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EL BIENESTAR: UN CRITERIO PARA DETERMINAR EL INTERÉS SUPERIOR DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
El concepto del ISN presenta desafíos doctrinales y judiciales en su definición y aplicación. A través de una breve revisión bibliográfica y análisis de jurisprudencia, el presente trabajo argumenta que el ISN tiene al menos siete usos y que el art. 7 de la Ley n.º 21430 puede servir como una norma general y supletoria. Se exponen tres casos: uno que involucra relación directa y regular, una medida de protección y una solicitud de cambio de nombre. En cada instancia, las decisiones se toman conforme al ISN, mediante el uso de distintas normas que permiten que el ISN opere de diversas maneras. El art. 7 de la Ley n.º 21430 incorpora normas para asegurar que las decisiones judiciales se alineen con el ISN en todos los asuntos que involucren a NNA. Respecto a la determinación del ISN en el razonamiento judicial, varias normas hacen referencia al bienestar como criterio. Se sugiere que el bienestar del NNA involucrado es un factor crucial. Para implementar este criterio, se utiliza el concepto de bienestar subjetivo, que permite la aplicación de instrumentos para medir el bienestar del NNA y evitar decisiones perjudiciales para el NNA involucrado.
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LA CLÁUSULA DE CONTRATO COMPLETO O CLÁUSULA DE INTEGRIDAD EN EL DERECHO CONTRACTUAL CHILENO
Este trabajo trata sobre la cláusula de contrato completo en el derecho contractual chileno. Se sostiene que la cláusula de contrato completo tiene por función promover la certeza en los negocios jurídicos, al circunscribir con precisión los términos y condiciones del contrato fundados en la intención común de los contratantes. El efecto jurídico de la estipulación es limitar las declaraciones, promesas y acuerdos vinculantes de los contratantes a lo consignado en el texto del documento contractual, privando de valor para integrar el contrato a todas las declaraciones, acuerdos, promesas y comunicaciones de las partes preliminares y coetáneas a la suscripción de la convención. De manera adicional, se plantea que, a pesar de que su tenor pudiese inducir a asumir algo diferente, la cláusula de contrato completo no tiene incidencia alguna en la definición de los medios de interpretación, en la integración contractual, en la responsabilidad precontractual por declaraciones falsas y en las variaciones o modificaciones contractuales futuras. Por último, se sostiene que la estipulación resulta en general válida, salvo en la contratación con consumidores.
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EL DESARROLLO Y LA CONCRECIÓN DE LA BUENA FE EN LA INTEGRACIÓN DE LOS CONTRATOS
Este trabajo sostiene que la buena fe, en su función de integración de los contratos, puede ser desarrollada y concretizada en reglas más precisas por la ley, la costumbre y los jueces, en un sentido equivalente. De ello da cuenta un análisis pormenorizado de la legislación contractual dispositiva, la costumbre y la definición judicial de los términos implícitos que se integran a los contratos suplementando sus lagunas. Lo indicado plantea la pregunta por la relación jerárquica entre esas tres fuentes de determinación de lo ordenado por la buena fe, pudiendo asumirse que, frente a la existencia de una laguna en el contrato necesitada de suplementación, el juez debe ante todo aplicar la legislación contractual dispositiva y la costumbre, de existir y resultar suficientes para complementar el acuerdo. Solo en defecto de una regla de esa especie, el juez puede formular directamente un término implícito que se incorpora a la convención. Por tanto, la integración contractual por los jueces con fundamento en la buena fe presupone tanto una laguna en el contrato como una laguna en la ley, dando cuenta que al complementar el negocio los mismos suplen y desarrollan no solo el contrato, sino también el Derecho contractual objetivo.
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La capacidad de ejercicio: un análisis crítico de las normas del Código Civil y la necesidad de su modernización, más allá de la interpretación del artículo 12 de la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad
Las normas sobre capacidad dispuestas en nuestro Código Civil y el sistema rígido y dicotómico que éstas amparan requieren de una actualización. En este trabajo pretendemos dar cuenta de la necesidad de revisar el sistema de capacidad de obrar vigente y su adecuación a la realidad (más allá de aquella interpretación sesgada del artículo 12 de la Convención y que prescinde de una lectura civil). Hoy existen mecanismos flexibles que permiten a toda persona, con o sin discapacidad, que presenta dificultades para el ejercicio de sus derechos, actuar válidamente en el ámbito jurídico. Tales modelos buscan promover el respeto, todo cuanto sea posible, de la autonomía de la voluntad, sin que ello implique ni la desprotección de sujetos que son por definición vulnerables, ni la caída del principio de certeza jurídica, ni tampoco una ventaja injusta que les favorezca de manera especial frente a otros contratantes. La reciente reforma del Código Civil español parece dar algunas luces de aquel equilibrio.