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• EXTENSIÓN DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DE LAS INSTRUCCIONES NOTARIALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL DEL NOTARIO POR SU INCUMPLIMIENTO

  Luis Eduardo Álvarez Díaz

  El presente artículo pretende demostrar que las instrucciones notariales obligan no solo al notario con quien se celebraron sino, también, a quien lo reemplace, y que el fundamento de ello es el art. 402 del Código Orgánico de Tribunales. Asimismo, se intenta demostrar que, como consecuencia de esa extensión de obligaciones, ante un incumplimiento o cumplimiento imperfecto de las instrucciones, se genera responsabilidad civil para el notario incumplidor, cualquiera sea su clase, la que se regirá en principio por el estatuto contractual. No obstante, atendidas las especiales características de la función notarial, se origina una concurrencia (cúmulo) de responsabilidades.

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• DERROTABILIDAD DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL: HACIA LA FACILIDAD PROBATORIA EN CHILE

  Pablo Bravo-Hurtado

  Este trabajo analiza, desde la perspectiva de la teoría del razonamiento jurídico, el art. 1698 del CC chileno, que contiene la regla general sobre distribución de la carga de la prueba. A partir del marco conceptual de Frederick Schauer –que entiende las reglas prescriptivas como generalizaciones con justificaciones subyacentes– se propone demostrar que la distribución de cargas que hace el 1698 es derrotable. Aquí se exhibirán casos reconocidos por la jurisprudencia en que la generalización del 1698 no sirve a su justificación subyacente y, en consecuencia, los jueces derrotan su aplicación. Los hechos impeditivos y modificativos, por una parte, y la facilidad probatoria, por la otra, son las principales hipótesis de derrotabilidad sobre la distribución de la carga que hace el articulo 1698 del CC.

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• EL SISTEMA DE ACCIONES REALES, PARTE ESPECIAL: LOS INTERDICTOS POSESORIOS

  Fernando Atria Lemaitre

  Este artículo es parte de un proyecto mayor, que pretende defender una determinada reconstrucción del sistema de acciones reales del Código Civil. El tema de este artículo es la reconstrucción de las reglas relativas a la protección de la dimensión dinámica de la propiedad, es decir, la dimensión en la que el que pretende protección no reclama su propio derecho sobre la cosa sino la ilicitud del desplazamiento del control de la cosa de su poder al del demandado. La cuestión central aquí son los interdictos posesorios.

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• INTERPRETACIÓN DE CONTRATOS: ENTRE LITERALIDAD E INTENCIÓN

  Rodrigo Coloma Correa

  El art. 1560 del Código Civil concierne a la interpretación de contratos, del cual se sospecha que carece de operatividad. La estrategia para abordar el problema anunciado implica un análisis de su dimensión pragmática (¿para qué sirve dicha disposición?), para luego dar cuenta de su dimensión semántica (¿qué significa dicha disposición?). En tal sentido, se identifican distintas funciones: simbólica, técnica, definitoria e interpretativa. Tal estructura de análisis conduce a enfatizar, entre otras cosas,

  i)  la utilidad del art. 1560 para determinar qué es lo que los jueces deben interpretar (y no tanto, el cómo);

  ii)  los aportes de tal disposición para la comprensión de lo que debe entenderse por literalidad; y

  iii) la atención que cabe prestar a las acciones intencionales (y no a los estados mentales) para enfrentar el arduo problema del conocimiento de la intención de los contratantes.

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• DE LA PRESUNCIÓN GENERAL DE CULPA POR EL HECHO PROPIO. A PROPÓSITO DE LOS ARTÍCULOS 2314 Y 2329 Y DE NUESTRO “CÓDIGO CIVIL IMAGINARIO” (II)

  Javier Barrientos Grandón

  Se revisa críticamente la opinión de parte de la doctrina y de alguna jurisprudencia reciente que interpreta la regla del inciso 1o del artículo 2329 como una presunción general de culpa por el hecho propio, sobre la base del examen histórico y dogmático de los artículos 2314 y 2329 del Código Civil, concluyéndose que dicha lectura e interpretación no encuentra apoyo en el contexto dogmático en el que están concebidas tales disposiciones.

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• La casación en el fondo en pleno: Un balance tras treinta años

  Matías Echeverría Reyes

  Incorporado en la Ley n.º 19374 de 18 de febrero de 1995, el art. 780 del Código de Procedimiento Civil, que permite que el Pleno de la Corte Suprema pueda cono­cer un recurso de casación en el fondo en casos de dispersión jurisprudencial originados en la propia Corte, ha sido escasamente aplicado y su impacto en la producción de pautas generalizadas de interpretación de leyes que inciden en materias civiles y comerciales es en la práctica nulo. Lo anterior fue anticipado de manera temprana por una parte de la doctrina nacional. Lo que no fue previsto por esta doctrina es que, en aquellos pocos casos en que el Pleno de la Corte Suprema conoció de recursos de casación en el fondo las salas en casos posteriores harían caso omiso de las doctrinas sentadas por el Pleno sin dar mayores explicaciones, poniendo en entredicho no solo la igualdad ante la ley, sino, también, la predictibilidad de la interpretación y aplicación de importantes instituciones del derecho privado chileno. El artículo ofrece una explicación acerca de cómo se obtuvieron los resultados antes descritos, y finaliza con una defensa de los propósitos de unificación de jurisprudencia que subyacen a este mecanismo procesal.

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