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EL BIENESTAR: UN CRITERIO PARA DETERMINAR EL INTERÉS SUPERIOR DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
El concepto del ISN presenta desafíos doctrinales y judiciales en su definición y aplicación. A través de una breve revisión bibliográfica y análisis de jurisprudencia, el presente trabajo argumenta que el ISN tiene al menos siete usos y que el art. 7 de la Ley n.º 21430 puede servir como una norma general y supletoria. Se exponen tres casos: uno que involucra relación directa y regular, una medida de protección y una solicitud de cambio de nombre. En cada instancia, las decisiones se toman conforme al ISN, mediante el uso de distintas normas que permiten que el ISN opere de diversas maneras. El art. 7 de la Ley n.º 21430 incorpora normas para asegurar que las decisiones judiciales se alineen con el ISN en todos los asuntos que involucren a NNA. Respecto a la determinación del ISN en el razonamiento judicial, varias normas hacen referencia al bienestar como criterio. Se sugiere que el bienestar del NNA involucrado es un factor crucial. Para implementar este criterio, se utiliza el concepto de bienestar subjetivo, que permite la aplicación de instrumentos para medir el bienestar del NNA y evitar decisiones perjudiciales para el NNA involucrado.
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LA PRUEBA DE LA CAUSALIDAD ESPECÍFICA: ¿UNA BARRERA INFRANQUEABLE PARA ATRIBUIR RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS DERIVADOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO?
En este artículo argumento que, para superar con éxito la actual imposibilidad de acreditar el nexo causal entre las emisiones de gases de efecto invernadero liberadas por uno o más agentes determinados y los daños ambientales o personales cuya reparación se demande, imputables de forma inmediata a cambios climáticos específicos y, más remotamente, al calentamiento global en que la actividad de aquellos incide, no es suficiente que los tribunales ambientales y los tribunales ordinarios de justicia chilenos usen las presunciones judiciales y trasladen la carga de la prueba a esos agentes, sino que tendrían que modificar de modo radical su comprensión del fundamento y fin de la responsabilidad ambiental y civil, mediante la sustitución de la idea tradicional y determinística de causalidad, basada en la conditio sine qua non, por una noción probabilística, sustentada en la ciencia de atribución climática y en criterios normativos de causalidad, en cuya virtud los emisores sean declarados responsables por daños que con una muy alta probabilidad no produjeron, sino, a lo más, contribuyeron a causar.
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IMPUTACIÓN EN EL ABANDONO DEL PROCEDIMIENTO E INTERPRETACIÓN DE SUS NORMAS
El trabajo analiza una sentencia pronunciada por la Corte Suprema en que el voto de mayoría, con ocasión de un recurso de casación en el fondo, calificó la notificación de la resolución que recibió la causa a prueba a una sola de las partes, como una gestión útil y apta para interrumpir el plazo de seis meses del art. 152 del Código de Procedimiento Civil que regula el abandono del procedimiento. En particular, se examinan los argumentos esgrimidos por el voto de mayoría, cuestionando: i) La invocación del principio pro actione como un motivo para interpretar restrictivamente las normas del abandono del procedimiento; ii) El empleo del criterio de supresión hipotética, en el análisis sobre la utilidad de una gestión; iii) El entendimiento de que un mayor número de partes en un proceso, representa una razón para sostener que no existe una exigencia legal de notificar a todas las partes la interlocutoria de prueba en un plazo de seis meses. Asimismo, se analizan las consecuencias que conllevaría sustentar la posición del voto de mayoría.
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LA AUTORREGULACIÓN ADOPTADA EN CHILE COMO INSTRUMENTO DE MEJORA DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO SOCIETARIO: ANÁLISIS CRÍTICO Y DESAFÍOS PENDIENTES
Chile ha seguido los lineamientos de la OCDE en lo que respecta al BGC, modificando parcialmente su normativa e impulsando procesos de “autorregulación”. El diseño e implementación de esta última ha estado a cargo del organismo regulador (SVS/CMF), que ha dictado distintas NCG (341 en 2012; 385 y 386 en 2015 y 461 en 2021). Los resultados, hasta ahora, han evidenciado el fracaso de estas herramientas, con la excepción de la 461, cuyos productos solo se podrán visualizar a partir de 2023. Esto permite inferir la existencia de un problema, analizar sus razones y efectuar una propuesta de mejora, considerando los desafíos pendientes. El presente artículo presenta un análisis jurídico de esta materia, sin dejar de mencionar los aspectos económicos relacionados.
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LA EVALUACIÓN DE LA SOLVENCIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO COMO MANIFESTACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL CONSUMO Y SU INCIDENCIA EN LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL PRESTAMISTA INCUMPLIDOR
El trabajo analiza y reflexiona respecto de la responsabilidad civil que le cabe al prestamista en caso de incumplimiento de los deberes circunscritos a la evaluación de solvencia del art. 17 N de la LPDC. Para ello, estudia la naturaleza de los deberes establecidos en la norma en su vinculación con el deber de seguridad en el consumo y, a partir de allí, determina el régimen de responsabilidad civil aplicable al caso de incumplimiento, y los alcances que ello presenta en algunos elementos de la respectiva responsabilidad civil.
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COMPATIBILIDAD DE LA ACCIÓN RESOLUTORIA CON LA RESOLUCIÓN CONVENCIONAL
En este texto analizamos un problema jurídico relacionado con la resolución del contrato, la cual puede verificarse en modalidad judicial, que es su tratamiento legal tradicional, el que exige el ejercicio de acción resolutoria y aquella convencional, emanada del acuerdo de las partes bajo una cláusula dispuesta en el contrato. Acá defendemos la tesis de la compatibilidad de la acción resolutoria en la modalidad de resolución judicial, aunque se haya estipulado una cláusula resolutoria. La preferencia por la compatibilidad la basamos en asumir la resolución convencional como una potestad, disponible de manera unilateral para el acreedor, el cual puede por su mera voluntad decidir no ejercerla y optar por la acción resolutoria judicial, la cual se entiende incorporada a todo contrato bilateral, salvo cláusula expresa en contrario.