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UNA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL DEL DAÑO Y SU IMPORTANCIA EN EL DIES A QUO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EN LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. UNA PROPUESTA NECESARIA RESPECTO DEL ARTÍCULO 2235 DEL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO
En el derecho ecuatoriano, el artículo 2235 del Código Civil ofrece una respuesta respecto a la contabilización de la prescripción de la acción en la responsabilidad extracontractual. No obstante, la regla genera una discusión cuando se habla de determinados casos que no están cobijados ni amparados por la interpretación clásica que da la norma. La solución fundacional comprende que el cómputo de la prescripción tiene lugar desde la verificación del hecho ilícito, entendiendo que, en ese momento se ha perpetrado el acto. Sin embargo, esta postura no contempla la importancia de la existencia del elemento daño, ni de las formas en las que éste se manifiesta, en especial, el perjuicio oculto y continuado. Esto genera que exista un conflicto entre la regla general de que todo daño resarcible debe ser indemnizado y la seguridad en las relaciones jurídicas que busca la prescripción. En este sentido, es preciso delimitar el concepto de daño resarcible, además de entender y conocer cómo han sido concebidos los distintos tipos de menoscabos según su consumación en el tiempo desde la óptica jurídica ecuatoriana. Con esto se podrá analizar la prescripción y cómo han actuado la jurisprudencia y el derecho comparado en estos casos, donde se puede afirmar, que ya existe una solución que determine el inicio de la prescripción en casos de daño oculto y continuado. De esta forma, se propondrá una solución actual para el comienzo de la prescripción en el Ecuador.
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LA INFLUENCIA DEL DERECHO DE DAÑOS EN LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR FALTA DE SERVICIO
El presente artículo analiza la influencia del derecho de daños en la responsabilidad del Estado por falta de servicio desde la teoría de Peter Cane desarrollada en Tort Law and Public Functions. En este punto, la investigación analiza tres aspectos fundamentales: la estructura normativa en las relaciones de desigualdad jurídica, el rol del ideal igualitario en la responsabilidad estatal y el deber de indemnizar los daños causados por los agentes públicos. Primero, establece que la estructura normativa de la responsabilidad pública debe ser entendida en términos de justicia correctiva, puesto que existe una parte que debe corregir el daño ilegítimo causado por otra. Segundo, sostiene que la igualdad entre las partes funciona como criterio distributivo para contrarrestar la subordinación estatal ejercida sobre el administrado. Por último, contrasta los objetivos de la responsabilidad estatal y del derecho daños e identifica las razones generales por las cuales la Administración debería indemnizar los daños causados a los administrados.
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Tres controversias de la Ley n.º 19496 en un solo caso: la aplicabilidad a las micro o pequeñas empresas; la independencia de la acción infraccional de la acción indemnizatoria y el plazo de caducidad de la garantía legal
Este trabajo pretende exponer tres temáticas que se han suscitado en el derecho del consumo a raíz de la aplicación de la Ley n.º 19496 por nuestros tribunales de justicia. En primer lugar, la aplicabilidad del estatuto tutelar por las micro y pequeñas empresa ante sus proveedores en virtud de la Ley n.º 20416. Segundo, la íntima dependencia o autonomía entre la responsabilidad infraccional y la indemnizatoria, en particular cuando operan las hipótesis que dan lugar a la garantía legal. Por último, el plazo de caducidad que caracteriza a la garantía legal en oposición a los plazos generales de prescripción consagrados en el art. 26 de la Ley n.º 19496.
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TRES RAZONES PARA LA UTILIZACIÓN DE LA EFICIENCIA EN EL DERECHO PROCESAL CONCURSAL
En este artículo exploro tres razones por las cuales el Derecho Procesal Concursal es uno de los subconjuntos normativos donde tienen aplicación las consideraciones de eficiencia del análisis económico del Derecho. Para tal efecto, nos centraremos en el examen de las necesidades de pago de créditos que originan un procedimiento concursal. Al respecto, el Derecho Procesal Concursal buscará incrementar la riqueza existente con miras a satisfacer esas necesidades. En ese contexto, el Derecho Procesal Concursal posee una serie de instrumentos que persiguen incrementar la masa activa; asimismo, respeta en lo indispensable las reglas de titularidad de créditos (en lo necesario para enfrentar el problema de acción colectiva de los acreedores que surge con la insolvencia) y, finalmente, permite justificar la eficiencia en las preferencias de los mismos sujetos participantes del procedimiento concursal.
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EL CONCEPTO DE EMPRESA PARA LOS DELITOS ECONÓMICOS Y SUS IMPLICANCIAS PARA LAS PERSONAS NATURALES Y PERSONAS JURÍDICAS
El presente trabajo tiene por finalidad determinar el significado del término ‘empresa’ para la Ley de Delitos Económicos. Esto es particularmente relevante respecto de los delitos de las categorías segunda y tercera, y en menor medida la cuarta. La relevancia de la pregunta se basa en que el legislador lo ha empleado como un elemento estructural o fundamental para la delimitación de lo que se entenderá por delito económico y, como consecuencia de ello, para activar el estatuto especial de penas y consecuencias adicionales a la sanción aplicable a las personas responsables de los delitos económicos. Para dar respuesta a esta interrogante, primero se acude a la legislación extrapenal. A continuación, se revisa el artículo sexto de la Ley n.º 21595 y el respectivo reenvío que esta disposición efectúa a la Ley n.° 20416. Sobre la base de ello se deduce que no es posible incardinar dentro del concepto de empresa a las corporaciones y fundaciones, con las consecuencias que ello implica. Por último, se destaca el impacto que esta técnica legislativa genera para el estatuto penal de las personas jurídicas, que también fue modificado por la ley de delitos económicos.
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LA PRUEBA DE LA CAUSALIDAD ESPECÍFICA: ¿UNA BARRERA INFRANQUEABLE PARA ATRIBUIR RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS DERIVADOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO?
En este artículo argumento que, para superar con éxito la actual imposibilidad de acreditar el nexo causal entre las emisiones de gases de efecto invernadero liberadas por uno o más agentes determinados y los daños ambientales o personales cuya reparación se demande, imputables de forma inmediata a cambios climáticos específicos y, más remotamente, al calentamiento global en que la actividad de aquellos incide, no es suficiente que los tribunales ambientales y los tribunales ordinarios de justicia chilenos usen las presunciones judiciales y trasladen la carga de la prueba a esos agentes, sino que tendrían que modificar de modo radical su comprensión del fundamento y fin de la responsabilidad ambiental y civil, mediante la sustitución de la idea tradicional y determinística de causalidad, basada en la conditio sine qua non, por una noción probabilística, sustentada en la ciencia de atribución climática y en criterios normativos de causalidad, en cuya virtud los emisores sean declarados responsables por daños que con una muy alta probabilidad no produjeron, sino, a lo más, contribuyeron a causar.