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• ¿ES POSIBLE APLICAR EL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO AL CONTRATO Y AL DERECHO DEL CONSUMO?

  Rodrigo Barcia Lehmann

  El presente artículo pretende justificar la aplicación del AED, tanto al derecho chileno de los contratos como al derecho del consumo, a través de los principios de buena fe y de protección del consumidor. Este trabajo pone de relevancia la aplicación del principio de eficiencia como un criterio relevante en materia de contrato y, sobre todo, con relación al derecho del consumo. A pesar de que la justificación de la aplicación del AED a los contratos y al derecho del consumo es la misma, su aplicación es diferente. De este modo, el AED se aplicaría al derecho contractual a través del principio de la buena fe o de la teoría de las cláusulas generales, reconociendo al principio de eficiencia como un principio contractual, y al derecho del consumo a través del principio proconsumidor.

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• EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN EL ÁMBITO DEL DERECHO PRIVADO: UNA APROXIMACIÓN GENERAL Y UNA PARTICULARIZACIÓN DESDE LA ÓPTICA DE LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES

  Juan Luis Goldenberg Serrano

  El principio de proporcionalidad, arraigado en nociones de equilibrio y razonabilidad, se enfrenta a desafíos en el plano jurídico dada su formulación equívoca. En el derecho público, por regla general se utiliza para limitar la discrecionalidad del Estado y proteger los derechos de las personas mediante un triple examen de adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Tal análisis no puede ser trasladado sin más al derecho privado, sea porque podría terminar erosionando las lógicas de la autonomía privada, sea porque las relaciones entre particulares no se pueden calificar por la magnitud de la afectación de las políticas públicas respecto a los derechos fundamentales. Al contrario, se debe realizar una ponderación valorativa de los derechos asignados a cada parte, sea que dicho ejercicio lo haga ex ante el legislador o ex post el tribunal. Por ello se propone que, salvo que exista una reconducción expresa o implícita al sentido constitucional del principio, el balance entre los derechos de los particulares debe ser observado a partir de criterios que son propios del derecho privado, como las buenas costumbres y la buena fe. Para estos efectos, también se postula que en el derecho de consumo solo se observa una particularización de estas reglas, pero ello no resta que sus fundamentos pueden ser observados en otras relaciones de derecho privado, ahí donde se constate una debilidad de una de las partes, de modo que el principio de proporcionalidad, sustentado en ideas propias de la esfera iusprivatista, también sirve como un elemento corrector.

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• EXPANSIÓN Y LÍMITES DE LA BUENA FE OBJETIVA – A PROPÓSITO DEL “PROYECTO DE PRINCIPIOS LATINOAMERICANOS DE DERECHO DE LOS CONTRATOS”

  Cristóbal Eyzaguirre Baeza, Javier Rodríguez Diez

  La buena fe es un concepto jurídico en progresiva expansión, como se aprecia en el texto del Proyecto de Principios Latinoamericanos de Derecho de los Contratos. Sin embargo, los difusos contornos de este principio exigen proceder con cautela al aplicarlo. El presente trabajo describe las principales funciones que cumple la buena fe en los ordenamientos jurídicos modernos a la luz de su evolución histórica reciente, y propone los límites que deben observarse al consagrarla legalmente y aplicarla en la práctica, a fin de evitar su utilización abusiva.

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• LA RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO, LA EXCEPTIO NON RITE ADIMPLETI CONTRACTUS Y LAS CLÁUSULAS EXONERATIVAS DE RESPONSABILIDAD A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE BUENA FE (CORTE SUPREMA, 31 DE MARZO DE 2003, EN LEXISNEXIS Nº 26369).

  Alejandra Aguad Deik

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• POR UNA CORRECTA APLICACIÓN DE LA DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS

  Ricardo Andrés Padilla Parot

  El presente trabajo tiene por finalidad exponer la creciente acogida que ha tenido la doctrina de los actos propios en los fallos de nuestros tribunales; lo que la ha transformado, sin duda, en una tendencia jurisprudencial. Sin embargo, este explosivo uso de la institución ha sido realizado de forma irreflexiva; se echa en falta, aun en los razonamientos de las Cortes de Apelaciones y Suprema, un verdadero estudio acerca de su determinación, fundamento y límites. Para efectos de demostrar lo anterior, se analizan diversas sentencias de los máximos tribunales, los que son contrastados con los requisitos que la civilística más autorizada exige para su real y correcta aplicación, haciendo posible, de esta manera, dar cuenta de sus yerros y aciertos.

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