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El derecho a la alimentación adecuada en Chile y su necesaria consagración como derecho fundamental en la nueva Constitución chilena
En el marco del proceso constituyente en Chile, este artículo aborda los argumentos históricos, fácticos y de derecho internacional de los derechos humanos que justifican la incorporación del derecho a la alimentación adecuada como un derecho autónomo en la nueva Constitución. Luego, el cuerpo de este texto evalúa el impacto de esta nueva garantía constitucional en el derecho privado chileno, con especial énfasis en lo que respecta al derecho a la información veraz y oportuna en las relaciones de consumo de alimentos y bebidas. El texto argumenta que, en última instancia, la consagración constitucional de este derecho permitirá extender las normas vigentes sobre información veraz y adecuada en el consumo de alimentos y bebidas, contribuyendo a una mejor garantía de otros derechos humanos relacionados con la alimentación, tales como el derecho a la salud.
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COMPETENCIA DESLEAL POR CULPA
El artículo examina la ilicitud en los actos de competencia desleal, previstos como una hipótesis de responsabilidad civil extracontractual en la ley No 20.169, que regula la competencia desleal. Refutando una interpretación efectuada por parte de la doctrina nacional y de la jurisprudencia, que afirma que tal ilícito exige la prueba de una conducta dolosa, se argumenta cómo el texto de esta ley, la historia fidedigna de su establecimiento, su interpretación sistemática con otros cuerpos normativos (en particular, con la protección al consumidor que subyace como interés legítimo ex- presamente en esta ley especial), la consideración de cierta experiencia comparada e, Incluso, una reciente jurisprudencia de la Corte Suprema, permiten sostener de manera fundada que una conducta de competencia desleal que infringe la diligencia ordinaria (culpa leve) configura ese ilícito y da lugar al ejercicio de las acciones que esta ley establece.
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DIVORCIOS TRANSFRONTERIZOS Y COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL: LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO ESPAÑOL
Los divorcios internacionales son más numerosos cada día. En no pocas ocasiones existe un especial interés de las partes litigantes en presentar la demanda ante los tribunales de un determinado Estado, adquiriendo especial relevancia el fenómeno del forum shopping cuya finalidad es procurarse el foro más favorable, en particular en cuanto a la ley aplicable. En la actualidad en la Unión Europea la determinación de la competencia judicial relativa a divorcios internacionales se regula en el reglamento 2201/2003. Su artículo 3.º contiene un amplio número de foros al efecto. La aplicación de este reglamento ha relegado a un segundo plano la norma interna española contenida en el artículo 22 de la ley orgánica del poder judicial. El Tribunal Supremo ha resuelto controvertidas cuestiones en torno al referido instrumento y la determinación de la competencia judicial internacional de los tribunales españoles en materia de divorcio.
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EL MANDATO PARA EL COBRO COMO FORMA DE CESIÓN DE CRÉDITOS Y LA ACEPTACIÓN DE LA CESIÓN POR LITIS CONTESTACIÓN
Este comentario analiza una reciente sentencia que declara que el cesionario de un crédito, pese a que no ha notificado la cesión al deudor, puede de todas formas cobrar el crédito en cuanto comparezca como mandatario para el cobro del acreedor original. Se comenta el alambicado mecanismo elegido por el cesionario/ mandatario para cobrar el crédito, que se basa en una equivocada interpretación respecto al momento y forma en que debe notificarse la cesión del crédito.
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DE LA REPUDIACIÓN DE FILIACIÓN DETERMINADA POR PARTO
En el presente comentario se analiza el caso de repudio de la maternidad por parto, y la confusión en que incurren el Registro Civil y la Corte de Apelaciones de Antofagasta entre este acto de renuncia de derechos y la institución de la impugnación de maternidad.
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LAS FACULTADES DEL JUEZ EN EL CONTROL DEL PROCEDIMIENTO COMO GARANTÍA DEL PRINCIPIO PRO ACTIONE
En el presente trabajo se analiza una sentencia pronunciada por la Corte Suprema, referida a la importancia de la función que cumple el órgano jurisdiccional en el control de la corrección del procedimiento como una forma de garantizar el debido proceso.