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LA CLÁUSULA DE CONTRATO COMPLETO O CLÁUSULA DE INTEGRIDAD EN EL DERECHO CONTRACTUAL CHILENO
Este trabajo trata sobre la cláusula de contrato completo en el derecho contractual chileno. Se sostiene que la cláusula de contrato completo tiene por función promover la certeza en los negocios jurídicos, al circunscribir con precisión los términos y condiciones del contrato fundados en la intención común de los contratantes. El efecto jurídico de la estipulación es limitar las declaraciones, promesas y acuerdos vinculantes de los contratantes a lo consignado en el texto del documento contractual, privando de valor para integrar el contrato a todas las declaraciones, acuerdos, promesas y comunicaciones de las partes preliminares y coetáneas a la suscripción de la convención. De manera adicional, se plantea que, a pesar de que su tenor pudiese inducir a asumir algo diferente, la cláusula de contrato completo no tiene incidencia alguna en la definición de los medios de interpretación, en la integración contractual, en la responsabilidad precontractual por declaraciones falsas y en las variaciones o modificaciones contractuales futuras. Por último, se sostiene que la estipulación resulta en general válida, salvo en la contratación con consumidores.
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INTERPRETACIÓN DE CONTRATOS: ENTRE LITERALIDAD E INTENCIÓN
El art. 1560 del Código Civil concierne a la interpretación de contratos, del cual se sospecha que carece de operatividad. La estrategia para abordar el problema anunciado implica un análisis de su dimensión pragmática (¿para qué sirve dicha disposición?), para luego dar cuenta de su dimensión semántica (¿qué significa dicha disposición?). En tal sentido, se identifican distintas funciones: simbólica, técnica, definitoria e interpretativa. Tal estructura de análisis conduce a enfatizar, entre otras cosas,
i) la utilidad del art. 1560 para determinar qué es lo que los jueces deben interpretar (y no tanto, el cómo);
ii) los aportes de tal disposición para la comprensión de lo que debe entenderse por literalidad; y
iii) la atención que cabe prestar a las acciones intencionales (y no a los estados mentales) para enfrentar el arduo problema del conocimiento de la intención de los contratantes.