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El derecho de propiedad sobre los datos
En el mundo actual, los datos son uno de los recursos más valiosos de la economía digital. Sin embargo, no existe una regulación especial para determinar quién es su dueño, ni tampoco existe claridad sobre cómo conviven los distintos derechos sobre este recurso. Por consiguiente, en este artículo, se propone un análisis jurídico que distingue a los datos de su contenido, las bases y el conocimiento extraído a partir de técnicas y disciplinas, para identificar sobre qué bienes intangibles es posible ejercer un derecho real de dominio, conforme a lo dispuesto en la Constitución y las normas de derecho privado chileno. Se demostrará que, pese a que los datos no pueden ser objeto de un derecho de propiedad en los términos del Código Civil, su contenido, bases y estudios, sí pueden ser protegidos por otros tipos de derechos reconocidos en nuestra legislación.
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DEBER DE RESGUARDO RESPECTO DE INFORMACIÓN RELEVANTE EN ETAPA PRECONTRACTUAL
El deber de entrega de información en etapa precontractual no ha presentado mayores debates en la actualidad. Sin embargo, hemos de mencionar que no se ha reparado con suficiencia ni por la doctrina o la jurisprudencia si dicha data merece algún deber de cuidado por parte del derecho común. El presente comentario de jurisprudencia tiene como objetivo el estudio de la tutela jurídica existente sobre esta entrega de información en etapa precontractual y en específico, la construcción del deber de resguardo que protege ciertos activos. Para ello analizaremos la sentencia en comento, en la que se alega la utilización de información entregada en etapa precontractual para la ejecución de un proyecto en el cual la parte que brindó dicha data no es parte, para luego caracterizar qué tipo de activos de información gozan de este especial deber según los criterios que delimita la Corte Suprema en el caso sublite.
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LA NOCIÓN DE CLÁUSULA NO NEGOCIADA Y SU IMPORTANCIA EN LA EFECTIVA APLICACIÓN DE LOS CONTROLES DE INCORPORACIÓN Y DE CONTENIDO
Se examina la noción de cláusula no negociada como una noción fundamental en la tarea de delimitar los ámbitos objetivos de aplicación de los controles de incorporación y de contenido. Se sostiene que las características definitorias de una cláusula no negociada son la contractualidad, la predisposición y la imposición. Se precisa que, si a las mencionadas características se añade la generalidad, la cláusula no negociada pertinente podrá ser calificada, además, como una condición general de la contratación. En el marco del tratamiento de las características de las cláusulas no negociadas se aclaran aspectos en que la jurisprudencia nacional se ha mostrado errática y que han incidido en una merma en la tutela del adherente. En particular, se aclara que la sola predisposición es un indicio suficiente para presumir que no ha existido posibilidad de negociación; asimismo, se aclara que la mera circunstancia de que ciertos datos sean llenados por el cliente o que este pueda elegir entre distintas cláusulas cuál es la que, en concreto, habrá de regir el contrato, no implica una transformación de la cláusula elegida en una negociada de manera individual ni mucho menos supone la transformación entera del contrato en uno libremente discutido.
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ACERCA DE LAS OBLIGACIONES QUE SURGEN DEL MATRIMONIO EN ECUADOR: ¿EN REALIDAD TIENEN FUENTE CONTRACTUAL?
Mientras que la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Gestión de la Identidad y Datos Civiles definen al matrimonio como una unión, el CC lo etiqueta como un contrato solemne. Más allá del rótulo que tanto el constituyente como el legislador optaron por asignarle, pretendemos profundizar en el análisis de su supuesta fisonomía contractual a la luz de la teoría de las obligaciones. Concluimos que, si bien el matrimonio podría encasillarse en la noción de contrato dirigido o de contenido forzoso, en realidad no es tal en cuanto la fuente de sus obligaciones no es contractual, sino exclusivamente legal. El matrimonio es un negocio jurídico que se limita a modificar el estado civil de las personas y solo como consecuencia de aquel nuevo estatus es que los cónyuges adquieren obligaciones, de fuente legal. Por último, se levanta del interrogante sobre si acaso el vínculo matrimonial se encamina hacia un régimen que permita a los contrayentes, maximizando el principio de la autonomía de la voluntad, configurar el vínculo con más libertad.