Resultados de la búsqueda
Resultados de la búsqueda
-
DIVORCIOS TRANSFRONTERIZOS Y COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL: LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO ESPAÑOL
Los divorcios internacionales son más numerosos cada día. En no pocas ocasiones existe un especial interés de las partes litigantes en presentar la demanda ante los tribunales de un determinado Estado, adquiriendo especial relevancia el fenómeno del forum shopping cuya finalidad es procurarse el foro más favorable, en particular en cuanto a la ley aplicable. En la actualidad en la Unión Europea la determinación de la competencia judicial relativa a divorcios internacionales se regula en el reglamento 2201/2003. Su artículo 3.º contiene un amplio número de foros al efecto. La aplicación de este reglamento ha relegado a un segundo plano la norma interna española contenida en el artículo 22 de la ley orgánica del poder judicial. El Tribunal Supremo ha resuelto controvertidas cuestiones en torno al referido instrumento y la determinación de la competencia judicial internacional de los tribunales españoles en materia de divorcio.
-
EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN POR MUERTE DE LAS PAREJAS ESTABLES EN LOS ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
Los accidentes de circulación provocan anualmente muchas muertes y dejan víctimas con derecho a percibir una indemnización. De no ser porque estos accidentes están cubiertos por un seguro de responsabilidad civil de carácter obligatorio, se aplicarían las reglas generales que, en materia de responsabilidad extracontractual, han ido perfilando los tribunales de justicia, hacia la teoría de las indemnizaciones ex iure proprio. Pero el legislador ha considerado necesario controlar el excesivo importe de las indemnizaciones para abaratar los costos del seguro obligatorio y lo ha hecho mediante un insólito sistema: el establecimiento de un baremo vinculante que tasa no sólo las cuantías de las indemnizaciones sino, también, las personas con derecho a ser indemnizados. Estos “perjudicados tabulares” distan de constituir un conjunto claro y preciso de personas, sobre todo si tenemos en cuenta la vertiginosa evolución que, en España, ha sufrido la palabra ‘cónyuge’, después de las reformas del matrimonio por leyes 13/2005 y 15/2005, así como por el nuevo régimen autonómico de las parejas no casadas. En este trabajo hemos expuesto someramente el estado de estas cuestiones en el Derecho español, en sus tres vertientes implicadas en el problema: el Derecho de Daños, el Derecho de Seguros, y el Derecho de Familia.
-
PARA UNA RECEPCIÓN CRÍTICA DE LA CADUCIDAD
La caducidad es una figura de importación reciente, de aquéllas cuyo funcionamiento no siempre satisface al operador del Derecho. Este artículo explora los orígenes de la caducidad para, luego, examinar el estado de la recepción de la institución. Con estos antecedentes, se pretende proponer un tipo jurídico de caducidad adecuado a nuestro Derecho. Sustancialmente, se difiere del concepto tradicional de caducidad, al sugerir la adopción de la distinción entre aquélla impuesta a propósito de derechos disponibles, y la impuesta respecto de derechos indisponibles. Además, se afirma que sólo son elementos esenciales del concepto la declaración de oficio y la imposibilidad de interrumpir el plazo de caducidad. Con esto, la figura de la caducidad puede recibirse en forma fiel a su elaboración original y adecuada a nuestra cultura jurídica.
-
EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES DE PUBLICIDAD DE PACTOS RELATIVOS A LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES EN SOCIEDADES ANÓNIMAS: ESTADO DE LA CUESTIÓN Y NUEVA PROPUESTA
En este trabajo se indaga el sentido de la oponibilidad que surten las formalidades de publicidad que la ley chilena sobre sociedades anónimas exige a los pactos de accionistas sobre cesión de acciones. Luego de revisar críticamente la literatura y jurisprudencia nacionales, se argumenta que la anotación del pacto en el registro de accionistas y su depósito en la compañía suponen en la práctica poca publicidad, coherente con que, en el resto de la ley, el registro de accionistas carece de proyección hacia terceros, como sería un cesionario de acciones. De este modo, la oponibilidad prevista en la norma no tiene un alcance distinto de la oponibilidad del derecho común: imponer la existencia del contrato –no su obligatoriedad– como parte de la realidad jurídica.
-
Constitución y propiedad intelectual: un nuevo marco para balancear la creación y acceso al conocimiento
La norma constitucional actual sobre propiedad intelectual (art. 19 n.° 25) es deficitaria porque es opaca respecto a los objetivos económicos y sociales de dicha especie de propiedad. Por ello y en atención al crecimiento de la economía de base intangible en el siglo xxi, resulta necesario y oportuno diseñar una nueva norma constitucional que no se remita de forma irreflexiva a la regla general sobre propiedad, de modo de reflejar el carácter instrumental de la propiedad intelectual, en tanto herramienta para solucionar la falla de mercado del “bien público” que afecta a los bienes que son su objeto (de carácter no-rival y no-excluible). Así, una nueva norma constitucional debería fundarse en la promesa de la propiedad intelectual, a saber: optimizar el equilibrio entre creación y acceso al conocimiento, proveyendo de ese modo un marco general para que el legislador, los organismos públicos y los adjudicadores puedan luego actualizar dicho equilibrio en consideración al estado de desarrollo del país. En el artículo se propone un texto de norma constitucional que puede ser justificado en términos ralwsianos, es decir, desde un escenario hipotético de “posición original”. Además, se explica que el texto propuesto no se agota en una mera declaración programática, enunciando así qué tipo de efectos concretos puede producir en el ordenamiento jurídico.
-
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL SISTEMA DE SALUD, MEDIACIÓN Y ARBITRAJE EN UN CONTEXTO INSTITUCIONAL
El trabajo describe los mecanismos de resolución de conflictos de carácter civil que fueron creados por la reforma al sistema de salud conocida bajo la sigla AUGE. Estas reformas incluyen fórmulas de mediación y arbitraje que se han instalado y que representan un segmento importante del conjunto de los conflictos de carácter civil que se resuelven en el país. También se plantean algunos problemas que los nuevos sistemas presentan en relación con los valores que el sistema de justicia civil busca promover. Lo más preocupante del proceso de reemplazo del proceso civil y del sistema judicial por este tipo de mecanismos está en la falta de importancia que el Estado chileno parece atribuir al mismo y la perdida de algunos valores básicos del mismo, en especial los vinculados a la publicidad de su funcionamiento.