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EL MANDATO PARA EL COBRO COMO FORMA DE CESIÓN DE CRÉDITOS Y LA ACEPTACIÓN DE LA CESIÓN POR LITIS CONTESTACIÓN
Este comentario analiza una reciente sentencia que declara que el cesionario de un crédito, pese a que no ha notificado la cesión al deudor, puede de todas formas cobrar el crédito en cuanto comparezca como mandatario para el cobro del acreedor original. Se comenta el alambicado mecanismo elegido por el cesionario/ mandatario para cobrar el crédito, que se basa en una equivocada interpretación respecto al momento y forma en que debe notificarse la cesión del crédito.
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ACERCA DEL CÓMPUTO DEL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN CONTRACTUAL
La regla de la exigibilidad para establecer el cómputo del plazo de la prescripción extintiva constituye la norma general en el derecho de las obligaciones. Su interpretación tradicional la asume como una cuestión sencilla, que hace coincidente el nacimiento de la obligación con la exigibilidad, cuya excepción es la obligación sujeta a plazo o condición suspensiva. La existencia del crédito y la acción para su ejecución o cumplimiento constituye el trazo esencial para su comprensión. Sin embargo, como demostraremos en este trabajo, ese entendimiento no es satisfactorio, al menos de una manera tradicional, para fijar el momento del inicio de la prescripción de la acción indemnizatoria derivada del incumplimiento del contrato. Razonaremos y concluiremos que la acción indemnizatoria por incumplimiento contractual no comienza a correr sin la manifestación del daño y el conocimiento o posibilidad de él de parte del acreedor.
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El propósito persuasivo de la publicidad y sus peligros en el ámbito del crédito al consumo
Las decisiones de los consumidores responden a estímulos. Estos pueden ser condicionados por medio de una variedad de herramientas y, conforme a ellas, alterar los gustos y preferencias. El escaso tratamiento de los ordenamientos de consumo sobre esta materia, usualmente centrados en los estándares de claridad y veracidad de la publicidad, desatienden que esta puede persuadir al consumidor a tomar decisiones subóptimas. En la órbita del crédito al consumo, ello puede comprobarse si se observa el énfasis dado por el legislador a la transmisión de un cierto contenido informativo en la publicidad (dado por el costo financiero de la operación), pero que, carente de una regulación que atienda a los problemas derivados de la racionalidad imperfecta de los individuos, constituye una herramienta tutelar insuficiente. La tendencia a destacar los elementos positivos del consumo, desplazando los que envuelven algún grado de sacrificio, alientan a las personas a buscar financiamiento para consumos innecesarios o en condiciones que pueden resultarle perjudiciales, derivando, en los casos más extremos, en situaciones de sobreendeudamiento.
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FORMA DE PAGO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR DIVORCIO O NULIDAD
La compensación económica constituye un derecho y correlativamente una obligación de origen legal que, una vez establecida, se somete al Derecho Común, propio de las obligaciones. Su titular tiene un crédito desprovisto de protección como tal. Quien debe dotar de protección al crédito de compensación es el juez, en él, el legislador radicó la tarea. El marco legal sobre su forma de pago apunta hacia esa dirección y le fija restricciones de observancia necesaria, que también los cónyuges deben acatar en sus acuerdos.
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LA DEUDA POR OBLIGACIÓN CONSTITUIDA A TRAVÉS DE CRÉDITO CON AVAL DEL ESTADO NO CONSTITUYE EXCEPCIÓN AL DISCHARGE EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CHILENO
Con base en un estudio dogmático de los fundamentos y justificaciones del fresh start y las excepciones al discharge, y tras un análisis crítico de la sentencia de la Corte Suprema, rol n.º 4656-2017, de 9 de mayo de 2017, que excluye del ámbito de aplicación del discharge de la ley n.º 20720 a todas las deudas de obligaciones contraídas a través de créditos con aval del estado, proponemos un criterio que, comprendiendo una correcta interpretación y consecuente armonización de las normas, otorga certeza jurídica a los deudores y soluciona el problema de relevancia jurídico social que el razonamiento de la Corte conlleva.