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LA RECEPCIÓN DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN EN EL DERECHO CHILENO
Una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago ofrece novedosos argumentos para aplicar de oficio la teoría de la imprevisión. Cuestión novedosa que va en contra de la jurisprudencia mayoritaria en virtud de la excepcionalidad de esta institución. De seguirse tal práctica judicial, la seguridad jurídica podría verse afectada y, por consiguiente, la fuerza obligatoria de los contratos como regla general. La Corte desarrolla fundamentos que refutan el carácter absoluto de la fuerza obligatoria de los contratos y la inviabilidad de la imprevisión siempre que las partes soliciten su aplicación. A pesar de aquello, esta conducta poco común en la materia por parte de un tribunal de justicia constituiría un peligro para la seguridad jurídica desde la perspectiva de las partes y del tercero imparcial.
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OTRA VEZ EL DAÑO: CRITERIOS DE DETERMINACIÓN DEL DAÑO EN CHILE Y SU ENTENDIMIENTO EN LA JURISPRUDENCIA
Resulta indiscutido que el daño es el elemento central de la responsabilidad civil. Así, este artículo muestra la forma en que la legislación ha optado por no definirlo mientras que la doctrina chilena ha pasado por alto su problematización, prefiriendo abordar su ámbito práctico, clasificándolo, caracterizándolo y luego reflexionando en torno a sus formas de cuantificarlo en dinero. Pero desde la óptica de la filosofía del derecho y la justicia correctiva, resulta relevante evidenciar esta paradoja de que el principal elemento de la responsabilidad civil sea infraproblematizado y, por su parte, dotarlo de más contenido gracias a las teorías comparativistas o no comparativistas abordadas por la doctrina comparada, para con ello examinar la necesidad de un concepto unívoco del daño, ante el surgimiento de nuevos tipos. Finalmente, se intentará ilustrar cómo estas herramientas podrían mejorar la práctica tanto de litigantes como el propio razonamiento judicial al incluir mayor claridad a su motivación.
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FUNDAMENTO Y RÉGIMEN DE LA VINCULACIÓN ENTRE EL TERCERO PERJUDICADO Y EL ASEGURADOR VOLUNTARIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL: UNA CUESTIÓN DE DERECHO PRIVADO
Con la reforma al Derecho del contrato de seguro, surgió la discusión sobre la incorporación de la acción directa contra el asegurador al seguro voluntario de responsabilidad civil en Chile. Los puntos de vista se polarizaron en posiciones a favor o en contra, pero gran parte del debate discurrió desde una perspectiva de justicia distributiva. Este trabajo pretende demostrar que las razones para vincular al tercero perjudicado con el asegurador son razones de Derecho Privado, es decir, de justicia correctiva. Lo anterior otorga parámetros para el análisis de los mecanismos que alteran la relatividad del contrato de seguro de responsabilidad civil. Asimismo, permite comprender con mayor precisión cuál es el sentido dogmático de la acción de cobro al tercero perjudicado que, finalmente, se recogió en la legislación nacional, al posicionarla como una opción entre los dos extremos posibles (absoluta ajenidad del tercero o acción directa). La comprensión del sentido de la acción de cobro reconocida en la legislación nacional dentro del contexto de otras opciones, facilita la labor de construcción de su régimen jurídico y, en particular, del sistema de excepciones.
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LA PRUEBA DE LA CAUSALIDAD ESPECÍFICA: ¿UNA BARRERA INFRANQUEABLE PARA ATRIBUIR RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS DERIVADOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO?
En este artículo argumento que, para superar con éxito la actual imposibilidad de acreditar el nexo causal entre las emisiones de gases de efecto invernadero liberadas por uno o más agentes determinados y los daños ambientales o personales cuya reparación se demande, imputables de forma inmediata a cambios climáticos específicos y, más remotamente, al calentamiento global en que la actividad de aquellos incide, no es suficiente que los tribunales ambientales y los tribunales ordinarios de justicia chilenos usen las presunciones judiciales y trasladen la carga de la prueba a esos agentes, sino que tendrían que modificar de modo radical su comprensión del fundamento y fin de la responsabilidad ambiental y civil, mediante la sustitución de la idea tradicional y determinística de causalidad, basada en la conditio sine qua non, por una noción probabilística, sustentada en la ciencia de atribución climática y en criterios normativos de causalidad, en cuya virtud los emisores sean declarados responsables por daños que con una muy alta probabilidad no produjeron, sino, a lo más, contribuyeron a causar.
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NO RENOVACIONES DE MATRÍCULAS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON TRASTORNO DE DÉFICIT ATENCIONAL E HIPERACTIVIDAD: UNO DE LOS PROBLEMAS QUE DEBE RESOLVER una educación verdaderamente inclusiva
El presente comentario analiza una sentencia relativa a un conflicto educacional de particular importancia, como lo es la no renovación, por parte de los establecimientos educacionales, de las matrículas de los estudiantes que tienen un trastorno de déficit atencional e hiperactividad por mal comportamiento. Luego de indicar las características del mencionado trastorno que tienen influencia en el ámbito académico, y teniendo en vista los requerimientos emanados del principio del interés superior del niño, niña o adolescente, se trata, en primer lugar, la actitud que deben adoptar los establecimientos educacionales respecto de los estudiantes que presenten un trastorno de déficit atencional e hiperactividad y, con posterioridad, el papel que deben asumir los progenitores.
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PRUEBA LEGAL Y BÚSQUEDA DE LA VERDAD: ¿ES POSIBLE INTERPRETAR LAS REGLAS PROBATORIAS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL CONFORME A UN PRINCIPIO PRO VERITATIS?
En este trabajo se aborda la tensión existente entre el sistema de prueba legal o tasada vigente en el CPC y la búsqueda de la verdad como finalidad primaria de la etapa probatoria. Ante la ausencia de una reforma procesal civil que subsane el desfase entre las estructuras normativas tradicionales y las exigencias epistémicas contemporáneas, se propone una interpretación de las normas probatorias conforme al propuesto principio pro veritatis. A través de un recorrido histórico, dogmático y normativo, es posible sostener que muchas de estas reglas conservan, en mayor o menor medida, una vocación epistémica que justifica su reinterpretación. En esa línea, se sugiere una relectura de las mismas que permita atenuar sus efectos más restrictivos y, al mismo tiempo, fortalecer la justicia de la decisión sobre una base fáctica verdadera y razonablemente probada.