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ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL ALEMANA EN EL ÁMBITO DE LA CIRUGÍA ESTÉTICA
El Derecho alemán de responsabilidad médica hace una distinción entre
la responsabilidad por errores de tratamiento y la responsabilidad por
falta de información. En las intervenciones de la cirugía estética se trata,
por regla general, de un error de tratamiento cuando el médico tratante
quede por debajo del estándar vigente en el respectivo ramo especial de la
cirugía estética plástica. En cambio, en el caso de las faltas de información la responsabilidad (delictual) se basa en la lesión corporal que, según la jurisprudencia de los tribunales alemanes, es inherente a toda intervención médica en el estado corporal o de salud del paciente. No obstante, la lesión corporal no se estima antijurídica si este, después de haber sido debidamente informado, ha dado su consentimiento válido (informed consent). El consentimiento válido, del cual la parte tratante deberá dar pruebas en el juicio, puede justificar la lesión corporal. En las operaciones estéticas es de importancia práctica, ante todo, la responsabilidad por insuficiencia de información sobre los riesgos de la respectiva intervención. Si una operación estética carece de indicación médica –como ocurre con frecuencia– los requisitos relativos a la información del paciente son especialmente rigurosos. En este sentido, la jurisprudencia exige una información extensa, intensa y a veces “desconsiderada” sobre los riesgos inminentes, tratándose de compensar en cierto modo la “indicación meramente estética” por medio del consentimiento cualificado del paciente después de su información extensa (intensely informed consent). En caso de comprobarse que la información ha sido insuficiente, los médicos y hospitales pueden resultar responsables de los daños y perjuicios y obligados a pagar indemnización por daños personales. -
SOBRE LA POSIBILIDAD DE STAKEHOLDERS DE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE CLÁUSULAS SOSTENIBLES CONTENIDAS EN CONTRATOS ENTRE AGENTES EMPRESARIALES
Las empresas incorporan cláusulas de sostenibilidad en la contratación comercial con otras organizaciones empresariales, de forma de implementar la responsabilidad social de largo plazo en las operaciones de negocios. Estas estipulaciones no otorgan poder coercitivo suficiente para su exigibilidad y, además, hacen referencia a terceros ajenos (stakeholders) que se pueden ver afectados por la operación mercantil. Este trabajo tiene por objetivo reinterpretar la estipulación a favor de un tercero y la oponibilidad del contrato a las partes por terceros para dotar de eficacia a las cláusulas sostenibles respecto de quienes no son parte del acuerdo, pero se ven favorecidos por su observancia. Conforme con ello, la hipótesis de esta investigación es que es posible que los stakeholders, como beneficiarios de las cláusulas contractuales que se incorporan en materia de sostenibilidad empresarial, exijan el cumplimiento de las obligaciones contenidas en ellas, porque permite lograr el fin del contrato o, bien, la reparación de los daños en tanto se les reconoce un interés legítimo en su cumplimiento.
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FORMAS DE PERFECCIONAMIENTO Y MECANISMOS DE REALIZACIÓN DE LA PRENDA SOBRE CRÉDITOS
La ley No 20.190 introdujo en nuestro sistema jurídico una nueva regulación de la prenda sin desplazamiento, admitiendo la posibilidad de constitución sobre derechos, especialmente sobre créditos. Alejándose del sistema ordinario del Código Civil, que dispone la notificación al deudor del crédito prendado como requisito de perfeccionamiento del contrato, el nuevo modelo la trata como una mera formalidad de publicidad, cuestión que resuelve una serie de problemas prácticos. Pero las siguientes preguntas son: ¿cómo se estructura la realización de la prenda? y ¿qué particularidades merecen ser destacadas con respecto al régimen consagrado para la prenda ordinaria? Las respuestas deben buscarse, a nuestro juicio, en distinguir las formas de perfeccionamiento del contrato de los métodos de ejecución de la garantía, de modo que las diferencias respecto a las primeras no necesariamente justifican distinciones respecto a los segundos.
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CONCEPTUALIZACIÓN DE LA INEFICACIA, INVALIDEZ E INEXISTENCIA EN EL DERECHO ESPAÑOL
En el presente trabajo se pretende reflexionar sobre el concepto de ineficacia en el ordenamiento jurídico español, y su distinción con la invalidez e inexistencia contractual. El análisis de las distintas posturas doctrinales existentes no facilita una distinción unánime. Consideramos, tras el estudio de la doctrina y jurisprudencia, a la inexistencia como una categoría autónoma e independiente de la invalidez contractual, ya que es la propia norma, en este caso el Código Civil español, en diversos preceptos que analizamos, quien nos conduce a los supuestos de inexistencia contractual en los casos de falta de requisitos esenciales en el contrato, como son los casos de ausencia de consentimiento, de objeto y de causa, que serán centro de estudio detenido.
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HACIA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE SOCIEDAD EN EL DERECHO CHILENO. REVISIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA COMPARADA
La sociedad representa hoy día una forma de ejercicio organizativo de la actividad de empresa, marcada por ordenes más o menos estrictos de actuaciones y de imputación de los resultados activos y pasivos derivados de ellas, que tienen su origen en un acto de la autonomía privada, contrato o acto unilateral. Esta nueva concepción es una consecuencia de los profundos cambios que ha experimentado el Derecho Societario de manera global, lo que ha obligado a reformular la institución en diversos aspectos. Uno de ellos es justamente la actual noción de la sociedad y sus elementos estructurales, que han debido enfrentar –en mayor o menor medida- la tradicional concepción que sobre ella se ha articulado.
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EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN EN CHILE. ANÁLISIS ECONÓMICO Y JURISPRUDENCIAL
Los contratos de construcción, y en especial aquellos de suma alzada, están diseñados no solo para traspasar el riesgo de precio desde el mandante hasta el contratista, que es la parte que está en mejor posición para evaluar y controlar dicho riesgo, sino que para eliminar o mitigar los problemas que surgen de la asimetría de información entre los contratantes, incluyendo los fenómenos conocidos como selección adversa y riesgo moral. Si dichos fenómenos son efectivamente controlados, se puede concluir que este tipo de contratos tenderá a promover la eficiencia del mercado, reducirá los costos de transacción y maximizará los denominados excedentes sociales de la cooperación. La medida en que estos diseños contractuales alcanzan sus objetivos depende, en definitiva, del valor que en los hechos la jurisprudencia les reconozca. Analizada la jurisprudencia reciente de los tribunales superiores de justicia chilenos, se puede concluir que, en general, los jueces tienden a respetar y aplicar estos mecanismos contractuales.