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RESPONSABILIDAD ASEGURABLE EN EL DERECHO CHILENO
Este artículo forma parte de una investigación sobre el seguro de responsabilidad en Chile, que se encuentra en preparación, y que está a cargo de los profesores Osvaldo Contreras, Carlos Pizarro y Mauricio Tapia. El propósito de este artículo es revisar sintéticamente los tipos de responsabilidad que es posible asegurar en el Derecho nacional, delineando de esta forma una noción de “riesgo asegurable” para este tipo particular de seguro. Con tal objeto, la primera parte de la exposición se pronuncia sobre los tipos de responsabilidad que es imposible asegurar o que generalmente se encuentran excluidas de las pólizas más utilizadas en la práctica (multas, deudas contractuales, cláusula penal y la responsabilidad contractual en ciertas hipótesis). La segunda parte, se detiene en el examen detallado de los tipos de responsabilidad civil extracontractual que es factible asegurar en Chile (por el hecho propio, por el hecho ajeno, por el hecho de las cosas y por responsabilidad estricta).
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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA PROHIBICIÓN DEL PACTO COMISORIO Y EL PACTO MARCIANO
La prohibición del pacto comisorio es una de las instituciones más antiguas del Derecho Privado de garantías, cuyos orígenes se remontan al Derecho Romano. Ahora bien, el estudio de las normas que la consagran demuestra que su disciplina jurídica no expresa adecuadamente sus fundamentos dogmáticos. En efecto, la prohibición de la lex commisoria, destinada a impedir que el acreedor se aproveche de su deudor y encubra préstamos usurarios, no se condice con la prohibición absoluta, tanto del pacto comisorio ex intervallo como de su modalidad de pacto marciano. Una vez que el contrato de crédito ha sido celebrado, el riesgo se desplaza al acreedor, por lo que la protección del interés del deudor por esta vía ya no se justifica.
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COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS: EL DEBER DE RENEGOCIACIÓN EN CASO DE EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVENIDA
El trabajo analiza desde la perspectiva del Derecho Uniforme contenido en la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, la existencia del deber de renegociar el contrato en caso de hardshipo excesiva onerosidad sobrevenida, sobre la base de la aplicación de los Principios UNIDROIT sobre Contratos Comerciales Internacionales por la vía del artículo 7.2 de la Convención, que regula los mecanismos de integración de la misma. Se concluye la conveniencia de tal interpretación, la cual constituye, además, una alternativa interesante para el Derecho nacional en la materia.
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LA EMPRESA FAMILIAR O EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA: MECANISMOS QUE PERMITAN SU CONTINUIDAD A LA MUERTE DE SU TITULAR A LA LUZ DEL DERECHO SUCESORIO CHILENO
En Chile, por aplicación del principio de intangibilidad de la legítima, el causante tiene ciertos inconvenientes para disponer de sus bienes a través del testamento, acudiendo, en algunos casos, a otras instituciones, fuera de dicho acto jurídico, para planificar su sucesión. Ello tiene relevancia cuando el de cujus es titular de una empresa familiar o explotación agropecuaria. El trabajo demostrará las diversas dificultades que tiene el causante para poder disponer de dicha unidad económica en favor de un legitimario, a objeto de mantener la continuidad de la misma, lo que, en muchos casos, pudiera llevar a la extinción o fraccionamiento de esa unidad. Por ello, se propon- drán ciertos mecanismos que permitan una adecuada conservación de la empresa familiar o explotación agropecuaria a la muerte de su titular, pero protegiendo de manera adecuada los derechos sucesorios de los legitimarios. -
LA DEUDA POR OBLIGACIÓN CONSTITUIDA A TRAVÉS DE CRÉDITO CON AVAL DEL ESTADO NO CONSTITUYE EXCEPCIÓN AL DISCHARGE EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CHILENO
Con base en un estudio dogmático de los fundamentos y justificaciones del fresh start y las excepciones al discharge, y tras un análisis crítico de la sentencia de la Corte Suprema, rol n.º 4656-2017, de 9 de mayo de 2017, que excluye del ámbito de aplicación del discharge de la ley n.º 20720 a todas las deudas de obligaciones contraídas a través de créditos con aval del estado, proponemos un criterio que, comprendiendo una correcta interpretación y consecuente armonización de las normas, otorga certeza jurídica a los deudores y soluciona el problema de relevancia jurídico social que el razonamiento de la Corte conlleva.
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