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Mostrando del 25 al 30 que coinciden con la frase Private Law.

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  • BASES PARA LA PRIVATIZACIÓN DEL DERECHO CONCURSAL

    Juan Luis Goldenberg Serrano

    La “privatización del Derecho Concursal” es un concepto equívoco. No sólo da la idea de que hay un enfoque que atiende exclusivamente a los intereses particulares sino que despoja a la autoridad de toda forma de control. En este sentido, creemos necesario reconducir el término hasta entender que aquél implica una nueva jerarquización de los intereses implícitos ante el fenómeno de la insolvencia, situando la finalidad distributiva en el punto focal (subordinando a ella los demás fines del Derecho Concursal) y advirtiendo que serán los propios interesados (principalmente, los acreedores) quienes lograrán negociar un resultado más eficiente, medido en razón de la maximización de sus posibilidades de cobro. Entonces, el Derecho Concursal debe ser redimensionado a efectos de crear estructuras que permitan la coordinación de los derechos de crédito (únicas normas que, en tanto estructurales, deben ser imperativas) e incentivando el acuerdo, como paradigma de la autonomía negocial, por medio de la disminución de los costos de transacción y el tratamiento de las asimetrías informativas.

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  • EL INCREMENTO DEL RIESGO COMO CRITERIO COMPLEMENTARIO A LA CREACIÓN DEL RIESGO NO PERMITIDO EN EL ANÁLISIS DE LA CAUSALIDAD EN LAS OMISIONES EN CONTEXTOS MÉDICO-SANITARIOS

    Renzo Munita Marambio

    En este trabajo, enfocado en cuestiones vinculadas a la responsabilidad médica y sanitaria, se pretende analizar el tratamiento de la causalidad en las omisiones desde el postulado relativo a que, en estos casos, la culpa en clave de creación de un riesgo no permitido se identifica con la aproximación normativa de causalidad. Sin perjuicio de lo anterior, dicha proyección intelectual de culpa y en consecuencia de causalidad en el contexto omisivo, es susceptible de contestarse a través de otras aproximaciones. En tal sentido, se propone abordar el criterio de imputación objetiva denominado incremento de riesgo (también conocido como conducta alternativa lícita). Se considera que el referido concepto resulta útil en contextos en los que la omisión culpable no puede ser tenida como la generadora del daño, por cuanto de no haberse omitido el comportamiento bajo cuestionamiento, de todas formas, el agravio hubiera tenido lugar. De aquí entonces, que la creación de riesgos no permitidos pueda ser tenido como una presunción de causalidad susceptible de razonamientos contradictorios defendibles.

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  • CONTRATOS CONEXOS EN LA EXPERIENCIA JURÍDICA ITALIANA. NOTAS PARA UNA RECEPCIÓN EN EL DERECHO CHILENO

    Diego Ojeda Soto
    Durante las últimas décadas, los contratos conexos han suscitado un creciente interés en el derecho chileno. En cambio, bajo la denominación de “contratos coligados” o “coligamiento negocial”, han sido estudiados en Italia por prácticamente un siglo. Se propone que un atento análisis de los nudos críticos en el debate dogmático italiano puede revelar nuevas perspectivas para el estudio de la conexión contractual en Chile. Dado que la doctrina italiana ha forjado esta figura a partir de instituciones también presentes en el derecho privado chileno, tales como: la libertad contractual, la causa o la nulidad parcial, una apropiada aplicación del método comparado puede aportar argumentos novedosos a la discusión jurídica en Chile.
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  • ACCIÓN COLECTIVA DE ACREEDORES FRENTE A LOS COSTOS DE EXTERNALIDAD Y OBSTRUCCIÓN

    Nicolás Ignacio Ariel Carrasco Delgado

    Este artículo busca relacionar dos temáticas que son relevantes para entender las alternativas procesales que surgen en la acción colectiva de los acreedores cuando se enfrentan los distintos acreedores persiguiendo el pago de sus acreencias respecto del patrimonio del deudor común. Al respecto, la legislación contempla distintas vías para encausar esa acción colectiva. Sin embargo, en el contexto de lo anterior, surgen dos clases de costos que afectan la obtención de un resultado eficiente, entendiendo por tal el escenario que minimiza los costos que asumen acreedores, deudor y el sistema de justicia para alcanzar un destino adecuado de los recursos del deudor. Se trata de los costos de externalidad y obstrucción. La forma en que aparecen esos costos en la legislación chilena y ciertas propuestas de solución, serán la materia principal de análisis en este trabajo.

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  • LAS FACULTADES DEL JUEZ EN EL CONTROL DEL PROCEDIMIENTO COMO GARANTÍA DEL PRINCIPIO PRO ACTIONE

    Maite Aguirrezabal Grünstein

    En el presente trabajo se analiza una sentencia pronunciada por la Corte Suprema, referida a la importancia de la función que cumple el órgano jurisdiccional en el control de la corrección del procedimiento como una forma de garantizar el debido proceso.

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  • Daños punitivos, especialmente para proteger el interés colectivo o difuso de los consumidores

    Gabriel Hernández Paulsen, Matías Ponce Márquez

    En este trabajo se estudian de manera crítica los daños punitivos regulados por la ley n.º 19496, con el objetivo de detectar y evaluar tanto los aspectos positivos como los cuestionables de su reglamentación en el marco de la protección de los consumidores. Ello, empleando una metodología dogmática fundada en la normativa, bibliografía y jurisprudencia nacional y extranjera, que permite analizar de modo cualitativo tales fuentes en orden a presentar y elaborar la hipótesis, las reflexiones y las conclusiones. En los apartados i y ii se formula un marco teórico representado por una aproximación a los daños punitivos sobre la base de antecedentes nacionales y foráneos, a través del estudio específico de su naturaleza y función, y de su procedencia en Chile, en virtud de la revisión de las discusiones al respecto, en particular, en cuanto a los supuestos problemas de constitucionalidad a que darían lugar y el carácter reparatorio de la responsabilidad civil. La hipótesis central es que la regulación de los daños punitivos en la indicada ley es positiva al contribuir a sancionar, disuadir y prevenir conductas graves de los proveedores, pero cuestionable respecto de la reglamentación de su cuantificación; aspectos que se desarrollan en el acápite iii.

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