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TRES RAZONES PARA LA UTILIZACIÓN DE LA EFICIENCIA EN EL DERECHO PROCESAL CONCURSAL
En este artículo exploro tres razones por las cuales el Derecho Procesal Concursal es uno de los subconjuntos normativos donde tienen aplicación las consideraciones de eficiencia del análisis económico del Derecho. Para tal efecto, nos centraremos en el examen de las necesidades de pago de créditos que originan un procedimiento concursal. Al respecto, el Derecho Procesal Concursal buscará incrementar la riqueza existente con miras a satisfacer esas necesidades. En ese contexto, el Derecho Procesal Concursal posee una serie de instrumentos que persiguen incrementar la masa activa; asimismo, respeta en lo indispensable las reglas de titularidad de créditos (en lo necesario para enfrentar el problema de acción colectiva de los acreedores que surge con la insolvencia) y, finalmente, permite justificar la eficiencia en las preferencias de los mismos sujetos participantes del procedimiento concursal.
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EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN EN CHILE. ANÁLISIS ECONÓMICO Y JURISPRUDENCIAL
Los contratos de construcción, y en especial aquellos de suma alzada, están diseñados no solo para traspasar el riesgo de precio desde el mandante hasta el contratista, que es la parte que está en mejor posición para evaluar y controlar dicho riesgo, sino que para eliminar o mitigar los problemas que surgen de la asimetría de información entre los contratantes, incluyendo los fenómenos conocidos como selección adversa y riesgo moral. Si dichos fenómenos son efectivamente controlados, se puede concluir que este tipo de contratos tenderá a promover la eficiencia del mercado, reducirá los costos de transacción y maximizará los denominados excedentes sociales de la cooperación. La medida en que estos diseños contractuales alcanzan sus objetivos depende, en definitiva, del valor que en los hechos la jurisprudencia les reconozca. Analizada la jurisprudencia reciente de los tribunales superiores de justicia chilenos, se puede concluir que, en general, los jueces tienden a respetar y aplicar estos mecanismos contractuales. -
LA EMPRESA FAMILIAR O EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA: MECANISMOS QUE PERMITAN SU CONTINUIDAD A LA MUERTE DE SU TITULAR A LA LUZ DEL DERECHO SUCESORIO CHILENO
En Chile, por aplicación del principio de intangibilidad de la legítima, el causante tiene ciertos inconvenientes para disponer de sus bienes a través del testamento, acudiendo, en algunos casos, a otras instituciones, fuera de dicho acto jurídico, para planificar su sucesión. Ello tiene relevancia cuando el de cujus es titular de una empresa familiar o explotación agropecuaria. El trabajo demostrará las diversas dificultades que tiene el causante para poder disponer de dicha unidad económica en favor de un legitimario, a objeto de mantener la continuidad de la misma, lo que, en muchos casos, pudiera llevar a la extinción o fraccionamiento de esa unidad. Por ello, se propon- drán ciertos mecanismos que permitan una adecuada conservación de la empresa familiar o explotación agropecuaria a la muerte de su titular, pero protegiendo de manera adecuada los derechos sucesorios de los legitimarios. -
NATURALEZA JURÍDICA DE LA INOPONIBILIDAD: UNA PROPUESTA DE INCLUSIÓN EN EL SISTEMA DE INEFICACIAS DEL CÓDIGO CIVIL CHILENO
Este artículo argumenta que la inoponibilidad es una forma de ineficacia funcional, extrínseca, parcial, en sentido estricto y de carácter subsidiario –que no siempre se traduce en una sanción–, orientada a la tutela a determinados terceros perjudicados por la celebración de un negocio jurídico. Asimismo, postula la viabilidad de configurar una teoría general de la inoponibilidad factible de actuar más allá de los casos expresamente contemplados en el Código Civil chileno, en la medida que enmarque su ámbito de acción dentro de los contornos trazados por el sistema de ineficacias presente en el mismo, con un necesario equilibrio entre el efecto expansivo de los contratos y la protección a los terceros.
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EL INICIO DEL CÓMPUTO DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA EN EL DERECHO SUCESORIO
Las reglas generales en materia de inicio del cómputo del plazo se encuentran en los arts. 2514 y 2515 del Código Civil. A partir de la lectura de esas dos disposiciones el inicio del plazo de prescripción se cuenta desde que la obligación se hace exigible, siguiendo un criterio objetivo. Dicho principio no es necesariamente aplicable en la prescripción de las acciones en el derecho sucesorio, toda vez que, en dicha disciplina, para que comience a correr un plazo de prescripción se requiere de la apertura de la sucesión, que se produce con la muerte real o presunta del causante, seguido de la delación de la asignación, según se justificará con ciertas y determinadas acciones en este ámbito específico.
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PRUEBA LEGAL Y BÚSQUEDA DE LA VERDAD: ¿ES POSIBLE INTERPRETAR LAS REGLAS PROBATORIAS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL CONFORME A UN PRINCIPIO PRO VERITATIS?
En este trabajo se aborda la tensión existente entre el sistema de prueba legal o tasada vigente en el CPC y la búsqueda de la verdad como finalidad primaria de la etapa probatoria. Ante la ausencia de una reforma procesal civil que subsane el desfase entre las estructuras normativas tradicionales y las exigencias epistémicas contemporáneas, se propone una interpretación de las normas probatorias conforme al propuesto principio pro veritatis. A través de un recorrido histórico, dogmático y normativo, es posible sostener que muchas de estas reglas conservan, en mayor o menor medida, una vocación epistémica que justifica su reinterpretación. En esa línea, se sugiere una relectura de las mismas que permita atenuar sus efectos más restrictivos y, al mismo tiempo, fortalecer la justicia de la decisión sobre una base fáctica verdadera y razonablemente probada.