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FUNCIÓN SUPLEMENTARIA DE LA BUENA FE CONTRACTUAL Y DEBERES DE CONDUCTA DERIVADOS. UN ANÁLISIS A LA LUZ DEL MODERNO DERECHO DE CONTRATOS
El presente artículo, luego de identificar y referir las funciones institucionales desempeñadas por la buena fe contractual, se concentra en la función suplementaria y los deberes de conducta derivados. La primera parte del trabajo está abocada a la discusión relativa a las ventajas y desventajas de reconocer una función suplementaria a la buena fe. La segunda parte, teniendo a la vista el contenido de diversos instrumentos de armonización, presenta un catálogo no taxativo de deberes de conducta que podrían derivarse de tal función, haciendo referencia a su actual o potencial reconocimiento en Chile.
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PROBLEMAS PARA LA PUESTA EN PRÁCTICA DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL PROYECTO DE LEY DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (MENSAJE N.° 063-371)
Este trabajo analiza el régimen de responsabilidad civil propuesto en el proyecto de ley de inteligencia artificial en Chile, presentado en la Cámara de Diputadas y Diputados el 7 de mayo de 2024. El enfoque es examinar y evaluar el régimen de responsabilidad civil propuesto en los arts. 28 y 29, evaluando su compatibilidad con el régimen supletorio del CC y otros marcos de responsabilidad extracontractual aplicables a proveedores de tecnología. El análisis se enfocará en los aspectos de imputabilidad definidos en el proyecto de ley. Se sugiere que la propuesta legislativa, aunque innovadora, requiere ajustes para evitar contradicciones y mejorar la claridad en su aplicación práctica.
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EL ARTÍCULO 1698 INCISO 1.° DEL CÓDIGO CIVIL CHILENO COMO NORMA EN BLANCO: LA CARGA DE LA PRUEBA Y EL REPARTO JUDICIAL DE LA CARGA
Este trabajo analiza el art. 1698 inc. 1.° del CC, y, en particular, la consideración de este como la norma de carga de la prueba aplicable a los casos concretos que requieren la aplicación de una regla de reparto de la carga de la prueba y de juicio. El estudio demuestra que el precepto en cuestión no tiene ese alcance, y que, en definitiva, es una norma en blanco. Esta únicamente podría adquirir un sentido operativo real si se integra con el efecto jurídico pedido, que es el criterio que permite singularizar en cada supuesto los tipos de hechos y la necesidad de prueba sobre los mismos, elementos imprescindibles para la aplicación del reparto de la carga de la prueba y la regla de juicio. Es decir, es la manera fiable para responder a la pregunta clave: ¿quién tiene que probar qué cosa?
Establecido lo anterior, se aborda el asunto referido a la necesidad de matizar el reparto normativo de la carga de la prueba con ajustes judiciales a través de tres instrumentos específicos, que plantean la dificultad de discernir si en rigor se tratan de fenómenos que se ubican en la formación de prueba o si representan medios para modificar el reparto de la carga de prueba en casos determinados.
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LA VIGENCIA DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD COMO PRINCIPIO FUNDAMENTAL DEL DERECHO CONTRACTUAL CHILENO
Ante la pregunta sobre la obligatoriedad de los contratos en la dogmática chilena domina la comprensión de la autonomía de la voluntad como el principio fundamental de la contratación privada. Sin perjuicio de su ascendiente dogmático, este tradicional enfoque esconde tensiones metodológicas y sustantivas que, a la postre, afectan su capacidad para contribuir a la comprensión de la práctica contractual actual, en especial cuando se trata de comprender el derecho contractual mirado como un todo. Ante esta tesitura, este trabajo tiene un doble objetivo: exponer, desde una perspectiva dogmática, las tensiones que enfrenta esta construcción, y explicar la manera en la cual los compromisos metodológicos de este enfoque merecen, a lo menos, ser reconsiderados.
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EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN EL ÁMBITO DEL DERECHO PRIVADO: UNA APROXIMACIÓN GENERAL Y UNA PARTICULARIZACIÓN DESDE LA ÓPTICA DE LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES
El principio de proporcionalidad, arraigado en nociones de equilibrio y razonabilidad, se enfrenta a desafíos en el plano jurídico dada su formulación equívoca. En el derecho público, por regla general se utiliza para limitar la discrecionalidad del Estado y proteger los derechos de las personas mediante un triple examen de adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Tal análisis no puede ser trasladado sin más al derecho privado, sea porque podría terminar erosionando las lógicas de la autonomía privada, sea porque las relaciones entre particulares no se pueden calificar por la magnitud de la afectación de las políticas públicas respecto a los derechos fundamentales. Al contrario, se debe realizar una ponderación valorativa de los derechos asignados a cada parte, sea que dicho ejercicio lo haga ex ante el legislador o ex post el tribunal. Por ello se propone que, salvo que exista una reconducción expresa o implícita al sentido constitucional del principio, el balance entre los derechos de los particulares debe ser observado a partir de criterios que son propios del derecho privado, como las buenas costumbres y la buena fe. Para estos efectos, también se postula que en el derecho de consumo solo se observa una particularización de estas reglas, pero ello no resta que sus fundamentos pueden ser observados en otras relaciones de derecho privado, ahí donde se constate una debilidad de una de las partes, de modo que el principio de proporcionalidad, sustentado en ideas propias de la esfera iusprivatista, también sirve como un elemento corrector.
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LA PRUEBA DE LA CAUSALIDAD ESPECÍFICA: ¿UNA BARRERA INFRANQUEABLE PARA ATRIBUIR RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS DERIVADOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO?
En este artículo argumento que, para superar con éxito la actual imposibilidad de acreditar el nexo causal entre las emisiones de gases de efecto invernadero liberadas por uno o más agentes determinados y los daños ambientales o personales cuya reparación se demande, imputables de forma inmediata a cambios climáticos específicos y, más remotamente, al calentamiento global en que la actividad de aquellos incide, no es suficiente que los tribunales ambientales y los tribunales ordinarios de justicia chilenos usen las presunciones judiciales y trasladen la carga de la prueba a esos agentes, sino que tendrían que modificar de modo radical su comprensión del fundamento y fin de la responsabilidad ambiental y civil, mediante la sustitución de la idea tradicional y determinística de causalidad, basada en la conditio sine qua non, por una noción probabilística, sustentada en la ciencia de atribución climática y en criterios normativos de causalidad, en cuya virtud los emisores sean declarados responsables por daños que con una muy alta probabilidad no produjeron, sino, a lo más, contribuyeron a causar.