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LAS FACULTADES DEL JUEZ EN EL CONTROL DEL PROCEDIMIENTO COMO GARANTÍA DEL PRINCIPIO PRO ACTIONE
En el presente trabajo se analiza una sentencia pronunciada por la Corte Suprema, referida a la importancia de la función que cumple el órgano jurisdiccional en el control de la corrección del procedimiento como una forma de garantizar el debido proceso.
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Incorporación a una cuenta corriente mercantil de créditos entre sociedades de un grupo económico y veracidad de los estados financieros. Comentario a la sentencia de la Corte Suprema de 31 de julio de 2020, rol n.º 29.982-2019
El trabajo analiza una sentencia de la Corte Suprema que confirmó, con una rebaja, las multas impuestas por la antigua SVS a los administradores de una sociedad anónima abierta. La compañía informaba en sus estados financieros la presencia de ciertos créditos de corto plazo, cuyos deudores eran otras sociedades del grupo económico. La empresa no realizó gestiones para su cobro en un lapso considerable, bajo el argumento de haber sido incorporados a una cuenta corriente mercantil que experimentaba escasos movimientos. El fiscalizador recalificó contablemente los créditos como de largo plazo, y concluyó que los estados financieros contenían información falsa. Un análisis permite validar críticamente esa decisión judicial, al mismo tiempo que le ofrece un fundamento alternativo, a partir del contenido del contrato de cuenta corriente mercantil.
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SOBRE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA A PARTIR DEL DESEQUILIBRIO EN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Este comentario analiza las sentencias pronunciadas en virtud de una acción en protección del interés colectivo iniciada por el SERNAC destinada a declarar la abusividad de los términos y condiciones predispuestos en el sitio web de una plataforma de comercio electrónico, al cual los consumidores debían adherir al momento de realizar sus compras. El estudio se centra en el razonamiento, a la luz de los criterios establecidos en el artículo 16 letra g) de la ley n.º 19496, efectuado en las distintas instancias y por la Corte Suprema al examinar las cláusulas referidas al derecho de retracto, la formación del consentimiento en la contratación electrónica y las reglas sobre la competencia ante conflictos sufridos por los consumidores.
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COMPETENCIA DESLEAL POR CULPA
El artículo examina la ilicitud en los actos de competencia desleal, previstos como una hipótesis de responsabilidad civil extracontractual en la ley No 20.169, que regula la competencia desleal. Refutando una interpretación efectuada por parte de la doctrina nacional y de la jurisprudencia, que afirma que tal ilícito exige la prueba de una conducta dolosa, se argumenta cómo el texto de esta ley, la historia fidedigna de su establecimiento, su interpretación sistemática con otros cuerpos normativos (en particular, con la protección al consumidor que subyace como interés legítimo ex- presamente en esta ley especial), la consideración de cierta experiencia comparada e, Incluso, una reciente jurisprudencia de la Corte Suprema, permiten sostener de manera fundada que una conducta de competencia desleal que infringe la diligencia ordinaria (culpa leve) configura ese ilícito y da lugar al ejercicio de las acciones que esta ley establece.
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DIVORCIOS TRANSFRONTERIZOS Y COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL: LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO ESPAÑOL
Los divorcios internacionales son más numerosos cada día. En no pocas ocasiones existe un especial interés de las partes litigantes en presentar la demanda ante los tribunales de un determinado Estado, adquiriendo especial relevancia el fenómeno del forum shopping cuya finalidad es procurarse el foro más favorable, en particular en cuanto a la ley aplicable. En la actualidad en la Unión Europea la determinación de la competencia judicial relativa a divorcios internacionales se regula en el reglamento 2201/2003. Su artículo 3.º contiene un amplio número de foros al efecto. La aplicación de este reglamento ha relegado a un segundo plano la norma interna española contenida en el artículo 22 de la ley orgánica del poder judicial. El Tribunal Supremo ha resuelto controvertidas cuestiones en torno al referido instrumento y la determinación de la competencia judicial internacional de los tribunales españoles en materia de divorcio.
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LA CLÁUSULA DE CONTRATO COMPLETO O CLÁUSULA DE INTEGRIDAD EN EL DERECHO CONTRACTUAL CHILENO
Este trabajo trata sobre la cláusula de contrato completo en el derecho contractual chileno. Se sostiene que la cláusula de contrato completo tiene por función promover la certeza en los negocios jurídicos, al circunscribir con precisión los términos y condiciones del contrato fundados en la intención común de los contratantes. El efecto jurídico de la estipulación es limitar las declaraciones, promesas y acuerdos vinculantes de los contratantes a lo consignado en el texto del documento contractual, privando de valor para integrar el contrato a todas las declaraciones, acuerdos, promesas y comunicaciones de las partes preliminares y coetáneas a la suscripción de la convención. De manera adicional, se plantea que, a pesar de que su tenor pudiese inducir a asumir algo diferente, la cláusula de contrato completo no tiene incidencia alguna en la definición de los medios de interpretación, en la integración contractual, en la responsabilidad precontractual por declaraciones falsas y en las variaciones o modificaciones contractuales futuras. Por último, se sostiene que la estipulación resulta en general válida, salvo en la contratación con consumidores.