Resultados de la búsqueda
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UNA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL DEL DAÑO Y SU IMPORTANCIA EN EL DIES A QUO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EN LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. UNA PROPUESTA NECESARIA RESPECTO DEL ARTÍCULO 2235 DEL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO
En el derecho ecuatoriano, el artículo 2235 del Código Civil ofrece una respuesta respecto a la contabilización de la prescripción de la acción en la responsabilidad extracontractual. No obstante, la regla genera una discusión cuando se habla de determinados casos que no están cobijados ni amparados por la interpretación clásica que da la norma. La solución fundacional comprende que el cómputo de la prescripción tiene lugar desde la verificación del hecho ilícito, entendiendo que, en ese momento se ha perpetrado el acto. Sin embargo, esta postura no contempla la importancia de la existencia del elemento daño, ni de las formas en las que éste se manifiesta, en especial, el perjuicio oculto y continuado. Esto genera que exista un conflicto entre la regla general de que todo daño resarcible debe ser indemnizado y la seguridad en las relaciones jurídicas que busca la prescripción. En este sentido, es preciso delimitar el concepto de daño resarcible, además de entender y conocer cómo han sido concebidos los distintos tipos de menoscabos según su consumación en el tiempo desde la óptica jurídica ecuatoriana. Con esto se podrá analizar la prescripción y cómo han actuado la jurisprudencia y el derecho comparado en estos casos, donde se puede afirmar, que ya existe una solución que determine el inicio de la prescripción en casos de daño oculto y continuado. De esta forma, se propondrá una solución actual para el comienzo de la prescripción en el Ecuador.
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ACERCA DE LAS OBLIGACIONES QUE SURGEN DEL MATRIMONIO EN ECUADOR: ¿EN REALIDAD TIENEN FUENTE CONTRACTUAL?
Mientras que la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Gestión de la Identidad y Datos Civiles definen al matrimonio como una unión, el CC lo etiqueta como un contrato solemne. Más allá del rótulo que tanto el constituyente como el legislador optaron por asignarle, pretendemos profundizar en el análisis de su supuesta fisonomía contractual a la luz de la teoría de las obligaciones. Concluimos que, si bien el matrimonio podría encasillarse en la noción de contrato dirigido o de contenido forzoso, en realidad no es tal en cuanto la fuente de sus obligaciones no es contractual, sino exclusivamente legal. El matrimonio es un negocio jurídico que se limita a modificar el estado civil de las personas y solo como consecuencia de aquel nuevo estatus es que los cónyuges adquieren obligaciones, de fuente legal. Por último, se levanta del interrogante sobre si acaso el vínculo matrimonial se encamina hacia un régimen que permita a los contrayentes, maximizando el principio de la autonomía de la voluntad, configurar el vínculo con más libertad.
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EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN EL ÁMBITO DEL DERECHO PRIVADO: UNA APROXIMACIÓN GENERAL Y UNA PARTICULARIZACIÓN DESDE LA ÓPTICA DE LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES
El principio de proporcionalidad, arraigado en nociones de equilibrio y razonabilidad, se enfrenta a desafíos en el plano jurídico dada su formulación equívoca. En el derecho público, por regla general se utiliza para limitar la discrecionalidad del Estado y proteger los derechos de las personas mediante un triple examen de adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Tal análisis no puede ser trasladado sin más al derecho privado, sea porque podría terminar erosionando las lógicas de la autonomía privada, sea porque las relaciones entre particulares no se pueden calificar por la magnitud de la afectación de las políticas públicas respecto a los derechos fundamentales. Al contrario, se debe realizar una ponderación valorativa de los derechos asignados a cada parte, sea que dicho ejercicio lo haga ex ante el legislador o ex post el tribunal. Por ello se propone que, salvo que exista una reconducción expresa o implícita al sentido constitucional del principio, el balance entre los derechos de los particulares debe ser observado a partir de criterios que son propios del derecho privado, como las buenas costumbres y la buena fe. Para estos efectos, también se postula que en el derecho de consumo solo se observa una particularización de estas reglas, pero ello no resta que sus fundamentos pueden ser observados en otras relaciones de derecho privado, ahí donde se constate una debilidad de una de las partes, de modo que el principio de proporcionalidad, sustentado en ideas propias de la esfera iusprivatista, también sirve como un elemento corrector.
