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SOBRE LA POSIBILIDAD DE STAKEHOLDERS DE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE CLÁUSULAS SOSTENIBLES CONTENIDAS EN CONTRATOS ENTRE AGENTES EMPRESARIALES
Las empresas incorporan cláusulas de sostenibilidad en la contratación comercial con otras organizaciones empresariales, de forma de implementar la responsabilidad social de largo plazo en las operaciones de negocios. Estas estipulaciones no otorgan poder coercitivo suficiente para su exigibilidad y, además, hacen referencia a terceros ajenos (stakeholders) que se pueden ver afectados por la operación mercantil. Este trabajo tiene por objetivo reinterpretar la estipulación a favor de un tercero y la oponibilidad del contrato a las partes por terceros para dotar de eficacia a las cláusulas sostenibles respecto de quienes no son parte del acuerdo, pero se ven favorecidos por su observancia. Conforme con ello, la hipótesis de esta investigación es que es posible que los stakeholders, como beneficiarios de las cláusulas contractuales que se incorporan en materia de sostenibilidad empresarial, exijan el cumplimiento de las obligaciones contenidas en ellas, porque permite lograr el fin del contrato o, bien, la reparación de los daños en tanto se les reconoce un interés legítimo en su cumplimiento.
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BASES PARA LA PRIVATIZACIÓN DEL DERECHO CONCURSAL
La “privatización del Derecho Concursal” es un concepto equívoco. No sólo da la idea de que hay un enfoque que atiende exclusivamente a los intereses particulares sino que despoja a la autoridad de toda forma de control. En este sentido, creemos necesario reconducir el término hasta entender que aquél implica una nueva jerarquización de los intereses implícitos ante el fenómeno de la insolvencia, situando la finalidad distributiva en el punto focal (subordinando a ella los demás fines del Derecho Concursal) y advirtiendo que serán los propios interesados (principalmente, los acreedores) quienes lograrán negociar un resultado más eficiente, medido en razón de la maximización de sus posibilidades de cobro. Entonces, el Derecho Concursal debe ser redimensionado a efectos de crear estructuras que permitan la coordinación de los derechos de crédito (únicas normas que, en tanto estructurales, deben ser imperativas) e incentivando el acuerdo, como paradigma de la autonomía negocial, por medio de la disminución de los costos de transacción y el tratamiento de las asimetrías informativas.