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¿ES POSIBLE APLICAR EL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO AL CONTRATO Y AL DERECHO DEL CONSUMO?
El presente artículo pretende justificar la aplicación del AED, tanto al derecho chileno de los contratos como al derecho del consumo, a través de los principios de buena fe y de protección del consumidor. Este trabajo pone de relevancia la aplicación del principio de eficiencia como un criterio relevante en materia de contrato y, sobre todo, con relación al derecho del consumo. A pesar de que la justificación de la aplicación del AED a los contratos y al derecho del consumo es la misma, su aplicación es diferente. De este modo, el AED se aplicaría al derecho contractual a través del principio de la buena fe o de la teoría de las cláusulas generales, reconociendo al principio de eficiencia como un principio contractual, y al derecho del consumo a través del principio proconsumidor.
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TRES RAZONES PARA LA UTILIZACIÓN DE LA EFICIENCIA EN EL DERECHO PROCESAL CONCURSAL
En este artículo exploro tres razones por las cuales el Derecho Procesal Concursal es uno de los subconjuntos normativos donde tienen aplicación las consideraciones de eficiencia del análisis económico del Derecho. Para tal efecto, nos centraremos en el examen de las necesidades de pago de créditos que originan un procedimiento concursal. Al respecto, el Derecho Procesal Concursal buscará incrementar la riqueza existente con miras a satisfacer esas necesidades. En ese contexto, el Derecho Procesal Concursal posee una serie de instrumentos que persiguen incrementar la masa activa; asimismo, respeta en lo indispensable las reglas de titularidad de créditos (en lo necesario para enfrentar el problema de acción colectiva de los acreedores que surge con la insolvencia) y, finalmente, permite justificar la eficiencia en las preferencias de los mismos sujetos participantes del procedimiento concursal.
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BUENA FE, EL REVERSO DE LA MONEDA. A PROPÓSITO DEL DOLO POR OMISIÓN Y EL DEBER PRECONTRACTUAL DE INFORMAR
La ignorancia durante la formación de un contrato es lesiva para quien la sufre y, agregativamente para la sociedad en su conjunto. Una persistente miopía ha determinado a considerar, en sede jurídica, este problema como uno de vicios del consentimiento. La protección de la voluntad es uno de los criterios que deben considerarse para la asignación del riesgo de la defectuosa información, pero, desde luego, no el único. Es posible y útil distinguir los criterios que se utilizan según si consideran o no los incentivos para la producción y utilización de información.
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MECANISMOS DE PROTECCIÓN A LOS ACREEDORES DE UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA INFRACAPITALIZADA. ANÁLISIS CRÍTICO Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN
El presente estudio se enfoca en determinar si es posible (y deseable) construir un deber implícito de adecuada capitalización como contrapartida a la limitación de responsabilidad de los socios, especialmente al tiempo en que las soluciones comparadas han crecientemente desarticulado la función de garantía del capital. Aun cuando pueda apreciarse la necesidad de protección de los acreedores en razón de la traslación del riesgo que producen tales reglas, consideramos que tal deber solo sería posible en la medida en que pudiese determinarse la existencia de deberes fiduciarios de los socios y de la administración a favor de los acreedores, mediados o no por la sociedad deudora, y que ellos devienen de la proximidad de la insolvencia en escenarios de infracapitalización. Sin embargo, la eficiencia de las soluciones legales que se estructuren en torno a dicho deber podrá ser puesta en entredicho en la medida en que, por una parte, se ha debilitado la función de garantía del capital social y, por la otra, la ciencia económica no ha llegado a acuerdo sobre la adecuada conformación del capital, amenazando la certeza jurídica y destruyendo la justificación misma de las reglas de limitación de responsabilidad basadas en las ventajas sociales vinculadas a ellas.
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EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN EN CHILE. ANÁLISIS ECONÓMICO Y JURISPRUDENCIAL
Los contratos de construcción, y en especial aquellos de suma alzada, están diseñados no solo para traspasar el riesgo de precio desde el mandante hasta el contratista, que es la parte que está en mejor posición para evaluar y controlar dicho riesgo, sino que para eliminar o mitigar los problemas que surgen de la asimetría de información entre los contratantes, incluyendo los fenómenos conocidos como selección adversa y riesgo moral. Si dichos fenómenos son efectivamente controlados, se puede concluir que este tipo de contratos tenderá a promover la eficiencia del mercado, reducirá los costos de transacción y maximizará los denominados excedentes sociales de la cooperación. La medida en que estos diseños contractuales alcanzan sus objetivos depende, en definitiva, del valor que en los hechos la jurisprudencia les reconozca. Analizada la jurisprudencia reciente de los tribunales superiores de justicia chilenos, se puede concluir que, en general, los jueces tienden a respetar y aplicar estos mecanismos contractuales.