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RESPONSABILIDAD CIVIL POR PRODUCTOS DEFECTUOSOS Y LOS ‘RIESGOS DE DESARROLLO’ COMO EXIMENTE. DESDE LA REGULACIÓN DADA POR EL CÓDIGO SANITARIO CHILENO HACIA UN RÉGIMEN GENERAL
La investigación se centra en el tratamiento que el legislador nacional ha dado a los denominados “riesgos de desarrollo” frente a la responsabilidad civil por productos sanitarios defectuosos, rechazándolos como causa eximente de responsabilidad. Adentrados en la materia, cuestionamos si dicha exclusión debe o no replicarse en la formulación de un régimen general de productos defectuosos del que nuestroordenamiento nacional carece. La búsqueda de una respuesta a dicha interrogante requiere del análisis y ponderación de los beneficios o desventajas que la referida exclusión puede suponer para los intereses del consumidor, junto al análisis de la coherencia de su instauración en un sistema de responsabilidad estricta calificada, así como los eventuales problemas en la construcción del nexo causal que la misma podría suponer.
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ALGUNOS PROBLEMAS DE LOS PRODUCTOS SANITARIOS IMPLANTABLES RIESGOSOS PARA SER INCLUIDOS EN EL CONCEPTO DE DEFECTO BAJO LA DIRECTIVA EU 85/374 Y LA RESPUESTA REGULATORIA DE LA DIRECTIVA EU 2024/2853 SOBRE LOS DAÑOS CAUSADOS POR PRODUCTOS DEFECTUOSOS
En este artículo propongo plantear algunos problemas relacionados con la inclusión de los productos sanitarios implantables riesgosos en el concepto de defecto bajo la Directiva 85/374, los cuales, al tener características particulares relacionadas con la interacción riesgosa, la finalidad prevista del mismo, los riesgos inherentes, los potenciales daños que podrían causar requieren una evaluación ajustada a sus particulares circunstancias. Abordo la temática desde el producto sanitario implantable riesgoso, su regulación desde la esfera administrativa y la esfera de responsabilidad civil, para, al final, analizar si estas cuestiones fueron resueltas o se mantuvieron en la nueva regulación europea sobre daños causados por productos defectuosos, Directiva EU 2024/2853 que tiene como objetivo la contribución al correcto funcionamiento del mercado interior, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección de los consumidores y otras personas físicas.