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EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN POR MUERTE DE LAS PAREJAS ESTABLES EN LOS ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
Los accidentes de circulación provocan anualmente muchas muertes y dejan víctimas con derecho a percibir una indemnización. De no ser porque estos accidentes están cubiertos por un seguro de responsabilidad civil de carácter obligatorio, se aplicarían las reglas generales que, en materia de responsabilidad extracontractual, han ido perfilando los tribunales de justicia, hacia la teoría de las indemnizaciones ex iure proprio. Pero el legislador ha considerado necesario controlar el excesivo importe de las indemnizaciones para abaratar los costos del seguro obligatorio y lo ha hecho mediante un insólito sistema: el establecimiento de un baremo vinculante que tasa no sólo las cuantías de las indemnizaciones sino, también, las personas con derecho a ser indemnizados. Estos “perjudicados tabulares” distan de constituir un conjunto claro y preciso de personas, sobre todo si tenemos en cuenta la vertiginosa evolución que, en España, ha sufrido la palabra ‘cónyuge’, después de las reformas del matrimonio por leyes 13/2005 y 15/2005, así como por el nuevo régimen autonómico de las parejas no casadas. En este trabajo hemos expuesto someramente el estado de estas cuestiones en el Derecho español, en sus tres vertientes implicadas en el problema: el Derecho de Daños, el Derecho de Seguros, y el Derecho de Familia.
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EL DIES A QUO EN LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO EN EL CÓDIGO CIVIL
Este trabajo defiende y justifica la tesis del cómputo del plazo de la prescripción extintiva de la acción indemnizatoria contractual desde el incumplimiento atendido lo dispuesto del art. 2514 del Código Civil, dado que la exigibilidad refiere a la prestación objeto del contrato. Ello es consistente con la existencia de una única acción por incumplimiento contractual a la que dan contenido los distintos remedios contractuales, incluida la indemnización de daños.
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Daño material por expropiación, más allá del costo de reposición del bien expropiado. Comentario al caso Inmobiliaria Alameda S.A. con Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano, Corte Suprema, 2020
El presente trabajo comenta una sentencia de la Corte Suprema y discurre acerca del contenido de la indemnización expropiatoria, respecto del daño material; con la finalidad de constatar que este no queda restringido a la compensación económica por la pérdida del bien, sino que, en virtud de la regla constitucional, comprende también toda otra consecuencia patrimonial dañosa efectiva causada al propietario, a consecuencia directa e inmediata de la expropiación.
Así, en el caso de una expropiación parcial, además del costo de reposición del bien expropiado, la indemnización puede abarcar el costo del daño material ocasionado a las edificaciones existentes en la fracción no expropiada de un inmueble, en tanto se verifique como una consecuencia inmediata y directa de la expropiación, y la ulterior concreción de las obras que motivan el acto ablatorio.
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CRITEROS DE AVALUACIÓN DEL DAÑO MORAL: UNA MIRADA A LA JURISPRUDENCIA CHILENA
El presente trabajo ofrece un diagnóstico crítico sobre los criterios utilizados por los tribunales chilenos para justificar la cuantía de la indemnización por daño moral. A partir del análisis de una serie de sentencias que reconocen este tipo de daño, se clasifican los fallos según el argumento central empleado por el tribunal al determinar el monto concedido, con independencia del evento lesivo que lo origina. Si bien dicha clasificación puede ser discutible en ciertos casos, por no resultar siempre claro cuál fue el razonamiento decisivo, se procura transparentar la selección mediante referencias cruzadas en nota al pie. Los criterios utilizados para la agrupación provienen inicialmente de la doctrina, y se fueron complementando con otros identificados durante el examen jurisprudencial. El estudio permite distinguir prácticas argumentativas consistentes con las reglas y principios de la responsabilidad civil, así como aquellas que los contravienen, lo que contribuye a esclarecer cuáles criterios resultan jurídicamente apropiados o deficientes.