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las acciones posesorias ordinarias y el concepto de posesión en el Código Civil
La Corte Suprema acogió un recurso de casación en el fondo y dio lugar a una querella de restitución a favor de la dueña de un inmueble, que solicitaba se le restituyese el uso de un pasaje aledaño a su propiedad y que pertenecía en común a todos los vecinos que colindaban con él. Sobre dicho pasaje existía una servidumbre de tránsito que gravaba el bien común y estaba establecida en beneficio de los vecinos copropietarios. La Corte consideró que la querella de restitución busca recuperar la tenencia material de un bien raíz inscrito de la que ha sido despojado el demandante. Con votación dividida, se rechazó la indemnización de perjuicios solicitada por la querellante, por no estar probados los daños reclamados.
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La individualización del bien raíz que se reivindica y el señalamiento registral de sus linderos. Corte Suprema, sentencia de 13 de agosto de 2020, rol n.º 5837-2019, WESTLAW CL/JUR/76099/2020
La Corte Suprema acogió un recurso de casación en el fondo, por estimar que el retazo de terreno que se reivindicaba estaba suficientemente individualizado con el croquis acompañado por el demandante y preparado por un ingeniero agrimensor. Ese dibujo había sido confeccionado a partir de los deslindes señalados en la inscripción conservatoria, y el levantamiento fue corroborado en el lugar al efectuar la inspección personal del tribunal. La utilización de varas como medida para delimitar los linderos no obsta a la correcta singularización del inmueble reclamado.
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EL DESASIMIENTO DEL TRIBUNAL COMO LÍMITE AL EJERCICIO DE LA POTESTAD JURISDICCIONAL
En el presente trabajo se analiza la sentencia pronunciada por la Corte Suprema con fecha 30 de abril de 2026, en la causa rol n.° 26.563-2024, sobre el alcance del desasimiento del tribunal y sus consecuencias sobre la competencia funcional de la Corte de Apelaciones al conocer un recurso de apelación. -
LA INEFICACIA APLICABLE A LOS ACTOS REALIZADOS POR EL MANDATARIO CUYO MANDATO EXPIRÓ Y LA PROTECCIÓN DE LOS TERCEROS DE BUENA FE
El presente comentario revisa una sentencia emitida por la Corte Suprema en la cual se discutió acerca del tipo de ineficacia aplicable a los actos realizados por el mandatario cuyo mandato ha expirado, concluyendo aquella sentencia que correspondía declarar la nulidad absoluta por falta de voluntad y no la inoponibilidad de los actos. Al mismo tiempo, analiza la omisión que realiza la sentencia respecto de aplicar la protección que el art. 2173 del CC otorga a los terceros de buena fe. Finalmente contiene algunas proyecciones sobre el lugar que ocupa la nulidad y la inoponibilidad dentro de una teoría general de la ineficacia de los actos y/o contratos.
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LOS ALCANCES DEL EXAMEN DE ADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA COLECTIVA Y EL DERECHO DE DEFENSA DE LAS PARTES
En el presente trabajo se analiza la sentencia pronunciada por la Corte Suprema con fecha 1 de octubre de 2024, en la causa rol n.° 20.625-2024 caratulada “Conadecus con Santander Consumer Finance y otros”, referida a los requisitos con los que debe cumplir la demanda colectiva para ser declarada admisible, y cuáles son los alcances del examen de su admisibilidad y sus efectos en el derecho de defensa de las partes.
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DE NUEVO SOBRE EL ART. 2332 DEL CC Y EL DIES A QUO DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL
Este comentario analiza la sentencia de la Corte Suprema que retorna a la antigua interpretación literal del art. 2332 del CC, determinando que el plazo de prescripción de la acción de la responsabilidad civil extracontractual se computa desde “la perpetración del acto” y no desde el daño, su manifestación o conocimiento por la víctima. Se demuestra que, para resolver el caso en el mismo sentido, esto es, para declarar prescrita la acción, no era necesario recurrir a la abandonada interpretación, sino que bastaba con constatar que el daño se había producido de forma simultánea con el hecho causal, de modo que la genuina discusión radicaba en determinar si era necesario que la víctima tomara conocimiento del ilícito para dar inicio al cómputo del plazo de prescripción.