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LA REAJUSTABILIDAD DE LA CONDENA JUDICIAL A UNA SUMA DE DINERO EN SEDE CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL. UN ANÁLISIS DOGMÁTICO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMA Y VALOR Y UN ESTUDIO EMPÍRICO DEL COMPORTAMIENTO JUDICIAL
El objetivo de este trabajo es explicar la asimetría de las decisiones judiciales relativas a la fecha del devengamiento de la reajustabilidad de la condena a una suma de dinero, ya sea que provenga de un incumplimiento contractual o de responsabilidad extracontractual usando conceptos dogmáticos y herramientas de la teoría del derecho. Sin fundarse en estos, la práctica judicial asume en la interpretación del derecho vigente las categorías de las obligaciones de suma y de valor y de estar obligado y ser responsable. Para ello se analizan setenta y una sentencias de casación de la Primera Sala de la Corte Suprema elegidas al azar y dictadas entre el 2008 y 2023. Todas condenan al pago de una suma de dinero, ya sea como indemnización de perjuicios (contractual o extracontractual) o a la devolución de dinero por sumas adeudadas, pero asumen diferentes criterios sobre la época del devengamiento del reajuste concedido. A pesar de la disparidad de criterios, existe, en términos gruesos, cierta uniformidad, la que es coherente con la dogmática que distingue entre obligaciones de suma y de valor. Este trabajo pretende mostrar que esa coherencia no es producto del azar, sino que la judicatura adopta decisiones que reflejan dichas categorías dogmáticas al interpretar el derecho. Se pretende colaborar con el desarrollo efectivo de una práctica de seguimiento de precedentes, imprescindible en un Estado de derecho, mostrando su necesidad y posibilidad.
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ALGUNAS VICISITUDES EN LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 2519 DEL CÓDIGO CIVIL CHILENO. UNA SISTEMATIZACIÓN DEL ESTADO DE LA CUESTIÓN
Nuestro objetivo en el presente artículo es analizar la regla del art. 2519 del CC chileno respecto de la interrupción de la prescripción de las obligaciones con pluralidad de sujetos. Junto con ello, sistematizar el estado de la cuestión en torno a su aplicación a propósito de dos tipos de obligaciones solidarias de fuente legal: la solidaridad cambiaria y la solidaridad extracontractual.
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ACERCA DE LAS OBLIGACIONES QUE SURGEN DEL MATRIMONIO EN ECUADOR: ¿EN REALIDAD TIENEN FUENTE CONTRACTUAL?
Mientras que la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Gestión de la Identidad y Datos Civiles definen al matrimonio como una unión, el CC lo etiqueta como un contrato solemne. Más allá del rótulo que tanto el constituyente como el legislador optaron por asignarle, pretendemos profundizar en el análisis de su supuesta fisonomía contractual a la luz de la teoría de las obligaciones. Concluimos que, si bien el matrimonio podría encasillarse en la noción de contrato dirigido o de contenido forzoso, en realidad no es tal en cuanto la fuente de sus obligaciones no es contractual, sino exclusivamente legal. El matrimonio es un negocio jurídico que se limita a modificar el estado civil de las personas y solo como consecuencia de aquel nuevo estatus es que los cónyuges adquieren obligaciones, de fuente legal. Por último, se levanta del interrogante sobre si acaso el vínculo matrimonial se encamina hacia un régimen que permita a los contrayentes, maximizando el principio de la autonomía de la voluntad, configurar el vínculo con más libertad.
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CONTRATOS DE DERIVADOS, OPERACIONES “REPO” Y COMPENSACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN, LEY N.º 20720. LA NORMA CONCURSAL COMO HERRAMIENTA DE ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO Y SU (FALTA DE) RELACIÓN CON LOS FINES Y PRINCIPIOS DEL CONCURSO
El trabajo que presentamos trata sobre un aspecto que, pese a su relevancia y efectos en un contexto de liquidación concursal, no ha sido abordado mayormente por la doctrina en Chile: el régimen especial de compensación de obligaciones surgidas de contratos de derivados, contemplado en el art. 140 de la Ley n.º 20720. Se busca definir qué es lo que se compensa concretamente; qué obligaciones son las que se aceleran, para permitir la compensación; en qué sentido se las considera como conexas entre sí; qué tipo de contratos son los que tolera específicamente este sistema y; en suma, qué función cumple en esto la norma concursal, como herramienta para el logro de fines extraconcursales.
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LA CONVENIENCIA DE RESTRINGIR LAS CONSECUENCIAS DE LA DISTINCIÓN ENTRE OBLIGACIONES DE MEDIOS Y RESULTADO SOBRE LA FUNCIÓN Y PRUEBA DE LA CULPA DEL DEUDOR
La recepción de la distinción entre obligaciones de medios y de resultado en Derecho chileno ha dado lugar a importantes incertidumbres, especialmente en relación con la función y carga de la prueba de la culpa del deudor. En buena medida, estas incertidumbres pueden explicarse en la dificultad de conciliar la distinción con la diferencia impuesta por nuestro Derecho entre las etapas de obligación contractual y responsabilidad por incumplimiento. Luego de revisar la posición de la doctrina y jurisprudencia reciente, el presente trabajo propone una interpretación de la distinción que no requiere aceptar las consecuencias que frecuentemente se le atribuyen sobre la función y prueba de la culpa del deudor.
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ENTRE LA RESERVA Y LA DIVULGACIÓN. LOS CONTORNOS DE LOS DEBERES DEL DIRECTORIO DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA RELATIVOS A LA INFORMACIÓN ACERCA DE OPERACIONES DE ADQUISICIÓN DE EMPRESAS
Este artículo examina los deberes de reserva y divulgación que pesan sobre los directores de sociedades anónimas abiertas en el contexto de una negociación para adquirir una empresa. Se analiza cómo estos deben equilibrar su obligación de confidencialidad basada en la necesidad de privilegiar el interés social, con las obligaciones de información al mercado, cuyo fundamento está en el interés público asociado al correcto funcionamiento del mercado de valores. El texto plantea que, mientras el deber general es la reserva de información para proteger el interés de los accionistas, existen excepciones en que debe informarse al público ciertos eventos, en contextos en que la tutela del mercado de valores derrota la general protección al interés social que orienta la actividad de los administradores, y que las contra excepciones de “hechos reservados” obedecen a riesgos calificados para el interés social, que exigen volver a la norma general de secreto.