con la descripción y especificaciones acordadas, sin importar que presentara desde el comienzo tales defectos que hicieran imposible el goce del arrendatario. Esta solución contrasta con la doctrina y jurisprudencia de los últimos años, que a menudo ofrecen una interpretación amplia de las obligaciones del arrendador respecto a los defectos de la cosa arrendada. Sin embargo, la misma sentencia entrega elementos que permiten determinar en qué casos el arrendatario merece una tutela que vaya más allá de lo que literalmente se convino.
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SOBRE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA A PARTIR DEL DESEQUILIBRIO EN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Este comentario analiza las sentencias pronunciadas en virtud de una acción en protección del interés colectivo iniciada por el SERNAC destinada a declarar la abusividad de los términos y condiciones predispuestos en el sitio web de una plataforma de comercio electrónico, al cual los consumidores debían adherir al momento de realizar sus compras. El estudio se centra en el razonamiento, a la luz de los criterios establecidos en el artículo 16 letra g) de la ley n.º 19496, efectuado en las distintas instancias y por la Corte Suprema al examinar las cláusulas referidas al derecho de retracto, la formación del consentimiento en la contratación electrónica y las reglas sobre la competencia ante conflictos sufridos por los consumidores.
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COMPATIBILIDAD DE LA ACCIÓN RESOLUTORIA CON LA RESOLUCIÓN CONVENCIONAL
En este texto analizamos un problema jurídico relacionado con la resolución del contrato, la cual puede verificarse en modalidad judicial, que es su tratamiento legal tradicional, el que exige el ejercicio de acción resolutoria y aquella convencional, emanada del acuerdo de las partes bajo una cláusula dispuesta en el contrato. Acá defendemos la tesis de la compatibilidad de la acción resolutoria en la modalidad de resolución judicial, aunque se haya estipulado una cláusula resolutoria. La preferencia por la compatibilidad la basamos en asumir la resolución convencional como una potestad, disponible de manera unilateral para el acreedor, el cual puede por su mera voluntad decidir no ejercerla y optar por la acción resolutoria judicial, la cual se entiende incorporada a todo contrato bilateral, salvo cláusula expresa en contrario.
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Inexistencia y simulación
En el presente comentario se analiza la postura de la Corte Suprema, consistente en hacer lugar a la demanda de inexistencia de una compraventa simulada de derechos hereditarios. En este orden de ideas, se revisa si la inexistencia tiene o no lugar en el Código Civil, y si acaso es esta la sanción para los actos simulados.
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Compraventa de acciones celebrada por el director aparente de una corporación
El trabajo analiza una sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que rechazó una demanda de nulidad o inoponibilidad relativa a la compraventa de unas acciones. El vendedor, una corporación de Derecho privado, compareció a través de directores cuya elección fue más tarde anulada en sede electoral. La misma corporación, junto con uno de sus miembros, argumentó que faltó la voluntad de parte de la vendedora en el contrato, y que padeció objeto ilícito por infringirse una prohibición de celebrar actos y contratos sobre las acciones que, no obstante, al tiempo de la demanda había sido revocada. El análisis que presenta este comentario valida críticamente aquella decisión judicial, sobre la base del tratamiento que corresponde a los actos celebrados por directores aparentes y del alcance del objeto ilícito por violarse una prohibición de celebrar actos y contratos.