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Rechazo de una solicitud de liquidación voluntaria de empresa deudora por no contar con bienes para el pago de sus acreedores. Sentencia Corte Suprema. 9 de enero de 2020. Rol 23.087-2019. Sentencia Corte de Apelaciones de Concepción. 1 de julio de 2019. Rol civil 1135-2019. Sentencia segundo Juzgado de Letras de los Ángeles. 15 de mayo 2019. Rol C-1846-2019
En octubre del año 2014, entró en vigor en Chile, la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, que renueva el antiguo sistema de quiebras, creando el nuevo procedimiento concursal de liquidación voluntaria. Por ello, es necesario para dar curso a dicha solicitud, la necesidad de indicar un listado de bienes por parte de la empresa deudora para el pago a sus acreedores. La discusión jurisprudencial se genera cuando dicha empresa, no tiene bienes para entregar al proceso, lo que quedará a la decisión del juez aceptar o rechazar la solicitud de liquidación voluntaria, teniendo en cuenta lo indicado por el legislador en la Ley n.º 20720.
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CONTRATOS DE DERIVADOS, OPERACIONES “REPO” Y COMPENSACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN, LEY N.º 20720. LA NORMA CONCURSAL COMO HERRAMIENTA DE ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO Y SU (FALTA DE) RELACIÓN CON LOS FINES Y PRINCIPIOS DEL CONCURSO
El trabajo que presentamos trata sobre un aspecto que, pese a su relevancia y efectos en un contexto de liquidación concursal, no ha sido abordado mayormente por la doctrina en Chile: el régimen especial de compensación de obligaciones surgidas de contratos de derivados, contemplado en el art. 140 de la Ley n.º 20720. Se busca definir qué es lo que se compensa concretamente; qué obligaciones son las que se aceleran, para permitir la compensación; en qué sentido se las considera como conexas entre sí; qué tipo de contratos son los que tolera específicamente este sistema y; en suma, qué función cumple en esto la norma concursal, como herramienta para el logro de fines extraconcursales.
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CONTRATO A LA PARTE ENTRE EL ARMADOR Y LA TRIPULACIÓN DE UNA EMBARCACIÓN DE PESCA ARTESANAL
El trabajo analiza la sentencia recaída en un caso en que el armador y la tripulación de una embarcación de pesca artesanal celebraron lo que la Ley General de 345 Pesca y Acuicultura llama un “contrato o sociedad a la parte”. La tripulación de mandante ejerció la acción de cumplimiento de este contrato y solicita que el armador sea condenado a pagar el producto de una reliquidación de la pesca de varias temporadas, así como la parte que le correspondía en una venta de la cuota de captura a un tercero. El comentario pone de relieve las dificultades que plantea la distinción entre negocios parciarios y contrato de sociedad, así como el lugar (contingente) de la personalidad jurídica en este último.
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LA LICITUD DE LA REACTIVACIÓN DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA DISUELTA
Este comentario analiza una resolución de la Comisión para el Mercado Financiero que reconoce la licitud de reactivar una sociedad anónima. Se trata, hasta donde tenemos conocimiento, del primer pronunciamiento expreso sobre esta materia y constituye una pieza clave para la comprensión del régimen de la terminación de una sociedad anónima y, en general, de toda sociedad con personalidad jurídica en nuestro ordenamiento legal.
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LEGITIMACIÓN Y PUBLICIDAD REGISTRAL A PROPÓSITO DE LA INSCRIPCIÓN DE UNA SEPARACIÓN CONVENCIONAL DE BIENES
La Corte Suprema rechazó un recurso de casación en el fondo interpuesto para revertir la desestimación de una tercería de posesión. El fundamento de esa decisión consistió en que el acto de adjudicación de los derechos sobre un inmueble, como consecuencia de la liquidación de una comunidad derivada de una sociedad conyugal, y el pago de una compensación económica, por la cual una persona transfería el restante porcentaje de derechos a favor de su excónyuge, requerían un tratamiento diferenciado, distinguiéndolo del pacto de separación de bienes celebrado en el mismo instrumento. En concreto, la discusión se centró en la función de la inscripción conservatoria respecto de la adjudicación, que la tercerista estimaba que venía exigida de manera expresa por la ley, pero cuya procedencia resulta de las reglas generales que informan el sistema registral chileno, sin olvidar las particularidades del régimen de sociedad conyugal.