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APLICACIÓN DE LAS NORMAS CONTENIDAS EN LA LEY N.º 19496 A COMUNICACIONES DE NATURALEZA PUBLICITARIA EMITIDAS POR LÍDERES DE OPINIÓN O INFLUENCERS
El presente trabajo tiene por objetivo analizar la aplicación de las normas contenidas en la Ley n.º 19496 sobre protección de los derechos de los consumidores a los denominados “lideres de opinión” o influencers, en especial dos supuestos infraccionales, la falta de información y la publicidad engañosa. Así, se describe de manera preliminar el ámbito de aplicación o la relación de consumo, compuesta por el proveedor de bienes o servicios, el líder de opinión o influencer y el consumidor. Luego, se da paso al estudio de las principales normas aplicables en esta materia, nos referimos al art. 3.o letra a) sobre libre elección, 3.o letra b) sobre información veraz y oportuna y, por último, el artículo 28 sobre publicidad engañosa. De la mano de legislación nacional y comparada, estudio de casos y doctrina, se construyen obligaciones particulares o deberes de conductas específicos para este tipo de sujetos, conforme a su estándar de profesionalidad y asignando responsabilidad civil o infraccional según corresponda. Por último, se analizan las acciones que otorga la ley por la inobservancia o incumplimiento de dichas obligaciones.
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El derecho a la alimentación adecuada en Chile y su necesaria consagración como derecho fundamental en la nueva Constitución chilena
En el marco del proceso constituyente en Chile, este artículo aborda los argumentos históricos, fácticos y de derecho internacional de los derechos humanos que justifican la incorporación del derecho a la alimentación adecuada como un derecho autónomo en la nueva Constitución. Luego, el cuerpo de este texto evalúa el impacto de esta nueva garantía constitucional en el derecho privado chileno, con especial énfasis en lo que respecta al derecho a la información veraz y oportuna en las relaciones de consumo de alimentos y bebidas. El texto argumenta que, en última instancia, la consagración constitucional de este derecho permitirá extender las normas vigentes sobre información veraz y adecuada en el consumo de alimentos y bebidas, contribuyendo a una mejor garantía de otros derechos humanos relacionados con la alimentación, tales como el derecho a la salud.
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Exclusión del derecho de desistimiento en contratos en línea con consumidores en caso de bienes desprecintados tras la entrega, no aptos para ser devueltos por razones de protección de la salud o higiene
El derecho a desistir del contrato adquiere especial relevancia en la actualidad en la contratación de bienes y servicios entre empresarios y consumidores, en particular en la contratación en línea. En el ordenamiento jurídico español, tal derecho es reconocido en el real decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. No obstante, entre las exclusiones al ejercicio de este derecho, se contempla el caso del suministro de bienes precintados no aptos para ser devueltos por razones de protección de la salud o de higiene y que hayan sido desprecintados tras la entrega. En el presente trabajo analizamos los elementos de tal exclusión, ineptitud del bien para ser devuelto, características del “precinto”, así como la información que ha de aportarse al consumidor para que opere la exclusión, a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 27 de marzo de 2019, asunto C681/17, que admite el ejercicio por un consumidor del derecho de desistimiento en caso de compra en línea de un colchón que desprecinta para su prueba.
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El propósito persuasivo de la publicidad y sus peligros en el ámbito del crédito al consumo
Las decisiones de los consumidores responden a estímulos. Estos pueden ser condicionados por medio de una variedad de herramientas y, conforme a ellas, alterar los gustos y preferencias. El escaso tratamiento de los ordenamientos de consumo sobre esta materia, usualmente centrados en los estándares de claridad y veracidad de la publicidad, desatienden que esta puede persuadir al consumidor a tomar decisiones subóptimas. En la órbita del crédito al consumo, ello puede comprobarse si se observa el énfasis dado por el legislador a la transmisión de un cierto contenido informativo en la publicidad (dado por el costo financiero de la operación), pero que, carente de una regulación que atienda a los problemas derivados de la racionalidad imperfecta de los individuos, constituye una herramienta tutelar insuficiente. La tendencia a destacar los elementos positivos del consumo, desplazando los que envuelven algún grado de sacrificio, alientan a las personas a buscar financiamiento para consumos innecesarios o en condiciones que pueden resultarle perjudiciales, derivando, en los casos más extremos, en situaciones de sobreendeudamiento.
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BASES PARA LA PRIVATIZACIÓN DEL DERECHO CONCURSAL
La “privatización del Derecho Concursal” es un concepto equívoco. No sólo da la idea de que hay un enfoque que atiende exclusivamente a los intereses particulares sino que despoja a la autoridad de toda forma de control. En este sentido, creemos necesario reconducir el término hasta entender que aquél implica una nueva jerarquización de los intereses implícitos ante el fenómeno de la insolvencia, situando la finalidad distributiva en el punto focal (subordinando a ella los demás fines del Derecho Concursal) y advirtiendo que serán los propios interesados (principalmente, los acreedores) quienes lograrán negociar un resultado más eficiente, medido en razón de la maximización de sus posibilidades de cobro. Entonces, el Derecho Concursal debe ser redimensionado a efectos de crear estructuras que permitan la coordinación de los derechos de crédito (únicas normas que, en tanto estructurales, deben ser imperativas) e incentivando el acuerdo, como paradigma de la autonomía negocial, por medio de la disminución de los costos de transacción y el tratamiento de las asimetrías informativas.