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ACCIÓN COLECTIVA DE ACREEDORES FRENTE A LOS COSTOS DE EXTERNALIDAD Y OBSTRUCCIÓN
Este artículo busca relacionar dos temáticas que son relevantes para entender las alternativas procesales que surgen en la acción colectiva de los acreedores cuando se enfrentan los distintos acreedores persiguiendo el pago de sus acreencias respecto del patrimonio del deudor común. Al respecto, la legislación contempla distintas vías para encausar esa acción colectiva. Sin embargo, en el contexto de lo anterior, surgen dos clases de costos que afectan la obtención de un resultado eficiente, entendiendo por tal el escenario que minimiza los costos que asumen acreedores, deudor y el sistema de justicia para alcanzar un destino adecuado de los recursos del deudor. Se trata de los costos de externalidad y obstrucción. La forma en que aparecen esos costos en la legislación chilena y ciertas propuestas de solución, serán la materia principal de análisis en este trabajo.
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Tercería de prelación y prueba del hecho negativo. Corte Suprema, 3 de diciembre de 2019, rol n° 12.044-2019
En el presente trabajo se analiza la sentencia pronunciada por la Primera Sala de la Corte Suprema con fecha 3 de diciembre de 2019, en la causa rol n.° 12.044-2019, referida a la exigencia de aportación de prueba por parte del tercerista de prelación.
El fallo resulta de gran relevancia por cuanto la decisión considera que, sobre el tercerista de prelación, en su calidad de demandante, pesa la carga de probar que se cumplen los requisitos establecidos en el art. 2478 del Código Civil en afinidad con el art. 527 del Código de Procedimiento Civil. (...)
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IMPUTACIÓN EN EL ABANDONO DEL PROCEDIMIENTO E INTERPRETACIÓN DE SUS NORMAS
El trabajo analiza una sentencia pronunciada por la Corte Suprema en que el voto de mayoría, con ocasión de un recurso de casación en el fondo, calificó la notificación de la resolución que recibió la causa a prueba a una sola de las partes, como una gestión útil y apta para interrumpir el plazo de seis meses del art. 152 del Código de Procedimiento Civil que regula el abandono del procedimiento. En particular, se examinan los argumentos esgrimidos por el voto de mayoría, cuestionando: i) La invocación del principio pro actione como un motivo para interpretar restrictivamente las normas del abandono del procedimiento; ii) El empleo del criterio de supresión hipotética, en el análisis sobre la utilidad de una gestión; iii) El entendimiento de que un mayor número de partes en un proceso, representa una razón para sostener que no existe una exigencia legal de notificar a todas las partes la interlocutoria de prueba en un plazo de seis meses. Asimismo, se analizan las consecuencias que conllevaría sustentar la posición del voto de mayoría.
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CONFESIÓN JUDICIAL Y CARGA DE LA PRUEBA EN LA LEY N.º 20009, QUE LIMITA LA RESPONSABILIDAD DE PROVEEDORES DE LOS MEDIOS DE PAGO Y DE LOS USUARIOS
En el presente trabajo se analiza la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 6 de mayo de 2025, en la causa rol n.° 2737-2022, con origen en el Segundo Juzgado de Policía Local de Las Condes, referida a la determinación de la responsabilidad de los proveedores de los medios de pago en relación con eventuales fraudes contemplados en la Ley n.º 20009.
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Práctica jurisprudencial y determinación de la lex societatis de las sociedades de capital. Una perspectiva desde el derecho internacional privado español
La determinación de la ley aplicable a las personas jurídicas y de cada uno de
los aspectos vinculados a ellas como su “nacionalidad”, legitimación, capacidad
procesal o representación, entre otros, se basan en esencia en el art. 9.11 del
Código Civil español, para cuya concreción y aplicación ha sido clave la labor de interpretación del Tribunal Supremo. En el presente trabajo se realiza un estudio del ámbito de aplicación de dicha norma de conflicto, en especial, respecto de las sociedades de capital, en el contexto del derecho internacional privado español y basado en la revisión crítica de la jurisprudencia del alto tribunal. -
TRES LECTURAS DE LA BUENA FE PROCESAL
La buena fe es una pieza clave en la justicia. En este trabajo se bosquejan tres modos conceptualmente diversos de comprender la buena fe procesal en la litigación moderna: una tesis fuerte (contribuir a la justicia del caso), una tesis mínima (no litigar con dolo) y una tesis más que mínima (cumplir con ciertos deberes de colaboración y con las cargas procesales). Cada una de estas tesis entraña consecuencias disímiles para las partes, los terceros y para el propio juez. En este análisis se demuestra que la buena fe procesal entendida como un umbral más que mínimo es la que mejor se adapta a una litigación en que deben equilibrarse intereses privados y públicos. La determinación de cuál es el mejor reparto de las cargas y los deberes en cada clase de juicio es una tarea prioritaria (aunque no exclusiva) de la literatura procesal.