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Pena contractual por incumplimiento de la promesa de compraventa de inmueble
Este comentario analiza una reciente sentencia que declara nulo un contrato de cierre de negocios relativo a la venta de un departamento, por estimar que no cumple con los requisitos propios del contrato de promesa, al tiempo que descarta la procedencia del cobro de una cláusula penal de $40 000 000 en favor del vendedor, en cuanto daría lugar a un enriquecimiento sin causa. Se comenta tanto la fisonomía del contrato impugnado como los mecanismos disponibles para la moderación de la cláusula penal, los cuales pueden permitir una solución más equilibrada que aquella que ofrece el tribunal.
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Inexistencia y simulación
En el presente comentario se analiza la postura de la Corte Suprema, consistente en hacer lugar a la demanda de inexistencia de una compraventa simulada de derechos hereditarios. En este orden de ideas, se revisa si la inexistencia tiene o no lugar en el Código Civil, y si acaso es esta la sanción para los actos simulados.
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COMPATIBILIDAD DE LA ACCIÓN RESOLUTORIA CON LA RESOLUCIÓN CONVENCIONAL
En este texto analizamos un problema jurídico relacionado con la resolución del contrato, la cual puede verificarse en modalidad judicial, que es su tratamiento legal tradicional, el que exige el ejercicio de acción resolutoria y aquella convencional, emanada del acuerdo de las partes bajo una cláusula dispuesta en el contrato. Acá defendemos la tesis de la compatibilidad de la acción resolutoria en la modalidad de resolución judicial, aunque se haya estipulado una cláusula resolutoria. La preferencia por la compatibilidad la basamos en asumir la resolución convencional como una potestad, disponible de manera unilateral para el acreedor, el cual puede por su mera voluntad decidir no ejercerla y optar por la acción resolutoria judicial, la cual se entiende incorporada a todo contrato bilateral, salvo cláusula expresa en contrario.
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LEGITIMACIÓN Y PUBLICIDAD REGISTRAL A PROPÓSITO DE LA INSCRIPCIÓN DE UNA SEPARACIÓN CONVENCIONAL DE BIENES
La Corte Suprema rechazó un recurso de casación en el fondo interpuesto para revertir la desestimación de una tercería de posesión. El fundamento de esa decisión consistió en que el acto de adjudicación de los derechos sobre un inmueble, como consecuencia de la liquidación de una comunidad derivada de una sociedad conyugal, y el pago de una compensación económica, por la cual una persona transfería el restante porcentaje de derechos a favor de su excónyuge, requerían un tratamiento diferenciado, distinguiéndolo del pacto de separación de bienes celebrado en el mismo instrumento. En concreto, la discusión se centró en la función de la inscripción conservatoria respecto de la adjudicación, que la tercerista estimaba que venía exigida de manera expresa por la ley, pero cuya procedencia resulta de las reglas generales que informan el sistema registral chileno, sin olvidar las particularidades del régimen de sociedad conyugal.
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Constitución y propiedad intelectual: un nuevo marco para balancear la creación y acceso al conocimiento
La norma constitucional actual sobre propiedad intelectual (art. 19 n.° 25) es deficitaria porque es opaca respecto a los objetivos económicos y sociales de dicha especie de propiedad. Por ello y en atención al crecimiento de la economía de base intangible en el siglo xxi, resulta necesario y oportuno diseñar una nueva norma constitucional que no se remita de forma irreflexiva a la regla general sobre propiedad, de modo de reflejar el carácter instrumental de la propiedad intelectual, en tanto herramienta para solucionar la falla de mercado del “bien público” que afecta a los bienes que son su objeto (de carácter no-rival y no-excluible). Así, una nueva norma constitucional debería fundarse en la promesa de la propiedad intelectual, a saber: optimizar el equilibrio entre creación y acceso al conocimiento, proveyendo de ese modo un marco general para que el legislador, los organismos públicos y los adjudicadores puedan luego actualizar dicho equilibrio en consideración al estado de desarrollo del país. En el artículo se propone un texto de norma constitucional que puede ser justificado en términos ralwsianos, es decir, desde un escenario hipotético de “posición original”. Además, se explica que el texto propuesto no se agota en una mera declaración programática, enunciando así qué tipo de efectos concretos puede producir en el ordenamiento jurídico.
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Reconocimiento constitucional de niños, niñas y adolescentes y su impacto en la responsabilidad civil de los padres
Desde el posible reconocimiento constitucional de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como de la corresponsabilidad parental en una nueva Constitución chilena, abordaremos la recepción de dichos cambios en las normas de responsabilidad civil de los padres. En lo medular, sostendremos que el actual sistema de responsabilidad civil de los padres en el Código Civil chileno requiere un reemplazo de los criterios de subsidiariedad y habitabilidad, dando paso a la corresponsabilidad parental y la autonomía progresiva del niño, niña o adolescente, como elementos centrales para abordar la responsabilidad civil de los padres por los daños cometidos por sus hijos a la luz de una nueva Constitución.