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DERROTABILIDAD DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL: HACIA LA FACILIDAD PROBATORIA EN CHILE
Este trabajo analiza, desde la perspectiva de la teoría del razonamiento jurídico, el art. 1698 del CC chileno, que contiene la regla general sobre distribución de la carga de la prueba. A partir del marco conceptual de Frederick Schauer –que entiende las reglas prescriptivas como generalizaciones con justificaciones subyacentes– se propone demostrar que la distribución de cargas que hace el 1698 es derrotable. Aquí se exhibirán casos reconocidos por la jurisprudencia en que la generalización del 1698 no sirve a su justificación subyacente y, en consecuencia, los jueces derrotan su aplicación. Los hechos impeditivos y modificativos, por una parte, y la facilidad probatoria, por la otra, son las principales hipótesis de derrotabilidad sobre la distribución de la carga que hace el articulo 1698 del CC.
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La capacidad de ejercicio: un análisis crítico de las normas del Código Civil y la necesidad de su modernización, más allá de la interpretación del artículo 12 de la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad
Las normas sobre capacidad dispuestas en nuestro Código Civil y el sistema rígido y dicotómico que éstas amparan requieren de una actualización. En este trabajo pretendemos dar cuenta de la necesidad de revisar el sistema de capacidad de obrar vigente y su adecuación a la realidad (más allá de aquella interpretación sesgada del artículo 12 de la Convención y que prescinde de una lectura civil). Hoy existen mecanismos flexibles que permiten a toda persona, con o sin discapacidad, que presenta dificultades para el ejercicio de sus derechos, actuar válidamente en el ámbito jurídico. Tales modelos buscan promover el respeto, todo cuanto sea posible, de la autonomía de la voluntad, sin que ello implique ni la desprotección de sujetos que son por definición vulnerables, ni la caída del principio de certeza jurídica, ni tampoco una ventaja injusta que les favorezca de manera especial frente a otros contratantes. La reciente reforma del Código Civil español parece dar algunas luces de aquel equilibrio.
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UNA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL DEL DAÑO Y SU IMPORTANCIA EN EL DIES A QUO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EN LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. UNA PROPUESTA NECESARIA RESPECTO DEL ARTÍCULO 2235 DEL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO
En el derecho ecuatoriano, el artículo 2235 del Código Civil ofrece una respuesta respecto a la contabilización de la prescripción de la acción en la responsabilidad extracontractual. No obstante, la regla genera una discusión cuando se habla de determinados casos que no están cobijados ni amparados por la interpretación clásica que da la norma. La solución fundacional comprende que el cómputo de la prescripción tiene lugar desde la verificación del hecho ilícito, entendiendo que, en ese momento se ha perpetrado el acto. Sin embargo, esta postura no contempla la importancia de la existencia del elemento daño, ni de las formas en las que éste se manifiesta, en especial, el perjuicio oculto y continuado. Esto genera que exista un conflicto entre la regla general de que todo daño resarcible debe ser indemnizado y la seguridad en las relaciones jurídicas que busca la prescripción. En este sentido, es preciso delimitar el concepto de daño resarcible, además de entender y conocer cómo han sido concebidos los distintos tipos de menoscabos según su consumación en el tiempo desde la óptica jurídica ecuatoriana. Con esto se podrá analizar la prescripción y cómo han actuado la jurisprudencia y el derecho comparado en estos casos, donde se puede afirmar, que ya existe una solución que determine el inicio de la prescripción en casos de daño oculto y continuado. De esta forma, se propondrá una solución actual para el comienzo de la prescripción en el Ecuador.
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RAWLS Y RESPONSABILIDAD CIVIL: UNA CRÍTICA DE RIPSTEIN
El artículo cuestiona las tesis de Arthur Ripstein sobre el lugar del derecho privado (y, en particular, del derecho de daños) en la teoría de la justicia de John Rawls. Según Ripstein, la teoría de la justicia de Rawls otorga al derecho privado una cierta independencia, al no someterlo a los mandatos distributivos de los principios elegidos en la posición original. Esta conclusión tiene dos bases, una negativa y otra positiva. En el lado negativo del argumento, Ripstein afirma que la posición original de Rawls no se presta a guiar el diseño de instituciones, especialmente instituciones, como la ley de responsabilidad civil, con una estructura deontológica. En el lado positivo, Ripstein recurre a la idea de una división de responsabilidades entre ciudadanos e instituciones sociales (idea que Rawls presenta en el artículo Social Unity and Primary Goods) para demostrar el compromiso de Rawls con una concepción preinstitucional de propiedad y con la independencia del derecho privado que se derivaría. El artículo sostiene que Ripstein se equivoca al descuidar el papel de la posición original y los principios elegidos en esa posición, así como exagera las consecuencias para el derecho privado de la división de responsabilidades entre ciudadanos e instituciones.
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Constitución y propiedad intelectual: un nuevo marco para balancear la creación y acceso al conocimiento
La norma constitucional actual sobre propiedad intelectual (art. 19 n.° 25) es deficitaria porque es opaca respecto a los objetivos económicos y sociales de dicha especie de propiedad. Por ello y en atención al crecimiento de la economía de base intangible en el siglo xxi, resulta necesario y oportuno diseñar una nueva norma constitucional que no se remita de forma irreflexiva a la regla general sobre propiedad, de modo de reflejar el carácter instrumental de la propiedad intelectual, en tanto herramienta para solucionar la falla de mercado del “bien público” que afecta a los bienes que son su objeto (de carácter no-rival y no-excluible). Así, una nueva norma constitucional debería fundarse en la promesa de la propiedad intelectual, a saber: optimizar el equilibrio entre creación y acceso al conocimiento, proveyendo de ese modo un marco general para que el legislador, los organismos públicos y los adjudicadores puedan luego actualizar dicho equilibrio en consideración al estado de desarrollo del país. En el artículo se propone un texto de norma constitucional que puede ser justificado en términos ralwsianos, es decir, desde un escenario hipotético de “posición original”. Además, se explica que el texto propuesto no se agota en una mera declaración programática, enunciando así qué tipo de efectos concretos puede producir en el ordenamiento jurídico.
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Nulidad de cláusulas abusivas en reservas, promesas de compraventa y compraventas suscritas por consumidores de viviendas comercializadas en verde
Este trabajo analiza la sentencia dictada en Sernac con Socovesa S.A., y otra (2020) que se pronuncia sobre una demanda deducida para la defensa del interés colectivo de los consumidores en virtud del procedimiento especial establecido en el art. 53 del título iv de la LPDC. La acción se funda en las distintas cláusulas abusivas que las demandadas mantienen en los contratos de adhesión que suelen celebrar con los consumidores durante el proceso de compra de una vivienda en verde; estos son la reserva para la operación de compra de la vivienda, el contrato de promesa de compraventa y el contrato de compraventa con mutuo hipotecario. El estudio se centra, específicamente, en las pretensiones relativas a la declaración de nulidad de ciertas cláusulas que fueron rechazadas en la sentencia de primera instancia que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago. En consecuencia, reflexiona sobre la naturaleza de las reservas como contrato de adhesión, sobre la interpretación del art. 138 bis de la LGUC a la luz del derecho de consumo y también, sobre el objeto de las cláusulas de conformidad.