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LA REAJUSTABILIDAD DE LA CONDENA JUDICIAL A UNA SUMA DE DINERO EN SEDE CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL. UN ANÁLISIS DOGMÁTICO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMA Y VALOR Y UN ESTUDIO EMPÍRICO DEL COMPORTAMIENTO JUDICIAL
El objetivo de este trabajo es explicar la asimetría de las decisiones judiciales relativas a la fecha del devengamiento de la reajustabilidad de la condena a una suma de dinero, ya sea que provenga de un incumplimiento contractual o de responsabilidad extracontractual usando conceptos dogmáticos y herramientas de la teoría del derecho. Sin fundarse en estos, la práctica judicial asume en la interpretación del derecho vigente las categorías de las obligaciones de suma y de valor y de estar obligado y ser responsable. Para ello se analizan setenta y una sentencias de casación de la Primera Sala de la Corte Suprema elegidas al azar y dictadas entre el 2008 y 2023. Todas condenan al pago de una suma de dinero, ya sea como indemnización de perjuicios (contractual o extracontractual) o a la devolución de dinero por sumas adeudadas, pero asumen diferentes criterios sobre la época del devengamiento del reajuste concedido. A pesar de la disparidad de criterios, existe, en términos gruesos, cierta uniformidad, la que es coherente con la dogmática que distingue entre obligaciones de suma y de valor. Este trabajo pretende mostrar que esa coherencia no es producto del azar, sino que la judicatura adopta decisiones que reflejan dichas categorías dogmáticas al interpretar el derecho. Se pretende colaborar con el desarrollo efectivo de una práctica de seguimiento de precedentes, imprescindible en un Estado de derecho, mostrando su necesidad y posibilidad.
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AUTOCONTRATO EN BENEFICIO DEL MANDATARIO Y EXTRALIMITACIÓN DE LA VOLUNTAD (PRESUNTA) DEL MANDANTE
Este comentario analiza el caso de un mandatario que se vale de los términos amplios del encargo recibido para perjudicar a su mandante en su propio beneficio. En lugar de admitir que su actuar queda subsumido en la letra del contrato, la Corte Suprema recurrió a la voluntad presunta del mandante, según la cual no habría estado dispuesto a obligarse en términos tan desventajosos. Si bien se trata de un criterio que contribuye a reprimir casos frecuentes de abuso de las facultades del mandatario, el recurso a una voluntad presunta resulta demasiado difuso y supone un riesgo para la seguridad jurídica. El presente comentario propone, en su lugar, distinguir los casos en que el mandatario realiza un mal negocio dentro de los límites del encargo de aquellos en los que este instrumentaliza de mala fe el alcance de sus facultades en su propio beneficio.
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La reparación por violaciones a derechos fundamentales: ¿es necesario un reconocimiento constitucional expreso? Una mirada desde la reparación del daño en la responsabilidad civil
En medio del debate de una nueva Carta Fundamental, este trabajo reflexiona acerca de la eventual incorporación de una norma de rango constitucional que, con mayor o menor amplitud, establezca el deber de reparación ante una violación de derechos fundamentales, como ya ocurre en el entorno constitucional latinoamericano, a fin de evaluar si ello es necesario en materia de resarcimiento del daño. El propósito de mirar de cerca las modalidades que adopta la reparación del daño que se padece por la vulneración de un derecho fundamental, es demostrar que los estándares del derecho de los derechos humanos y el derecho de la responsabilidad civil, se pueden complementar en forma armónica, especialmente en caso de que sea el Estado o sus agentes los causantes de dicha vulneración.