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EL INICIO DEL CÓMPUTO DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA EN EL DERECHO SUCESORIO
Las reglas generales en materia de inicio del cómputo del plazo se encuentran en los arts. 2514 y 2515 del Código Civil. A partir de la lectura de esas dos disposiciones el inicio del plazo de prescripción se cuenta desde que la obligación se hace exigible, siguiendo un criterio objetivo. Dicho principio no es necesariamente aplicable en la prescripción de las acciones en el derecho sucesorio, toda vez que, en dicha disciplina, para que comience a correr un plazo de prescripción se requiere de la apertura de la sucesión, que se produce con la muerte real o presunta del causante, seguido de la delación de la asignación, según se justificará con ciertas y determinadas acciones en este ámbito específico.
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ESTUDIO SOBRE LA APLICABILIDAD DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL COMO MEDIO DE TUTELA DEL DERECHO DE OBTENTOR EN CHILE
En el trabajo se aborda la falta de previsión de acciones civiles en defensa del derecho de obtentor en la Ley n.º 19342. Se analiza de forma crítica la aplicación de la acción reivindicatoria en favor del titular del derecho en esta materia, otorgándole la propiedad de las plantas reproducidas sin autorización. Se estudia la naturaleza del derecho de obtentor y la funcionalidad de las acciones para su defensa. Dicha naturaleza no se corresponde con un derecho de propiedad, sino con la facultad exclusiva de autorizar actos de propagación de la variedad. Ello se constata desde el trámite de aprobación de la ley vigente. No resulta adecuado aplicar a esta materia el derecho de autor y los derechos reales. Se postula que las lagunas existentes en la Ley n.º 19342 deben integrarse con el artículo 106 y concordantes de la Ley n.º 19039, dada la analogía de régimen jurídico con las patentes. Las notas explicativas de UPOV y la legislación proyectada en Chile sobre derechos de obtentor, señalan un régimen de acciones distinto a la acción reivindicatoria, pero coincidente con el previsto en la Ley de Propiedad Industrial.
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Fitzpatrick, Brian T. (2019). The Conservative Case For Class Actions. Chicago: The University Of Chicago Press. 271 pp.
Esta ha sido una obra polémica en su país de origen. Como bien es sabido, en Estados Unidos el régimen de acciones colectivas desde hace muchos años ha sido objeto de un intenso debate y crítica. En dicho contexto fallos de la Corte Suprema estadounidense –en su mayoría conservadora– han dado inicio a su futura muerte, en especial en materia consumo. En este debate quienes de manera más fuerte han criticado esta herramienta procesal, haciendo un intenso lobby para su reforma e idealmente su supresión, ha sido la derecha republicana y el empresariado. Es por ello que el presente libro ha generado controversia, ya que es un republicano quien ha salido en defensa (moderada, por cierto) de las acciones colectivas.
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EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES DE PUBLICIDAD DE PACTOS RELATIVOS A LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES EN SOCIEDADES ANÓNIMAS: ESTADO DE LA CUESTIÓN Y NUEVA PROPUESTA
En este trabajo se indaga el sentido de la oponibilidad que surten las formalidades de publicidad que la ley chilena sobre sociedades anónimas exige a los pactos de accionistas sobre cesión de acciones. Luego de revisar críticamente la literatura y jurisprudencia nacionales, se argumenta que la anotación del pacto en el registro de accionistas y su depósito en la compañía suponen en la práctica poca publicidad, coherente con que, en el resto de la ley, el registro de accionistas carece de proyección hacia terceros, como sería un cesionario de acciones. De este modo, la oponibilidad prevista en la norma no tiene un alcance distinto de la oponibilidad del derecho común: imponer la existencia del contrato –no su obligatoriedad– como parte de la realidad jurídica.
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SOBRE EL GERENTE DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA QUE SE ALLANA A LA DISOLUCIÓN JUDICIAL
El trabajo analiza un caso en que una sociedad anónima fue demandada de disolución por causa grave por dos accionistas, conforme con lo dispuesto por el art. 105 de la Ley n.° 18046, sobre sociedades anónimas. El gerente de la sociedad demandada se allanó; sin embargo, los tribunales de primera y segunda instancia prescindieron de esta actuación y rechazaron la demanda. Luego, la Corte Suprema anuló todo lo obrado por falta de emplazamiento. El comentario a estas decisiones pone de relieve qué efecto tiene infringir los límites estatutarios a la cesión de acciones y la necesidad de que en cada junta de accionistas su presidente proclame los acuerdos alcanzados. Finalmente, el trabajo problematiza la legitimación pasiva correspondiente a la acción de disolución, pues es preciso buscar el mejor modo de resguardar los derechos de los accionistas no demandantes.