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  • EL LITIGANTE APARENTE EN EL CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE CHILE A.G.

    Pablo Fuenzalida Cifuentes, Lucas Sierra Iribarren

    El artículo analiza, a la luz de la ética profesional de la abogacía, la conducta de un abogado que simula litigar a nombre propio en circunstancias que lo hace por el interés de un tercero, cuya identidad permanece oculta. Esta conducta es llamada litigación aparente y el abogado que la despliega, litigante aparente. Los CEP de 1948 y de 2011 no han condenado expresamente al litigante aparente, pero la jurisprudencia sí sobre la base de deberes generales (v.gr., el deber de honradez ante el tribunal). Existe una tendencia similar en el derecho comparado, por desviación del correcto actuar profesional. El derecho comparado muestra, además, que la identidad de la persona que acciona no está amparada por el deber de confidencialidad. El artículo comienza describiendo las reglas del CEP de 2011, que justifican la condena del litigante aparente. Luego, se refiere a las reglas del CEP de 1948 y la jurisprudencia que el Colegio de Abogados desarrolló al respecto. Después, aborda la litigación aparente en el derecho comparado. Finaliza considerando dos puntos adicionales: la posibilidad de que el litigante aparente esté cubierto por el deber de confidencialidad en Chile y si la legislación sobre comparecencia en juicio podría autorizar la litigación aparente.

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  • ENTRE LA RESERVA Y LA DIVULGACIÓN. LOS CONTORNOS DE LOS DEBERES DEL DIRECTORIO DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA RELATIVOS A LA INFORMACIÓN ACERCA DE OPERACIONES DE ADQUISICIÓN DE EMPRESAS

    José Ignacio Díaz Villalobos, Pablo Manterola Domínguez

    Este artículo examina los deberes de reserva y divulgación que pesan sobre los directores de sociedades anónimas abiertas en el contexto de una negociación para adquirir una empresa. Se analiza cómo estos deben equilibrar su obligación de confidencialidad basada en la necesidad de privilegiar el interés social, con las obligaciones de información al mercado, cuyo fundamento está en el interés público asociado al correcto funcionamiento del mercado de valores. El texto plantea que, mientras el deber general es la reserva de información para proteger el interés de los accionistas, existen excepciones en que debe informarse al público ciertos eventos, en contextos en que la tutela del mercado de valores derrota la general protección al interés social que orienta la actividad de los administradores, y que las contra excepciones de “hechos reservados” obedecen a riesgos calificados para el interés social, que exigen volver a la norma general de secreto.

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