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¿ES POSIBLE APLICAR EL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO AL CONTRATO Y AL DERECHO DEL CONSUMO?
El presente artículo pretende justificar la aplicación del AED, tanto al derecho chileno de los contratos como al derecho del consumo, a través de los principios de buena fe y de protección del consumidor. Este trabajo pone de relevancia la aplicación del principio de eficiencia como un criterio relevante en materia de contrato y, sobre todo, con relación al derecho del consumo. A pesar de que la justificación de la aplicación del AED a los contratos y al derecho del consumo es la misma, su aplicación es diferente. De este modo, el AED se aplicaría al derecho contractual a través del principio de la buena fe o de la teoría de las cláusulas generales, reconociendo al principio de eficiencia como un principio contractual, y al derecho del consumo a través del principio proconsumidor.
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EL CONCEPTO DE EMPRESA PARA LOS DELITOS ECONÓMICOS Y SUS IMPLICANCIAS PARA LAS PERSONAS NATURALES Y PERSONAS JURÍDICAS
El presente trabajo tiene por finalidad determinar el significado del término ‘empresa’ para la Ley de Delitos Económicos. Esto es particularmente relevante respecto de los delitos de las categorías segunda y tercera, y en menor medida la cuarta. La relevancia de la pregunta se basa en que el legislador lo ha empleado como un elemento estructural o fundamental para la delimitación de lo que se entenderá por delito económico y, como consecuencia de ello, para activar el estatuto especial de penas y consecuencias adicionales a la sanción aplicable a las personas responsables de los delitos económicos. Para dar respuesta a esta interrogante, primero se acude a la legislación extrapenal. A continuación, se revisa el artículo sexto de la Ley n.º 21595 y el respectivo reenvío que esta disposición efectúa a la Ley n.° 20416. Sobre la base de ello se deduce que no es posible incardinar dentro del concepto de empresa a las corporaciones y fundaciones, con las consecuencias que ello implica. Por último, se destaca el impacto que esta técnica legislativa genera para el estatuto penal de las personas jurídicas, que también fue modificado por la ley de delitos económicos.
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REPARANDO UN AGUJERO: LA NUEVA NORMATIVA SOBRE DIVULGACIÓN DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS Y POLÍTICA DE HABITUALIDAD
Desde su entrada en vigor, resultaba evidente que la regulación sobre operaciones con partes relacionadas contaba con un defecto que permitía su elusión: las reglas sobre operaciones habituales y sobre información al mercado de transacciones que no fueran de monto relevante. El tiempo y la observación empírica confirmaron esta constatación. Sin embargo, solucionar este vacío no era fácil, pues la regulación sobre operaciones habituales, en particular las que tienen lugar al interior de grupos empresariales, debe satisfacer un doble propósito, difícil de equilibrar: evitar tunneling, pero no dificultar el funcionamiento fluido de las sociedades insertas en estos grupos. Este trabajo de investigación demuestra que la nueva regulación analizada establece un marco que permite a las sociedades lograr ambos objetivos, pero advierte que esto, en parte, depende de su adecuada aplicación por las sociedades anónimas reguladas.
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UNA CRÍTICA A LA IDEA DE INCUMPLIMIENTO EFICIENTE DESDE EL DERECHO DE CONTRATOS
Uno de los componentes centrales del análisis económico del Derecho de Contratos es la teoría del incumplimiento eficiente. Este trabajo constituye una crítica a esa teoría. Al respecto, y partiendo de un punto de vista instrumentalista, consistente con el análisis económico, el trabajo argumenta que el incumplimiento eficiente es una aproximación inadecuada para el análisis de los remedios frente al incumplimiento.
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IMPREVISIÓN Y COVID-19: SOBRE EL ROL DE LOS TRIBUNALES Y LA LEY EN TIEMPOS DE CRISIS
Este artículo analiza el rol del juez y el legislador en el desarrollo del derecho privado chileno, a propósito del reciente proyecto de ley que busca recoger la teoría de la imprevisión en el Código Civil como reacción a los efectos de económicos de la crisis del COVID-19. Por un lado, sostiene que la discusión en torno a este proyecto ha hecho emerger un cierto consenso respecto de la conveniencia de acoger esta teoría, pero que la forma adecuada para ello sigue siendo una pregunta abierta. En ese contexto y con base en elementos de derecho comparado, teoría del derecho y análisis económico del derecho argumenta que, en el caso chileno, la mejor ruta para acoger dicha teoría es una reforma legislativa, pero que el proyecto de ley propuesto no tiene la profundidad técnica requerida para ello. Por el otro lado, argumenta que crisis generales e imprevistas, como la del COVID-19, deben ser abordadas mediante legislación especial, no por reformas legales generales o cambios jurisprudenciales que impliquen cambios de paradigma.
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ALGUNAS CRÍTICAS AL DERECHO COMÚN Y ESPECIALMENTE A LA REGULACIÓN DE LAS INCAPACIDADES RESPECTO DEL ADULTO MAYOR EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CHILENO
Este trabajo analiza la ancianidad desde la perspectiva del Derecho Civil y concretamente desde la capacidad. En Chile se ha avanzado en la protección de la ancianidad desde las políticas públicas, pero no ha habido la misma preocupación respecto de los adultos mayores como sujetos de Derecho. La mirada de nuestra legislación hacia los ancianos, desde la capacidad, es sumamente limitada y poco respetuosa de sus derechos individuales. A esta conclusión se llega después de analizar las reglas que regulan la demencia –como criterio de protección del adulto mayor y fomento de su capacidad disminuida–, y la forma en que se podría tratar de lograr una mayor autonomía en la ancianidad, a través de la regulación del Código Civil, que se muestra como impotente a este respecto.