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LAS FACULTADES DEL JUEZ EN EL CONTROL DEL PROCEDIMIENTO COMO GARANTÍA DEL PRINCIPIO PRO ACTIONE
En el presente trabajo se analiza una sentencia pronunciada por la Corte Suprema, referida a la importancia de la función que cumple el órgano jurisdiccional en el control de la corrección del procedimiento como una forma de garantizar el debido proceso.
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LA ‘MANIFESTACIÓN EVIDENTE DEL DAÑO AMBIENTAL’ COMO REQUISITO DE LA ACCIÓN CIVIL INDEMNIZATORIA POR DAÑO AMBIENTAL
El presente trabajo analizamos uno de los presupuestos de la acción indemnizatoria por daño ambiental contemplada en el art. 63 de la Ley n.o 19300: la manifestación evidente del daño ambiental; aspecto que presenta dificultades en el ámbito de interpretación de categorías extrajurídicas como las representadas en la frase “manifestación evidente” utilizada en el texto legal. Esto provoca la necesidad de saber en qué medida esa representación fáctica denominada “manifestación del daño ambiental” puede constituir una limitante al momento de decidir un litigio en que se discuta la existencia del mismo. Las modificaciones legales posteriores (Ley n.o 20600, que crea los tribunales ambientales) no empecen el entendimiento de los conceptos que planteamos en el presente trabajo. Es más, sostenemos que el requisito de manifestación evidente no lo es respecto de la acción por daño ambiental que se regula en la Ley n.o 20600, sino que a la acción civil indemnizatoria del daño que sigue encontrándose incólume en la Ley n.o 19300. De hecho, las modificaciones introducidas al procedimiento en la primera ley citada, no perjudican el presente análisis.
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BASES PARA LA PRIVATIZACIÓN DEL DERECHO CONCURSAL
La “privatización del Derecho Concursal” es un concepto equívoco. No sólo da la idea de que hay un enfoque que atiende exclusivamente a los intereses particulares sino que despoja a la autoridad de toda forma de control. En este sentido, creemos necesario reconducir el término hasta entender que aquél implica una nueva jerarquización de los intereses implícitos ante el fenómeno de la insolvencia, situando la finalidad distributiva en el punto focal (subordinando a ella los demás fines del Derecho Concursal) y advirtiendo que serán los propios interesados (principalmente, los acreedores) quienes lograrán negociar un resultado más eficiente, medido en razón de la maximización de sus posibilidades de cobro. Entonces, el Derecho Concursal debe ser redimensionado a efectos de crear estructuras que permitan la coordinación de los derechos de crédito (únicas normas que, en tanto estructurales, deben ser imperativas) e incentivando el acuerdo, como paradigma de la autonomía negocial, por medio de la disminución de los costos de transacción y el tratamiento de las asimetrías informativas.
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¿ES CORRECTA LA ELECCIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DE LA REDUCCIÓN DEL PRECIO EN LOS PRINCIPIOS LATINOAMERICANOS DE CONTRATOS?
El proyecto de Principios Latinoamericanos de Derecho de Contratos incorpora la reducción del precio como un medio de tutela del acreedor aplicable a cualquier contrato, lo que, sin duda, constituye un aspecto loable. No obstante, este instrumento adopta un método de cálculo de reducción que retoma aquél contenido en el art. 50 de la Convención de Viena. Las páginas que siguen, luego de presentar una introducción sobre el proceso de unificación del Derecho Latinoamericano de Contratos, se centran en analizar críticamente esta elección, intentando demostrar por qué ella no sería la más adecuada.
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ALGUNAS CRÍTICAS AL DERECHO COMÚN Y ESPECIALMENTE A LA REGULACIÓN DE LAS INCAPACIDADES RESPECTO DEL ADULTO MAYOR EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CHILENO
Este trabajo analiza la ancianidad desde la perspectiva del Derecho Civil y concretamente desde la capacidad. En Chile se ha avanzado en la protección de la ancianidad desde las políticas públicas, pero no ha habido la misma preocupación respecto de los adultos mayores como sujetos de Derecho. La mirada de nuestra legislación hacia los ancianos, desde la capacidad, es sumamente limitada y poco respetuosa de sus derechos individuales. A esta conclusión se llega después de analizar las reglas que regulan la demencia –como criterio de protección del adulto mayor y fomento de su capacidad disminuida–, y la forma en que se podría tratar de lograr una mayor autonomía en la ancianidad, a través de la regulación del Código Civil, que se muestra como impotente a este respecto.
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LA CONVENIENCIA DE RESTRINGIR LAS CONSECUENCIAS DE LA DISTINCIÓN ENTRE OBLIGACIONES DE MEDIOS Y RESULTADO SOBRE LA FUNCIÓN Y PRUEBA DE LA CULPA DEL DEUDOR
La recepción de la distinción entre obligaciones de medios y de resultado en Derecho chileno ha dado lugar a importantes incertidumbres, especialmente en relación con la función y carga de la prueba de la culpa del deudor. En buena medida, estas incertidumbres pueden explicarse en la dificultad de conciliar la distinción con la diferencia impuesta por nuestro Derecho entre las etapas de obligación contractual y responsabilidad por incumplimiento. Luego de revisar la posición de la doctrina y jurisprudencia reciente, el presente trabajo propone una interpretación de la distinción que no requiere aceptar las consecuencias que frecuentemente se le atribuyen sobre la función y prueba de la culpa del deudor.