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NORMAS LEGALES SOBRE INTERPRETACIÓN DE CONTRATOS: ¿REGLAS O MEROS CONSEJOS?
Este texto aborda una vieja discusión que atañe a la dimensión pragmática de las normas sobre interpretación de contratos. Como hilo conductor recurrimos a un caso resuelto en forma discrepante por los tribunales de instancia y la Corte Suprema. De nuestro análisis se extrae que esas normas no serían reglas (en un sentido fuerte de obligatoriedad), ni meros consejos (en un sentido de permisos), sino que pertenecen a la clase de los estándares de interpretación, los cuales no fuerzan un resultado, pero imponen una carga de justificación, tanto si se utilizan o no. Esta forma de comprensión explica, prima facie, la facultad de la Corte Suprema de modificar decisiones en sede de casación en el fondo, e insta a profundizar respecto a lo que entendemos por infracción de ley y error.
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LA REAJUSTABILIDAD DE LA CONDENA JUDICIAL A UNA SUMA DE DINERO EN SEDE CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL. UN ANÁLISIS DOGMÁTICO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMA Y VALOR Y UN ESTUDIO EMPÍRICO DEL COMPORTAMIENTO JUDICIAL
El objetivo de este trabajo es explicar la asimetría de las decisiones judiciales relativas a la fecha del devengamiento de la reajustabilidad de la condena a una suma de dinero, ya sea que provenga de un incumplimiento contractual o de responsabilidad extracontractual usando conceptos dogmáticos y herramientas de la teoría del derecho. Sin fundarse en estos, la práctica judicial asume en la interpretación del derecho vigente las categorías de las obligaciones de suma y de valor y de estar obligado y ser responsable. Para ello se analizan setenta y una sentencias de casación de la Primera Sala de la Corte Suprema elegidas al azar y dictadas entre el 2008 y 2023. Todas condenan al pago de una suma de dinero, ya sea como indemnización de perjuicios (contractual o extracontractual) o a la devolución de dinero por sumas adeudadas, pero asumen diferentes criterios sobre la época del devengamiento del reajuste concedido. A pesar de la disparidad de criterios, existe, en términos gruesos, cierta uniformidad, la que es coherente con la dogmática que distingue entre obligaciones de suma y de valor. Este trabajo pretende mostrar que esa coherencia no es producto del azar, sino que la judicatura adopta decisiones que reflejan dichas categorías dogmáticas al interpretar el derecho. Se pretende colaborar con el desarrollo efectivo de una práctica de seguimiento de precedentes, imprescindible en un Estado de derecho, mostrando su necesidad y posibilidad.
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INFRASEGURO ILEGAL E INTERPRETACIÓN CONTRA PROFERENTEM DEL CONTRATO DE SEGURO
La presente sentencia de la Corte de Apelaciones de Coyhaique es relevante desde dos puntos de vista: por una parte, determina que no puede pactarse como parámetro para determinar una situación de infraseguro y la correspondiente aplicación de la regla proporcional el “valor de reposición” de la cosa asegurada en vez de su valor real, pues ello infringiría el sentido de la norma imperativa del art.553 del CCom; por otra, constituye una oportunidad de apreciar una situación de incompatibilidad de cláusulas, terreno de aplicación de la regla de interpretación contractual contra proferentem. En ambos casos, el tribunal considera la protección del asegurado de manera primordial para determinar el sentido de la ley del seguro.
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ACERCA DEL CÓMPUTO DEL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN CONTRACTUAL
La regla de la exigibilidad para establecer el cómputo del plazo de la prescripción extintiva constituye la norma general en el derecho de las obligaciones. Su interpretación tradicional la asume como una cuestión sencilla, que hace coincidente el nacimiento de la obligación con la exigibilidad, cuya excepción es la obligación sujeta a plazo o condición suspensiva. La existencia del crédito y la acción para su ejecución o cumplimiento constituye el trazo esencial para su comprensión. Sin embargo, como demostraremos en este trabajo, ese entendimiento no es satisfactorio, al menos de una manera tradicional, para fijar el momento del inicio de la prescripción de la acción indemnizatoria derivada del incumplimiento del contrato. Razonaremos y concluiremos que la acción indemnizatoria por incumplimiento contractual no comienza a correr sin la manifestación del daño y el conocimiento o posibilidad de él de parte del acreedor.
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LA CLÁUSULA DE CONTRATO COMPLETO O CLÁUSULA DE INTEGRIDAD EN EL DERECHO CONTRACTUAL CHILENO
Este trabajo trata sobre la cláusula de contrato completo en el derecho contractual chileno. Se sostiene que la cláusula de contrato completo tiene por función promover la certeza en los negocios jurídicos, al circunscribir con precisión los términos y condiciones del contrato fundados en la intención común de los contratantes. El efecto jurídico de la estipulación es limitar las declaraciones, promesas y acuerdos vinculantes de los contratantes a lo consignado en el texto del documento contractual, privando de valor para integrar el contrato a todas las declaraciones, acuerdos, promesas y comunicaciones de las partes preliminares y coetáneas a la suscripción de la convención. De manera adicional, se plantea que, a pesar de que su tenor pudiese inducir a asumir algo diferente, la cláusula de contrato completo no tiene incidencia alguna en la definición de los medios de interpretación, en la integración contractual, en la responsabilidad precontractual por declaraciones falsas y en las variaciones o modificaciones contractuales futuras. Por último, se sostiene que la estipulación resulta en general válida, salvo en la contratación con consumidores.
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Defectos en la cosa arrendada que imposibilitan el goce. Corte suprema, 7 de julio de 2020, rol n°. 8.214-2018
Este comentario analiza una reciente sentencia que limita la obligación de entrega del arrendador a la puesta a disposición de una cosa que se conforme con la descripción y especificaciones acordadas, sin importar que presentara desde el comienzo tales defectos que hicieran imposible el goce del arrendatario. Esta solución contrasta con la doctrina y jurisprudencia de los últimos años, que a menudo ofrecen una interpretación amplia de las obligaciones del arrendador respecto a los defectos de la cosa arrendada. Sin embargo, la misma sentencia entrega elementos que permiten determinar en qué casos el arrendatario merece una tutela que vaya más allá de lo que literalmente se convino.