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EL PRECIO DE DECLARAR PAGADO EL PRECIO (ART. 1876 DEL CÓDIGO CIVIL)
Este comentario analiza una reciente sentencia que considera que la cláusula de haberse pagado el precio en la compraventa impide que el vendedor pruebe que, en realidad, no recibió el precio. El fallo se apoya en las palabras “no se admitirá prueba alguna en contrario” del art. 1876, el cual es considerado aplicable entre las partes en tanto reflejaría el valor probatorio de los instrumentos públicos consagrado en el art. 1700. Se comenta críticamente esta decisión, ya que el art. 1876 asigna ciertos efectos a la cláusula de haberse pagado el precio únicamente respecto de terceros, como se desprende no solo de su tenor literal, sino, también, de las fuentes que lo inspiraron. Se critica, asimismo, el valor probatorio que el fallo concede a los instrumentos públicos, así como las consecuencias prácticas que de ello se siguen para el tráfico comercial cotidiano.
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NO RENOVACIONES DE MATRÍCULAS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON TRASTORNO DE DÉFICIT ATENCIONAL E HIPERACTIVIDAD: UNO DE LOS PROBLEMAS QUE DEBE RESOLVER una educación verdaderamente inclusiva
El presente comentario analiza una sentencia relativa a un conflicto educacional de particular importancia, como lo es la no renovación, por parte de los establecimientos educacionales, de las matrículas de los estudiantes que tienen un trastorno de déficit atencional e hiperactividad por mal comportamiento. Luego de indicar las características del mencionado trastorno que tienen influencia en el ámbito académico, y teniendo en vista los requerimientos emanados del principio del interés superior del niño, niña o adolescente, se trata, en primer lugar, la actitud que deben adoptar los establecimientos educacionales respecto de los estudiantes que presenten un trastorno de déficit atencional e hiperactividad y, con posterioridad, el papel que deben asumir los progenitores.
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DEBER DE RESGUARDO RESPECTO DE INFORMACIÓN RELEVANTE EN ETAPA PRECONTRACTUAL
El deber de entrega de información en etapa precontractual no ha presentado mayores debates en la actualidad. Sin embargo, hemos de mencionar que no se ha reparado con suficiencia ni por la doctrina o la jurisprudencia si dicha data merece algún deber de cuidado por parte del derecho común. El presente comentario de jurisprudencia tiene como objetivo el estudio de la tutela jurídica existente sobre esta entrega de información en etapa precontractual y en específico, la construcción del deber de resguardo que protege ciertos activos. Para ello analizaremos la sentencia en comento, en la que se alega la utilización de información entregada en etapa precontractual para la ejecución de un proyecto en el cual la parte que brindó dicha data no es parte, para luego caracterizar qué tipo de activos de información gozan de este especial deber según los criterios que delimita la Corte Suprema en el caso sublite.
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CONTRATO A LA PARTE ENTRE EL ARMADOR Y LA TRIPULACIÓN DE UNA EMBARCACIÓN DE PESCA ARTESANAL
El trabajo analiza la sentencia recaída en un caso en que el armador y la tripulación de una embarcación de pesca artesanal celebraron lo que la Ley General de 345 Pesca y Acuicultura llama un “contrato o sociedad a la parte”. La tripulación de mandante ejerció la acción de cumplimiento de este contrato y solicita que el armador sea condenado a pagar el producto de una reliquidación de la pesca de varias temporadas, así como la parte que le correspondía en una venta de la cuota de captura a un tercero. El comentario pone de relieve las dificultades que plantea la distinción entre negocios parciarios y contrato de sociedad, así como el lugar (contingente) de la personalidad jurídica en este último.
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Pena contractual por incumplimiento de la promesa de compraventa de inmueble
Este comentario analiza una reciente sentencia que declara nulo un contrato de cierre de negocios relativo a la venta de un departamento, por estimar que no cumple con los requisitos propios del contrato de promesa, al tiempo que descarta la procedencia del cobro de una cláusula penal de $40 000 000 en favor del vendedor, en cuanto daría lugar a un enriquecimiento sin causa. Se comenta tanto la fisonomía del contrato impugnado como los mecanismos disponibles para la moderación de la cláusula penal, los cuales pueden permitir una solución más equilibrada que aquella que ofrece el tribunal.