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El contrato de transporte aéreo y la emergencia por COVID-19: el estatuto aeronáutico chileno frente a la cancelación de vuelos por caso fortuito y la reactivación del tráfico aéreo pospandemia
La emergencia sanitaria por Coronavirus ha paralizado o ralentizado gran parte de las actividades económicas, dentro de las cuales se halla el transporte aéreo de pasajeros, provocando la cancelación de vuelos, lo que se traduce en un caso de incumplimiento contractual del porteador frente al pasajero. Para abordar qué respuesta se sigue de nuestra legislación frente a una cancelación por un caso fortuito –asumiendo que la pandemia por COVID-19 es uno–, este trabajo pretende, en primer lugar, resolver la cuestión respecto a la normativa aplicable al contrato de transporte aéreo. Posteriormente, analizar las hipótesis generales de incumplimiento del contrato de transporte aéreo por inejecución del viaje en los términos convenidos, y qué derechos tiene el pasajero frente a dicho incumplimiento. Enseguida, se abordan las opciones del pasajero frente a un vuelo cancelado por un caso fortuito, y los efectos que este último produce en el contrato. Finalmente, se analizan los deberes y obligaciones del transportista aéreo una vez reactivada la actividad, y la responsabilidad que le cabe por un eventual contagio.
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EL INCUMPLIMIENTO Y LOS REMEDIOS DEL ACREEDOR EN LA PROPUESTA DE MODERNIZACIÓN DEL DERECHO DE LAS OBLIGACIONES Y CONTRATOS ESPAÑOL
El presente artículo analiza el régimen de incumplimiento y sus efectos en la propuesta de modernización del Derecho de Obligaciones y contratos español, considerando tanto la propia propuesta de reforma como también lo que se estima son las ideas claves para la construcción de un nuevo orden sobre el incumplimiento contractual, acorde con las actuales condiciones del tráfico y funcional al interés del acreedor. Tales ideas son: la comprensión del contrato, la noción de incumplimiento, la pluralidad de remedios y la opción del acreedor. Se busca su identificación dentro de la reforma proyectada, considerando los modelos de Derecho Contractual europeo e internacional que la propuesta sigue en su afán de armonización.
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LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA Y LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
El derecho francés de la prescripción extintiva establecido por la ley de 2008 consagró un cómputo del plazo subjetivo sobre la base del conocimiento sumado a un límite de caducidad, lo que configura un sistema de doble plazo. La aplicación de este sistema a las sanciones al incumplimiento contractual no resulta sencilla, si bien podría entenderse que se fija el momento con el conocimiento o posibilidad de conocimiento del incumplimiento, esto no es satisfactorio según la comprensión de los elementos propios a cada sanción al incumplimiento contractual. A esto se agrega la dificultad de comprensión del plazo tope, respecto del cual también cabe tener presente las particularidades de las sanciones al incumplimiento del contrato.
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IMPREVISIÓN Y COVID-19: SOBRE EL ROL DE LOS TRIBUNALES Y LA LEY EN TIEMPOS DE CRISIS
Este artículo analiza el rol del juez y el legislador en el desarrollo del derecho privado chileno, a propósito del reciente proyecto de ley que busca recoger la teoría de la imprevisión en el Código Civil como reacción a los efectos de económicos de la crisis del COVID-19. Por un lado, sostiene que la discusión en torno a este proyecto ha hecho emerger un cierto consenso respecto de la conveniencia de acoger esta teoría, pero que la forma adecuada para ello sigue siendo una pregunta abierta. En ese contexto y con base en elementos de derecho comparado, teoría del derecho y análisis económico del derecho argumenta que, en el caso chileno, la mejor ruta para acoger dicha teoría es una reforma legislativa, pero que el proyecto de ley propuesto no tiene la profundidad técnica requerida para ello. Por el otro lado, argumenta que crisis generales e imprevistas, como la del COVID-19, deben ser abordadas mediante legislación especial, no por reformas legales generales o cambios jurisprudenciales que impliquen cambios de paradigma.
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LA CONVENIENCIA DE RESTRINGIR LAS CONSECUENCIAS DE LA DISTINCIÓN ENTRE OBLIGACIONES DE MEDIOS Y RESULTADO SOBRE LA FUNCIÓN Y PRUEBA DE LA CULPA DEL DEUDOR
La recepción de la distinción entre obligaciones de medios y de resultado en Derecho chileno ha dado lugar a importantes incertidumbres, especialmente en relación con la función y carga de la prueba de la culpa del deudor. En buena medida, estas incertidumbres pueden explicarse en la dificultad de conciliar la distinción con la diferencia impuesta por nuestro Derecho entre las etapas de obligación contractual y responsabilidad por incumplimiento. Luego de revisar la posición de la doctrina y jurisprudencia reciente, el presente trabajo propone una interpretación de la distinción que no requiere aceptar las consecuencias que frecuentemente se le atribuyen sobre la función y prueba de la culpa del deudor.
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LA CLÁUSULA DE CONTRATO COMPLETO O CLÁUSULA DE INTEGRIDAD EN EL DERECHO CONTRACTUAL CHILENO
Este trabajo trata sobre la cláusula de contrato completo en el derecho contractual chileno. Se sostiene que la cláusula de contrato completo tiene por función promover la certeza en los negocios jurídicos, al circunscribir con precisión los términos y condiciones del contrato fundados en la intención común de los contratantes. El efecto jurídico de la estipulación es limitar las declaraciones, promesas y acuerdos vinculantes de los contratantes a lo consignado en el texto del documento contractual, privando de valor para integrar el contrato a todas las declaraciones, acuerdos, promesas y comunicaciones de las partes preliminares y coetáneas a la suscripción de la convención. De manera adicional, se plantea que, a pesar de que su tenor pudiese inducir a asumir algo diferente, la cláusula de contrato completo no tiene incidencia alguna en la definición de los medios de interpretación, en la integración contractual, en la responsabilidad precontractual por declaraciones falsas y en las variaciones o modificaciones contractuales futuras. Por último, se sostiene que la estipulación resulta en general válida, salvo en la contratación con consumidores.