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EXPANSIÓN Y LÍMITES DE LA BUENA FE OBJETIVA – A PROPÓSITO DEL “PROYECTO DE PRINCIPIOS LATINOAMERICANOS DE DERECHO DE LOS CONTRATOS”
La buena fe es un concepto jurídico en progresiva expansión, como se aprecia en el texto del Proyecto de Principios Latinoamericanos de Derecho de los Contratos. Sin embargo, los difusos contornos de este principio exigen proceder con cautela al aplicarlo. El presente trabajo describe las principales funciones que cumple la buena fe en los ordenamientos jurídicos modernos a la luz de su evolución histórica reciente, y propone los límites que deben observarse al consagrarla legalmente y aplicarla en la práctica, a fin de evitar su utilización abusiva.
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FUNCIÓN SUPLEMENTARIA DE LA BUENA FE CONTRACTUAL Y DEBERES DE CONDUCTA DERIVADOS. UN ANÁLISIS A LA LUZ DEL MODERNO DERECHO DE CONTRATOS
El presente artículo, luego de identificar y referir las funciones institucionales desempeñadas por la buena fe contractual, se concentra en la función suplementaria y los deberes de conducta derivados. La primera parte del trabajo está abocada a la discusión relativa a las ventajas y desventajas de reconocer una función suplementaria a la buena fe. La segunda parte, teniendo a la vista el contenido de diversos instrumentos de armonización, presenta un catálogo no taxativo de deberes de conducta que podrían derivarse de tal función, haciendo referencia a su actual o potencial reconocimiento en Chile.
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¿ES POSIBLE APLICAR EL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO AL CONTRATO Y AL DERECHO DEL CONSUMO?
El presente artículo pretende justificar la aplicación del AED, tanto al derecho chileno de los contratos como al derecho del consumo, a través de los principios de buena fe y de protección del consumidor. Este trabajo pone de relevancia la aplicación del principio de eficiencia como un criterio relevante en materia de contrato y, sobre todo, con relación al derecho del consumo. A pesar de que la justificación de la aplicación del AED a los contratos y al derecho del consumo es la misma, su aplicación es diferente. De este modo, el AED se aplicaría al derecho contractual a través del principio de la buena fe o de la teoría de las cláusulas generales, reconociendo al principio de eficiencia como un principio contractual, y al derecho del consumo a través del principio proconsumidor.
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EL LITIGANTE APARENTE EN EL CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE CHILE A.G.
El artículo analiza, a la luz de la ética profesional de la abogacía, la conducta de un abogado que simula litigar a nombre propio en circunstancias que lo hace por el interés de un tercero, cuya identidad permanece oculta. Esta conducta es llamada litigación aparente y el abogado que la despliega, litigante aparente. Los CEP de 1948 y de 2011 no han condenado expresamente al litigante aparente, pero la jurisprudencia sí sobre la base de deberes generales (v.gr., el deber de honradez ante el tribunal). Existe una tendencia similar en el derecho comparado, por desviación del correcto actuar profesional. El derecho comparado muestra, además, que la identidad de la persona que acciona no está amparada por el deber de confidencialidad. El artículo comienza describiendo las reglas del CEP de 2011, que justifican la condena del litigante aparente. Luego, se refiere a las reglas del CEP de 1948 y la jurisprudencia que el Colegio de Abogados desarrolló al respecto. Después, aborda la litigación aparente en el derecho comparado. Finaliza considerando dos puntos adicionales: la posibilidad de que el litigante aparente esté cubierto por el deber de confidencialidad en Chile y si la legislación sobre comparecencia en juicio podría autorizar la litigación aparente.
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LA RECEPCIÓN DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN EN EL DERECHO CHILENO
Una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago ofrece novedosos argumentos para aplicar de oficio la teoría de la imprevisión. Cuestión novedosa que va en contra de la jurisprudencia mayoritaria en virtud de la excepcionalidad de esta institución. De seguirse tal práctica judicial, la seguridad jurídica podría verse afectada y, por consiguiente, la fuerza obligatoria de los contratos como regla general. La Corte desarrolla fundamentos que refutan el carácter absoluto de la fuerza obligatoria de los contratos y la inviabilidad de la imprevisión siempre que las partes soliciten su aplicación. A pesar de aquello, esta conducta poco común en la materia por parte de un tribunal de justicia constituiría un peligro para la seguridad jurídica desde la perspectiva de las partes y del tercero imparcial.