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EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN EL ÁMBITO DEL DERECHO PRIVADO: UNA APROXIMACIÓN GENERAL Y UNA PARTICULARIZACIÓN DESDE LA ÓPTICA DE LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES
El principio de proporcionalidad, arraigado en nociones de equilibrio y razonabilidad, se enfrenta a desafíos en el plano jurídico dada su formulación equívoca. En el derecho público, por regla general se utiliza para limitar la discrecionalidad del Estado y proteger los derechos de las personas mediante un triple examen de adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Tal análisis no puede ser trasladado sin más al derecho privado, sea porque podría terminar erosionando las lógicas de la autonomía privada, sea porque las relaciones entre particulares no se pueden calificar por la magnitud de la afectación de las políticas públicas respecto a los derechos fundamentales. Al contrario, se debe realizar una ponderación valorativa de los derechos asignados a cada parte, sea que dicho ejercicio lo haga ex ante el legislador o ex post el tribunal. Por ello se propone que, salvo que exista una reconducción expresa o implícita al sentido constitucional del principio, el balance entre los derechos de los particulares debe ser observado a partir de criterios que son propios del derecho privado, como las buenas costumbres y la buena fe. Para estos efectos, también se postula que en el derecho de consumo solo se observa una particularización de estas reglas, pero ello no resta que sus fundamentos pueden ser observados en otras relaciones de derecho privado, ahí donde se constate una debilidad de una de las partes, de modo que el principio de proporcionalidad, sustentado en ideas propias de la esfera iusprivatista, también sirve como un elemento corrector.
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La reparación por violaciones a derechos fundamentales: ¿es necesario un reconocimiento constitucional expreso? Una mirada desde la reparación del daño en la responsabilidad civil
En medio del debate de una nueva Carta Fundamental, este trabajo reflexiona acerca de la eventual incorporación de una norma de rango constitucional que, con mayor o menor amplitud, establezca el deber de reparación ante una violación de derechos fundamentales, como ya ocurre en el entorno constitucional latinoamericano, a fin de evaluar si ello es necesario en materia de resarcimiento del daño. El propósito de mirar de cerca las modalidades que adopta la reparación del daño que se padece por la vulneración de un derecho fundamental, es demostrar que los estándares del derecho de los derechos humanos y el derecho de la responsabilidad civil, se pueden complementar en forma armónica, especialmente en caso de que sea el Estado o sus agentes los causantes de dicha vulneración.
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El derecho a la alimentación adecuada en Chile y su necesaria consagración como derecho fundamental en la nueva Constitución chilena
En el marco del proceso constituyente en Chile, este artículo aborda los argumentos históricos, fácticos y de derecho internacional de los derechos humanos que justifican la incorporación del derecho a la alimentación adecuada como un derecho autónomo en la nueva Constitución. Luego, el cuerpo de este texto evalúa el impacto de esta nueva garantía constitucional en el derecho privado chileno, con especial énfasis en lo que respecta al derecho a la información veraz y oportuna en las relaciones de consumo de alimentos y bebidas. El texto argumenta que, en última instancia, la consagración constitucional de este derecho permitirá extender las normas vigentes sobre información veraz y adecuada en el consumo de alimentos y bebidas, contribuyendo a una mejor garantía de otros derechos humanos relacionados con la alimentación, tales como el derecho a la salud.
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DE NUEVO SOBRE EL ART. 2332 DEL CC Y EL DIES A QUO DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL
Este comentario analiza la sentencia de la Corte Suprema que retorna a la antigua interpretación literal del art. 2332 del CC, determinando que el plazo de prescripción de la acción de la responsabilidad civil extracontractual se computa desde “la perpetración del acto” y no desde el daño, su manifestación o conocimiento por la víctima. Se demuestra que, para resolver el caso en el mismo sentido, esto es, para declarar prescrita la acción, no era necesario recurrir a la abandonada interpretación, sino que bastaba con constatar que el daño se había producido de forma simultánea con el hecho causal, de modo que la genuina discusión radicaba en determinar si era necesario que la víctima tomara conocimiento del ilícito para dar inicio al cómputo del plazo de prescripción.
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Regulación constitucional y legal de la propiedad sobre el derecho de aprovechamiento de aguas: tensiones actuales y propuestas para su modificación
El presente artículo ilustra los aspectos patrimoniales a los que se encuentra sometido el derecho de aprovechamiento de aguas en la lógica constitucional y los efectos que, de dicha propietarización, se irradian en la legislación de aguas. De este modo, el objetivo de este trabajo es demostrar cuáles son los alcances del dominio sobre el derecho de aprovechamiento y hasta qué punto dicha institución se puede encuadrar dentro de la lógica patrimonial privada del derecho común. Asimismo, analizaremos cómo las modificaciones propuestas al contenido del derecho de aprovechamiento pueden tensar –hasta fracturar– la vinculación de dicha titularidad con las categorías de la propiedad civilmente regulada.
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Daño material por expropiación, más allá del costo de reposición del bien expropiado. Comentario al caso Inmobiliaria Alameda S.A. con Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano, Corte Suprema, 2020
El presente trabajo comenta una sentencia de la Corte Suprema y discurre acerca del contenido de la indemnización expropiatoria, respecto del daño material; con la finalidad de constatar que este no queda restringido a la compensación económica por la pérdida del bien, sino que, en virtud de la regla constitucional, comprende también toda otra consecuencia patrimonial dañosa efectiva causada al propietario, a consecuencia directa e inmediata de la expropiación.
Así, en el caso de una expropiación parcial, además del costo de reposición del bien expropiado, la indemnización puede abarcar el costo del daño material ocasionado a las edificaciones existentes en la fracción no expropiada de un inmueble, en tanto se verifique como una consecuencia inmediata y directa de la expropiación, y la ulterior concreción de las obras que motivan el acto ablatorio.