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COMPETENCIA DESLEAL POR CULPA
El artículo examina la ilicitud en los actos de competencia desleal, previstos como una hipótesis de responsabilidad civil extracontractual en la ley No 20.169, que regula la competencia desleal. Refutando una interpretación efectuada por parte de la doctrina nacional y de la jurisprudencia, que afirma que tal ilícito exige la prueba de una conducta dolosa, se argumenta cómo el texto de esta ley, la historia fidedigna de su establecimiento, su interpretación sistemática con otros cuerpos normativos (en particular, con la protección al consumidor que subyace como interés legítimo ex- presamente en esta ley especial), la consideración de cierta experiencia comparada e, Incluso, una reciente jurisprudencia de la Corte Suprema, permiten sostener de manera fundada que una conducta de competencia desleal que infringe la diligencia ordinaria (culpa leve) configura ese ilícito y da lugar al ejercicio de las acciones que esta ley establece.
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NUEVAS TENDENCIAS EN LA COMPRENSIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA OBLIGACIÓN SOLIDARIA. UN ANÁLISIS DESDE LOS INSTRUMENTOS DE ARMONIZACIÓN DEL DERECHO DE CONTRATOS Y SU POSIBLE RECEPCIÓN EN EL DERECHO CIVIL CHILENO
La obligación solidaria, una institución multisecular y de gran aplicación práctica, ha sido también objeto de nuevos análisis sobre su estructura y operatividad dentro de los esfuerzos que se han realizado para modernizar el derecho de los contratos sobre la base de diversos instrumentos de armonización prioritariamente europeos, pero que se extienden a otras regiones. El trabajo intenta exponer de manera sintética la forma en que está siendo comprendida la solidaridad pasiva en este contexto, así como su posible repercusión en el Código Civil chileno, que podría darse por reforma de sus disposiciones en ciertos casos o por la mera reinterpretación de otras.
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LA BUENA FE CONTRACTUAL COMO NORMA JURÍDICA
La buena fe contractual tiene la forma de una cláusula general cuya aplicación presupone delegar en el juez la tarea de definir en concreto los deberes de comportamiento o efectos jurídicos que se derivan de la misma y que constituyen el contenido implícito del contrato. Para realizar esa tarea el juez debe efectuar una valoración de todas las circunstancias concretas a la luz de los valores y fines remitidos por la buena fe, de manera que su aplicación presupone la existencia y ejercicio de una potestad delegada, pero estrictamente dirigida, orientada a concretizar el estándar del contratante leal y honesto. La necesidad del derecho de contratos de contar con un instrumento de esa naturaleza radica en la falta de exhaustividad de sus normas, permitiendo la buena fe, primero, morigerar la aplicación puramente formal de la ley cuando en atención a circunstancias particulares esa aplicación lleva a resultados insatisfactorios y, segundo, hacerse cargo de las transformaciones sociales que inciden en la institución del contrato y que resultan imprevisibles para el legislador. La buena fe permite, de esta manera, la aplicación coherente y el desarrollo interno del derecho de contratos, de un modo que resulta consistente con los valores y fines que lo fundan.
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Las implicancias de la función integradora de la buena fe respecto de la obligación de entrega en el contrato de compraventa: subversión, restricción y garantía
A propósito de un obiter dictum pronunciado por la Corte Suprema respecto del alcance de la obligación de entrega del vendedor, se pretende determinar las implicancias de integrar, mediante la buena fe, la obligación de transferir el dominio en el contrato de compraventa. La idea que defiende este trabajo es que dicha integración subvierte la regla general relativa al alcance de la obligación del vendedor, lo cual restringe el régimen de la evicción y transforma la obligación de entrega en una de garantía.
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NORMAS LEGALES SOBRE INTERPRETACIÓN DE CONTRATOS: ¿REGLAS O MEROS CONSEJOS?
Este texto aborda una vieja discusión que atañe a la dimensión pragmática de las normas sobre interpretación de contratos. Como hilo conductor recurrimos a un caso resuelto en forma discrepante por los tribunales de instancia y la Corte Suprema. De nuestro análisis se extrae que esas normas no serían reglas (en un sentido fuerte de obligatoriedad), ni meros consejos (en un sentido de permisos), sino que pertenecen a la clase de los estándares de interpretación, los cuales no fuerzan un resultado, pero imponen una carga de justificación, tanto si se utilizan o no. Esta forma de comprensión explica, prima facie, la facultad de la Corte Suprema de modificar decisiones en sede de casación en el fondo, e insta a profundizar respecto a lo que entendemos por infracción de ley y error.
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LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA ALEGAR LA NULIDAD ABSOLUTA EN EL INTERÉS DE LA MORAL O DE LA LEY
Entre los sujetos legitimados para pedir la declaración de nulidad absoluta de un acto, el art. 1683 del Código Civil menciona al Ministerio Público. Esta legitimación presenta dos dificultades interpretativas; la primera, que aquel puede accionar “en el interés de la moral o de la ley”, lo que suele contraponerse a un interés pecuniario; por otro lado, que aquel ha evolucionado en cuanto a estructura orgánica, contenido y atribuciones. Ante estas dificultades cabe plantear dos tesis: la primera, apunta a concluir que el Ministerio Público ha perdido tales atribuciones; la segunda, que este trabajo defiende, el que las mantiene. Para estos efectos, se analizan las modificaciones experimentadas por el Ministerio Público y se argumenta para dar utilidad práctica a dicho artículo.