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FE PÚBLICA REGISTRAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CHILENO. CONSIDERACIONES SOBRE SU EXISTENCIA Y VIGENCIA
La fe pública registral es un principio de extenso reconocimiento en el derecho inmobiliario registral. Su existencia y vigencia, sin embargo, no son plenamente aceptadas. Es más, se plantea que su ausencia sería coherente con el sistema de adquisición del dominio establecido. Este trabajo argumenta que el principio existe en Chile y tiene vigencia, y que tanto esta como una eventual incorporación mediante norma expresa no son, necesariamente, incoherentes con el sistema dominical vigente.
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TRES LECTURAS DE LA BUENA FE PROCESAL
La buena fe es una pieza clave en la justicia. En este trabajo se bosquejan tres modos conceptualmente diversos de comprender la buena fe procesal en la litigación moderna: una tesis fuerte (contribuir a la justicia del caso), una tesis mínima (no litigar con dolo) y una tesis más que mínima (cumplir con ciertos deberes de colaboración y con las cargas procesales). Cada una de estas tesis entraña consecuencias disímiles para las partes, los terceros y para el propio juez. En este análisis se demuestra que la buena fe procesal entendida como un umbral más que mínimo es la que mejor se adapta a una litigación en que deben equilibrarse intereses privados y públicos. La determinación de cuál es el mejor reparto de las cargas y los deberes en cada clase de juicio es una tarea prioritaria (aunque no exclusiva) de la literatura procesal.
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EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN EL ÁMBITO DEL DERECHO PRIVADO: UNA APROXIMACIÓN GENERAL Y UNA PARTICULARIZACIÓN DESDE LA ÓPTICA DE LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES
El principio de proporcionalidad, arraigado en nociones de equilibrio y razonabilidad, se enfrenta a desafíos en el plano jurídico dada su formulación equívoca. En el derecho público, por regla general se utiliza para limitar la discrecionalidad del Estado y proteger los derechos de las personas mediante un triple examen de adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Tal análisis no puede ser trasladado sin más al derecho privado, sea porque podría terminar erosionando las lógicas de la autonomía privada, sea porque las relaciones entre particulares no se pueden calificar por la magnitud de la afectación de las políticas públicas respecto a los derechos fundamentales. Al contrario, se debe realizar una ponderación valorativa de los derechos asignados a cada parte, sea que dicho ejercicio lo haga ex ante el legislador o ex post el tribunal. Por ello se propone que, salvo que exista una reconducción expresa o implícita al sentido constitucional del principio, el balance entre los derechos de los particulares debe ser observado a partir de criterios que son propios del derecho privado, como las buenas costumbres y la buena fe. Para estos efectos, también se postula que en el derecho de consumo solo se observa una particularización de estas reglas, pero ello no resta que sus fundamentos pueden ser observados en otras relaciones de derecho privado, ahí donde se constate una debilidad de una de las partes, de modo que el principio de proporcionalidad, sustentado en ideas propias de la esfera iusprivatista, también sirve como un elemento corrector.
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LEGITIMACIÓN Y PUBLICIDAD REGISTRAL A PROPÓSITO DE LA INSCRIPCIÓN DE UNA SEPARACIÓN CONVENCIONAL DE BIENES
La Corte Suprema rechazó un recurso de casación en el fondo interpuesto para revertir la desestimación de una tercería de posesión. El fundamento de esa decisión consistió en que el acto de adjudicación de los derechos sobre un inmueble, como consecuencia de la liquidación de una comunidad derivada de una sociedad conyugal, y el pago de una compensación económica, por la cual una persona transfería el restante porcentaje de derechos a favor de su excónyuge, requerían un tratamiento diferenciado, distinguiéndolo del pacto de separación de bienes celebrado en el mismo instrumento. En concreto, la discusión se centró en la función de la inscripción conservatoria respecto de la adjudicación, que la tercerista estimaba que venía exigida de manera expresa por la ley, pero cuya procedencia resulta de las reglas generales que informan el sistema registral chileno, sin olvidar las particularidades del régimen de sociedad conyugal.